La recta final del concurso

El Córdoba ya está un poquito más cerca de volver a administrarse por sí mismo -sólo falta la resolución de la sentencia en firme, que podría salir en dos semanas- después de que ayer saliera adelante en la junta de acreedores el convenio presentado por el club para hacer frente a los 4,6 millones de euros de deuda que tiene en cuanto a créditos ordinarios. Una cantidad que se verá reducida a la mitad y tendrá que ser abonada en cinco años siempre que la entidad permanezca en Segunda y que se pagará íntegra y en el plazo de una temporada en el caso de subir a Primera. Además, aún hay pendiente una deuda de 2,7 millones en créditos privilegiados con la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social que deberá ser resuelta cuando sea requerida, si bien los rectores blanquiverdes siguen negociando un pago aplazado. El resto, hasta los 8 millones de deuda de los que se habló al inicio del concurso, corresponde a los pagos ordinarios y de Hacienda correspondientes a la presente campaña.

El CCF estuvo representado por el presidente, Carlos González; el consejero delegado, Javier Jiménez; el asesor jurídico, Antonio Romero Campanero, y la consejera Trinidad García. Se veía desde el principio que todo estaba bien atado, pues hasta los dos máximos dirigentes se ausentaron mientras el juez, Fernando Caballero, pasaba lista a los acreedores. De ellos, sólo una docena se personó en la junta, a la que la entidad acudió con un pasivo ordinario de 4.560.367,58 euros, que se fue hasta los 4.631.521,26 por las adhesiones de créditos privilegiados. Sobre esta cifra se calculó el quórum, que superó ampliamente el 50% requerido por la ley (89,31%), por lo que se dio validez al acto.

El club defendió ante sus acreedores una propuesta con una quita del 50% y pago en cinco años, a razón del 20% por cada uno de ellos, con un par de casos especiales: el 25% del traspaso de un futbolista pasaría directamente a ese pago, y el ascenso a Primera obligaría a pagar la deuda íntegra en el curso de esa misma campaña. Además, el CCF presentó una opción alternativa de pago, también con el 50% de quita, en abonos o productos de merchandising.

De todos los acreedores presentes, la representante de la Agencia Tributaria fue la única que votó en contra del convenio, mientras que la Tesorería de la Seguridad Social lo hizo en blanco. Esto hizo que el convenio saliera adelante con el 74,45% de adhesiones, lo que supone 3.448.256,08 euros. A continuación, se aprobó el pago bajo la fórmula básica.

Ahora, para que el convenio sea totalmente válido y el Córdoba salga definitivamente del concurso -aunque sería bajo la supervisión del administrador Daniel Pastor, que queda como garante del proceso-, habrá que esperar a que en el plazo de diez días ninguno de los acreedores presente impugnación alguna. Una vez que haya sentencia en firme, el CCF podrá hacer y deshacer a su antojo, con el único compromiso de cumplir religiosamente con los periodos fijados para los pagos. En caso contrario, el juez se vería obligado a abrir el periodo de liquidación de la entidad.