Lío e integridad

LA sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prohibición del toreo en Cataluña está próxima a hacerse pública. De hecho se ha adelantado por algún medio, tal vez de forma interesada y para calibrar a la opinión del respetable, que la misma es favorable para la tauromaquia, pues se constata que la comunidad autónoma catalana, a quien en su día se transfirió la competencia de gestión de la misma en la región, no tiene entidad para prohibir algo que no le compete.

Estando próxima a ser conocida la tan esperada sentencia del Constitucional, que por cierto ha tardado más de lo esperado y deseado, si ésta, como parece que puede ser, desmonta todo el circo político montado por los inquilinos de la Generalitat, movido por intereses políticos amparados a su vez por un subvencionado animalismo hueco y vacío, la fiesta de los toros jamás debió de ser abolida de aquella región de España que tanta gloria dio a la fiesta del toreo.

A la espera pues de la publicación de la sentencia definitiva, muchas preguntas son las que se hacen los aficionados. Quizá la mayoritaria es si volverán los toros a la Monumental, pues una vez mostrado que la prohibición vulnera los derechos de los españoles preceptuados en la Carta Magna, nada impediría la celebración de festejos taurinos en Barcelona, así como en otras plaza de la región. En la práctica sería viable, pero teniendo en cuenta otros fallos del tantas veces nombrado Tribunal Constitucional, en otras demostradas irregularidades, hace vislumbrar que todo no será tan fácil como parece. No hay que olvidar que la gestión para la organización de espectáculos taurinos depende de la Generalitat, que obviamente hará todo lo posible para no acatar, una vez más, poniendo todas las trabas posibles a lo dictado por el Constitucional.

Se habla, y mucho, que la fiesta necesita una adaptación al siglo XXI. Puede ser, pero con el organigrama instaurado hoy, todo se hace más difícil y complicado. La variedad de legislación sobre el toreo, prácticamente una por comunidad autónoma, hace más difícil esa adaptación que propugnan algunos. La falta de unidad es notoria y la tauromaquia corre serio peligro en aquellas comunidades de menor tradición taurina y que son regidas por políticos de corte nacionalista, que hacen del toreo algo maldito y que es aparejado, de forma interesada y sesgada, al pasado más reciente en la historia de éste país. Esto unido al movimiento en defensa de derechos de los animales, financiado y potenciado por estamentos extranjeros, hace que el toreo, a día de hoy, tenga el estigma de algo cruel, salvaje y políticamente incorrecto.

Ante todo esto hace falta unión y mostrar una fiesta repleta de integridad, así como poner en valor todos sus valores ancestrales que no hacen más que enriquecer nuestra cultura. Pero esa unión no es tangible. Existen muchos intereses que no benefician para nada una puesta en común. Sería interesante unificar criterios y crear una legislación común. El reglamento de 1962, posiblemente el más completo de los escritos, fue adaptado a los tiempos actuales en 1992. Una reglamentación ésta que se adapta a nuestro siglo, tomada como referente para la elaboración de todas sus hijas autonómicas, que no han venido nada más que para enredar y complicar algo que siempre fue unitario y único, cuya misión era legislar el segundo espectáculo de masas de este país llamado España.

¿Se imaginan que en cada comunidad autónoma de España, se jugara al fútbol con un reglamento diferente? ¿Qué ocurriría si el Polideportivo Ejido tuviera que jugar un partido de competición con la Unión Sportiva Lleida? Es obvio que el lío estaría servido. Las razones caen por su propio peso. El ejemplo muestra que hay que consensuar y poner puntos en común. La reglamentación del toreo debe de ser una, única y unitaria en todo el territorio español.

Los de las transferencias de las competencias legislativas y administrativas a las distintas comunidades autónomas no ha servido nada más que para debilitar la fiesta de forma alarmante. La adaptación a nuestros tiempos, que piden algunos veladamente de forma interesada, solo pasa por la implantación de una legislación fuerte y cuyo motivo fundamental sea una garantía para la integridad del toro, seguridad para los actuantes y defensa de los derechos del consumidor del espectáculo, que no es otro que el público, sancionando de forma contundente a todo aquel que vulnere el reglamento. Lo demás sobra y no son más que cantos de sirena, que sólo pretenden continuar estrujando algo que a la larga se les escurre por entre los dedos.