Pasado y futuro para Andalucía

DE vez en cuando, es preciso que hagamos un poco de historia sobre los avatares del pueblo andaluz por dotarse de autonomía política y jurídica. En mi ciudad, Córdoba, en 1919 se desarrolló uno de los hitos importantes de la construcción de la idea de Andalucía. En ese año se adoptó el Manifiesto Andalucista de Córdoba, que describe a Andalucía como realidad nacional, fórmula que precisamente recoge el actual Estatuto de Autonomía. Un año antes del cónclave cordobés se habían aprobado en la Asamblea de Ronda algunos de los símbolos de Andalucía: la bandera verde y blanca, y el escudo.

Unos años más tarde, en la II República se impulsó de nuevo la aspiración política de Andalucía con la constitución de las Juntas Liberalistas de Andalucía, con la decisiva participación de Blas Infante, que aprueban el himno de Andalucía y redactan un proyecto de Estatuto. Lamentablemente, la Guerra Civil y las largas y dolorosas décadas de dictadura franquista interrumpieron ese proceso para la autonomía política de Andalucía. En plena restauración democrática, la histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 en las ocho provincias andaluzas, y el referéndum del 28 de febrero de 1980, vuelven a poner a Andalucía al nivel jurídico y político de Galicia, Euskadi y Cataluña, con plena autonomía acogida al artículo 151 de la Constitución de 1978.

Hace ya dos años y medio, sin pena ni gloria, se aprobó la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El nuevo texto estatutario había sido previamente aprobado en referéndum por el pueblo andaluz, pero con una escasa participación electoral (tan sólo acudió a votar el 18 de febrero de 2007 el 36% de los convocados), y sin la unanimidad del Parlamento de Andalucía de la anterior Legislatura.

Nos encontramos, pues, en el 90º aniversario de la Asamblea de Córdoba, en la que se definió Andalucía como realidad nacional, y quizá podemos constatar un escaso entusiasmo social y político por Andalucía. Las fuerzas políticas andaluzas miran más a Madrid que a las comarcas y municipios de Andalucía. Desde esta tribuna propongo, como he hecho alguna vez en el espacio de pensamiento político andaluz Paralelo 36 Andalucía, una serie de medidas de impulso y reforzamiento democrático para nuestra tierra. Quizá la básica, que cada vez va tomando más entidad, es que el pueblo andaluz ha de ser llamado a las urnas de forma autónoma, para ejercer su soberanía de forma independiente, eligiendo a sus representantes en el Parlamento Andaluz sin ser interferido por debates políticos nacionales o europeos. En Andalucía sería muy conveniente más riqueza y variedad democrática. La ciudadanía andaluza es mucho más participativa y esto ha de reflejarse también en los espacios políticos. Para este crucial objetivo democrático, el espacio de pensamiento Paralelo 36 Andalucía está desempeñando ya un papel catalizador de pensamiento y propuesta de acción.

En nuestra tierra se han de poner en valor sus valores medio ambientales, como uno de sus elementos diferenciadores, y como uno de los contenidos esenciales y limitadores de nuestro modelo de desarrollo económico territorial. Nunca más desastres urbanísticos, no sólo en la Costa del Sol (quizá la más conocida por el caso de Marbella), sino también en el interior (en Córdoba tenemos un grave fenómeno de parcelaciones y grandes construcciones ilegales en la zona de sierra, e incluso junto a Medina Azahara que ahora se intenta controlar por la Junta de Andalucía).

Andalucía necesita una ciudadanía más formada y más consciente de nuestras propias posibilidades, más comprometida con el desarrollo democrático profundo de nuestro sistema institucional (recordemos la escasa participación electoral para el nuevo Estatuto), más exigente con el ejercicio de las altas responsabilidades de nuestros representantes parlamentarios, para que de verdad practiquemos el ejercicio democrático de manera permanente.

En la organización de competencias, Andalucía tendría que caminar hacia el desarrollo del poder local, con más competencias y recursos para nuestros ayuntamientos, y menos poder centralizado en las instituciones autonómicas. La razón es clara: es la administración más cercana al ciudadano y la que atiende en primera instancia cada vez más problemas.

Y respecto al Estado, Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada, con el 18% del total de la población del conjunto del Estado, razón objetiva para ser grande también en la definición de las grandes políticas nacionales. Ha de ejercer esta mayoría en población también en el sistema institucional. Es la Comunidad Autónoma que aporta más representantes en la conformación de la soberanía nacional. Nuestros 61 representantes en el Congreso de los Diputados debieran hablar de Andalucía con mayúsculas en Madrid, para poner nuestras necesidades y nuestras aspiraciones en la agenda del Estado. Falta nos hace.