¿Y quiénes representan a Córdoba?

E L informe que publica hoy Anabel Calero en este periódico sobre las inversiones estatales en los últimos años no tiene desperdicio. Viene a refrendar lo que todo el mundo sabe y que se escenifica cada otoño de los últimos años cuando el Gobierno presenta sus Presupuestos Generales del Estado (PGE). Conclusión: esta tierra dejó de ser una prioridad para el Ejecutivo central hace ya unos cuantos años. Ya en el último ejercicio de gobierno de Rodríguez Zapatero, en 2011, se apreció una caída del gasto en tierras cordobesas por parte del PSOE, una tendencia que luego ha ido agravando el PP con la llegada de Rajoy y complementada convenientemente con el no menos abandono de la Junta de Andalucía en sus cuentas, tanto cuando gobernaba en solitario como luego en coalición con IU. El resumen es evidente: Córdoba es la gran olvidada, "lejana y sola", como escribió el poeta. Por dar unos datos, el Estado presupuestó para la provincia casi 400 millones de euros en 2007 -bien es cierto que eran los años de construcción del AVE y de la Autovía de Málaga- mientras que para este 2015 ha anotado la ridícula cantidad de poco más de 70 millones.

Hasta ahí, los hechos. Pero además, a este debate abierto esta semana por los Presupuestos del Estado se suma otra cuestión que se plantea desde aquí y que a veces parece que se olvida. ¿Quién representa a Córdoba? ¿Quién está en nombre de los cordobeses en las instituciones, en este caso en los parlamentos? Un servidor se ha hecho esa pregunta en más de una ocasión, pero adquiere mayor relevancia cuando precisamente se habla y se explican las cuentas.

Y es que nuestros diputados, senadores y parlamentarios, pese a estar elegidos por una determinada circunscripción -en este caso la provincia-, resulta que ejercen más de voceros de sus propios partidos, a los que se ve que tienen mucho que agradecer, que como representantes de un territorio cuyos habitantes, con su voto, son los que los han colocado en el sitio en el que están. Por ello, no vendría mal un poco de reflexión, de saber estar y hasta de algo más de consideración hacia el ciudadano a la hora de emitir ciertos juicios de valor en los que, seguramente sin querer, se trata con cierto menosprecio a la gente.

Los Presupuestos Generales del Estado perjudican a Córdoba, ningunean al territorio y lo maltratan, hasta el punto de ser la última provincia andaluza en inversión global y la penúltima de toda España. Eso es lo que dicen los datos y lo que cualquiera puede deducir. Y no es un problema puntual de un ejercicio, que va, es algo que se viene repitiendo sin que nadie realice la más mínima autocrítica. Fue al diputado del PP Federico Cabello de Alba al que le tocó en primer término defender lo indefendible y tratar de amortiguar el varapalo de las cuentas estatales para 2015. El montillano recurrió al viejo y poco creíble argumento de la solidaridad territorial, diciendo que en Córdoba ya hay buenas infraestructuras respecto a otras provincias y no hay proyectos pendientes. Así a vuela pluma, se me ocurre que iniciativas nuevas no hay porque nadie, ningún partido, las plantea, y pendientes quedan unas cuantas, como la Badajoz-Granada, la N-502 o la mejora de la A-4, sólo en carreteras. Al menos, Cabello de Alba tuvo el gesto de reconocer que le gustaría que las cifras en los PGE para Córdoba fueran otras y que no estuviera a la cola en las inversiones.

Mucho más vehemente estuvo la vicesecretaria general del PP cordobés y senadora, Beatriz Jurado, que aseguró que "quien diga que el Gobierno del PP no apuesta por Córdoba está faltando a la verdad absolutamente, tomándole el pelo a los ciudadanos, y cayendo en una falta de lealtad con quien está permitiendo que se mantengan y se garanticen los servicios públicos en Córdoba y Andalucía". La afirmación se descalifica por sí sola y, si ella misma se la cree, habría que empezar a preocuparse. La humildad y el reconocer errores son a veces buenos compañeros de viaje, senadora. Sí lleva razón Jurado en una cosa, cuando se pregunta "¿por qué el PSOE no pedía a sus compañeros entonces en el gobierno inversiones para Córdoba, a pesar de la bonanza económica de aquel momento?".

Viene al caso el asunto porque una de las personas que salió a criticar los PGE del PP en la filas socialistas fue la diputada Rosa Aguilar, exministra de Zapatero y que precisamente estaba en el Ejecutivo que inició ese camino de olvido para esta provincia, con lo que poco o nada creíble puede aportar con lo que ella arrastra tras su paso por el Gobierno.

En IU también hablaron de los PGE dos cordobeses, José Luis Centella -portavoz de la Izquierda Plural- y el senador José Manuel Mariscal. Mucho anuncio de enmienda a la totalidad y de exigencia de más fondos para Andalucía, pero nada en concreto de proyectos concretos para Córdoba que IU considere que se han quedado en el tintero.

El temor no es sólo que el Estado siga despreciando a Córdoba, sino que en la Junta de Andalucía las cosas tampoco van a mejor. Es lo que se desprende de lo dicho por el vicepresidente Diego Valderas en la capital hace unos días. Avanzó que el presupuesto de la Administración autonómica se centrará en Educación, Sanidad, Dependencia y Fomento porque poco margen más de actuación tienen -por supuesto la culpa siempre es del Gobierno central- y además avanzó lo que ya se temía, que este año tampoco se van a provincializar las cuentas del Gobierno andaluz. Mucho me temo que, de nuevo, Córdoba será la perjudicada. Pero mientras eso llega, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién representa a Córdoba?