¡Andalucía, sendero de la democracia!

EL pasado miércoles se aprobó para su trámite, en el Parlamento, la Proposición de Ley de Regulación de los Senderos en Andalucía, una propuesta de Podemos con la que se pretende cubrir un vacío normativo en nuestra tierra e impulsar una actividad que contribuirá al desarrollo del turismo de naturaleza y de interior. En Andalucía contamos con más de 10.000 kilómetros de senderos homologados, que son fruto de nuestra historia y fuente de nuestra cultura. Tenemos pueblos y áreas rurales que viven gracias al turismo de naturaleza, como Las Alpujarras, Grazalema o Cazorla. Tenemos un potencial inimaginable para atraer a parte de las decenas de millones de senderistas de toda España y Europa. Disfrutamos de un 37% de espacio natural de alto valor ambiental y recreativo.

La iniciativa de Podemos pretende potenciar el desarrollo del turismo de interior, con el fin de reducir los desequilibrios territoriales de Andalucía, desestacionalizar el turismo de sol y playa, mostrar a los andaluces y andaluzas el valor ambiental de nuestra Comunidad, y favorecer una sociedad con más bienestar. Y ello propone hacerlo mejorando el procedimiento de homologación de los senderos, potenciando su uso, garantizando su mantenimiento y mejorando la coordinación entre las administraciones que intervienen en su puesta en valor.

Los senderos de uso turístico y deportivo se vienen regulando desde hace años en otras comunidades autónomas de España. Hace 20 años, en 1996, ya se regularon en el País Vasco. Después fueron regulados sucesivamente en Asturias y La Rioja -en 1998-, Comunidad Valenciana -2004-, Canarias -2005-, Aragón -2011- y Navarra -2012-.

En todas esas Comunidades Autónomas, el poder ejecutivo tomó la iniciativa y acordó vía Decreto la regulación de dichas instalaciones. Gobiernos del PP y del PSOE vieron bien lo que hace unos días se tramitó en nuestro Parlamento. En el caso de Andalucía, por primera vez, ante la falta de iniciativa del ejecutivo -aun cuando este contaba con un borrador para ello desde hace nueve años-, se ha tramitado vía Ley por el Parlamento una iniciativa de regulación con la misma finalidad, cuya consideración ha sido apoyada por todos los grupos políticos , salvo por el PSOE Andaluz.

Los argumentos que utilizó el ejecutivo para su negación son tan espurios como laxos. Uno, que una Ley es una herramienta demasiado potente para regular este asunto, ignorando que es justamente esta herramienta la única de la que dispone un Parlamento en su potestad de legislar lo que no está regulado por Decreto. Otro, que el ámbito propio de la regulación de esta actividad es el desarrollo de la recién aprobada Ley del Deporte de Andalucía, ignora que el ejecutivo andaluz contaba con una Ley del Deporte desde hace casi veinte años. Finalmente, que esta Ley genera inseguridad sobre la propiedad privada, es sencillamente una falta a la verdad, porque la propuesta no articula procedimiento alguno por obligación, sino a propuesta del propio promotor -o sea, el propietario- (sea público o privado) y bajo el control y el procedimiento de la propia Administración Andaluza.

Pues bien, la admisión a trámite de esta Proposición de Ley, que no se circunscribe a una mera modificación, sino a la aprobación de un texto legislativo orientado a regular un nuevo ámbito normativo, ha suscitado un revuelo en el Parlamento andaluz como hacía tiempo que no se veía. Han pasado 20 años -desde que en 1997 se aprobase la famosa Ley de regulación de los perros guías entre personas con disfunciones visuales, presentada por el Partido Andalucista- para que un partido de la oposición consiguiera sacar adelante la admisión a trámite de una Proposición de Ley para regular un nuevo ámbito, un indicador que más que hacernos sentir orgullosos debería suscitarnos una profunda preocupación.

Que el ejercicio de la potestad legislativa sea la función del Parlamento no debería generar duda alguna después de 34 años de democracia. Que la capacidad de sacar adelante iniciativas de Ley para dar solución a nuevos problemas y atender nuevas exigencias, por parte del Parlamento, sea cual fuere el grupo político proponente, no debería representar revuelo alguno en el lugar donde reside la soberanía del pueblo andaluz; una soberanía que hoy, más que nunca, se tiñe de pluralidad política. Y, si esto ocurre a estas alturas en el Parlamento de Andalucía, es porque tenemos un grave problema de salud democrática y, por ende, de salud institucional. No en vano, nuestro Parlamento ostenta el triste título de ser la institución peor valorada por la ciudadanía andaluza, y uno de los Parlamentos autonómicos que menos legisla; en lo que va de legislatura, tan sólo se ha aprobado un Proyecto de Ley -la nueva Ley del Deporte- que incluso fue registrado por el Consejo de Gobierno durante la anterior legislatura.

Así las cosas, la admisión a trámite de la PNL de Senderos de Podemos en el Parlamento de Andalucía hace justicia con nuestra tierra, al regular de una vez lo que ya se ha regulado hace años en otras comunidades, garantizando así la utilidad de esta institución. Pero, antes bien, supone un punto de inflexión en esta Legislatura, en aras a construir senderos de democracia para que tenga lugar el tránsito de las propuestas y el diálogo entre los distintos grupos, como metáfora de lo que supone esta Ley: caminar juntos y de forma constructiva de una vez, a través de este Parlamento, y sólo, exclusivamente, por Andalucía y por sus gentes.