Restricciones en la atención sanitaria a los inmigrantes

EL Ministerio de Sanidad, que ha pasado su primera prueba de fuego de la legislatura con la aplicación del copago farmacéutico de forma bastante discreta, a juzgar por los problemas de abastecimiento que han sufrido muchos ciudadanos al ir a comprar medicinas, aprovecha el presente mes de agosto, habitual para lanzar globos sonda ante la opinión pública, con el fin de dejar caer (con las posteriores matizaciones) un vago proyecto para recortar de forma drástica la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Primero, el Gobierno anunció que este colectivo, formado por miles de personas, no tendría derecho a las prestaciones sanitarias. Después, poco menos que invitó a estos inmigrantes a abandonar el país y retornar a sus lugares de origen. Y, por último, al final de la semana precisó que cuando haya que asistir de urgencia a una persona en situación migratoria irregular se reclamará el coste de dicha atención a su país de origen. Haría bien el Ejecutivo de Rajoy en dejarse de amagos y presentar un proyecto serio para solucionar este problema, cuya vertiente económica tan sólo es una parte de la cuestión. Y no siempre la más importante. Mientras Sanidad aclara realmente cuáles son sus planes, lo único cierto es que a miles de inmigrantes (los españoles volvemos ahora a serlo como resultado de la crisis económica) se les cortará el acceso al sistema sanitario público a finales de este mes. Un factor de natural preocupación al que ahora se sumará el económico, ya que el Gobierno se ha preocupado más de transmitir la idea de que va a hacer un nuevo recorte del gasto sanitario público a cualquier precio que de combinar tal decisión con un marco asistencial distinto, pero claro, expreso y con unos mínimos de calidad para todos. Parece lógico que España busque más equilibrio entre el coste y los tratamientos que reciben los extranjeros no regulados, pero cuestión diferente es inducir al miedo o dejar de prestar asistencia. Muchos inmigrantes son apátridas y es posible que los gobiernos de sus países no firmen convenios de reciprocidad. Por otra parte, el derecho a la atención médica no puede depender de criterios subjetivos, sino reglados, lo cual implica hacer una reforma equilibrada que garantice la salud general y evite que las emergencias se vean sobrecargadas con una avalancha de enfermos expulsados, sin alternativa, del sistema público español.