Otra vuelta de tuerca sobre El Cabril

NO vamos a votar una cosa que no sea la no ampliación de El Cabril". Quien así hablaba en el Parlamento de Andalucía en el mes de junio de 2006 no era el ahora senador José Manuel Mariscal -también presente en el debate-, sino el entonces parlamentario andaluz por el Partido Popular Salvador Fuentes, ahora vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba y responsable de Hacienda. El contexto: el debate reabierto en aquel momento sobre la posible ampliación del almacén nuclear de El Cabril por el desmantelamiento de la central de Zorita. José Luis Rodríguez Zapatero disfrutaba de su primera etapa como presidente del Gobierno y el PA presentaba en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía una proposición no de ley relativa al almacenamiento de residuos nucleares en la infraestructura ubicada en el término municipal de Hornachuelos.

Todos los partidos se pusieron de acuerdo en rechazar la medida. Todos, incluido el PP. Las actas de aquella sesión reproducen la férrea negativa de los populares a que el Gobierno socialista de turno autorizase una hipotética ampliación de El Cabril. "Una vez agotada la capacidad de almacenamiento, lo que procede es la clausura y cierre definitivo de las instalaciones. Ésa ha sido la posición del Consejo de Gobierno y de este Parlamento en el pasado, y confiamos en que ésa siga siendo también la posición de ambos en el futuro", reclamaba el entonces parlamentario popular. "Andalucía, como Córdoba, ha cubierto sobradamente la solidaridad con el resto de España", zanjaba Fuentes.

El jueves, un debate similar tenía lugar en el Pleno de la Diputación de Córdoba, en esta ocasión a raíz de una proposición presentada por el grupo de IU para propiciar un posicionamiento contrario de la institución provincial a la ampliación de El Cabril que ya estudia el Gobierno central, como por fin esta misma semana ha reconocido el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Pero la proposición defendida por el diputado de IU Francisco Martínez se topó con la oposición del PP.

En esta ocasión, no fue el vicepresidente primero el encargado de expresar el punto de vista del PP, sino el delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Julio Criado. "No podemos estar de acuerdo en la afirmación del cierre, y el PP no está a favor del desmantelamiento. El cementerio se ha consolidado de facto. Fue en 1986, con el PSOE en el Gobierno, cuando se puso en marcha sin abrir proceso de debate alguno. Desde entonces, no ha habido ningún problema. Las cosas bien hechos y llevadas con eficacia y seriedad no tienen por qué dar problemas", dijo el diputado, que en un momento del debate advirtió que el partido en el gobierno de la Corporación provincial estaba dispuesto a respaldar la proposición si se modificaban algunos enunciados, lo que rechazó el proponente.

"El Pleno de esta Diputación rechaza el plan de ampliación del cementerio nuclear", era la propuesta del PP, que en cambio se negaba a instar al Gobierno andaluz a "emprender todas las acciones necesarias para impedir la ampliación propuesta por el presidente de Enresa". IU rechazó incluir estos cambios en su texto por quedarse su iniciativa a medias, por lo que los diputados populares votaron finalmente en contra en un juego político difícil de entender y que poco aclara sobre su posicionamiento en torno a El Cabril, un asunto que requiere, ante todo, de seriedad por tratarse de una materia muy sensible.

Sí salió adelante, en cambio, una proposición -en esta ocasión presentada por los populares- para instar al Gobierno autonómico a repartir el dinero del impuesto medioambiental que cobra a Enresa por las instalaciones de El Cabril entre cinco municipios: Fuente Obejuna, Hornachuelos y Peñarroya-Pueblonuevo en Córdoba, y Alanís y Las Navas de la Concepción, en Sevilla. El debate derivó en una trifulca política motivada por el hecho de que en la propuesta se incluyera a Peñarroya-Pueblonuevo, cuando esta localidad no está oficialmente en el área de influencia del almacén nuclear, y por referirse también a dos localidades sevillanas, en las que la Diputación de Córdoba poco puede hacer. Las discrepancias volvieron a surgir en un tema que, cuanto menos, requiere de un debate sosegado y profundo.