Autonomía local fallida

ESPAÑA se ha convertido en uno de los países más descentralizados del mundo, pues si en el inicio del proceso democrático la Administración Central del Estado concentraba el 90% del gasto público, en la actualidad sólo ejecuta el 21,6%, a lo que debe sumarse el 28,8% de la Seguridad Social, siendo las beneficiarias del intenso proceso descentralizador las comunidades autónomas, que ejecutan el 36,6% del gasto público, mientras que a las corporaciones locales sólo le corresponde el 13,2%, habiendo aumentado muy escasamente su papel desde la transición, a pesar de sus amplias competencias. Este hecho y la insatisfactoria distribución competencial es lo que ha propiciado que se venga reclamando una segunda descentralización.

De acuerdo con esta preocupación, la Junta de Andalucía aprobó en el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre de 2009 los proyectos de leyes de Autonomía Local de Andalucía y de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, los proyectos de ley parecen ser iniciativas fallidas, porque ni satisfacen las pretensiones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), ni definen un marco de competencias y financiación municipales con perspectivas a largo plazo.

El proyecto de Ley de Autonomía Local reduce la tutela previa que hasta ahora ejercía la Junta sobre diversas materias y facilita la autoorganización de los ayuntamientos para gestionar su territorio y asociarse con otros entes locales, pero la FAMP reclama 29 competencias exclusivas para los municipios. Pero, aparte de este debate, y aun participando de la oportunidad de una clara delimitación de las competencias municipales exclusivas, también debe reconsiderarse si debe mantenerse la competencia municipal en algunas áreas, como la urbanística, que ha propiciado una insatisfactoria ocupación del territorio en muchos municipios costeros y áreas metropolitanas y múltiples casos de corrupción, tal vez por la excesiva "cercanía" de los responsables públicos a los ciudadanos y grupos de interés.

Además, una ley que redefine la autonomía local debe tener más proyección de futuro, por lo que es imprescindible que se revise el papel de unas instituciones, como las diputaciones provinciales, con irregular encaje en la España de las autonomías, bastante opacas, altamente politizadas y con elevados costes de funcionamiento. Como también debe abordarse la gobernabilidad de la áreas metropolitanas a las que se resisten los intereses de los regidores municipales.

Por tanto, lo deseable es que se defina un marco razonable de competencias exclusivas de cada una de las administraciones territoriales con suficiente perspectiva a partir de nuestra experiencia y otros referentes internacionales, y para ello la óptica que debe primar no es cómo se reparte el poder, sino cómo se distribuyen las competencias administrativas para que la calidad y la eficiencia de los servicios públicos sean las más elevadas posible.

En cuanto al proyecto de Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, se crea un fondo autonómico que comenzará a aplicarse en 2011, con un techo de 600 millones para 2014, ante lo que la FAMP demanda su aplicación inmediata y que su evolución no se vincule a una cesta de tributos, sino a todos los tributos de la comunidad. Pues bien, en la insuficiencia financiera de las corporaciones locales deben distinguirse los problemas a corto plazo (se estima en torno a 6.000 millones de euros la deuda de los ayuntamientos andaluces) de los que tienen un carácter estructural, pues las restricciones financieras municipales vienen determinada en parte por las insuficiencias del modelo de financiación, pero en otros casos la razón hay que encontrarla en los excesos de estructura alcanzados en unos años de ingresos extraordinarios vinculados al urbanismo y la construcción (mientras en España hay un empleado público en las administraciones locales por cada 74 habitantes, en Andalucía hay uno por cada 63). Adicionalmente, debe llamarse la atención de la oportunidad de mejorar la corresponsabilidad fiscal municipal aumentando los impuestos y tasas municipales, pues lo más sano políticamente es que en una institución coincidan la responsabilidad del gasto y de los ingresos, para que los ciudadanos tengan mayor conciencia del esfuerzo que les cuesta los servicios públicos que recibe.

En consecuencia, e independientemente del rifirrafe político que los proyectos de ley hayan podido generar con la FAMP, unas iniciativas legislativas que tratan de ordenar las competencias y la financiación de las corporaciones locales deben hacerse con una perspectiva de estabilidad a largo plazo y no como una respuesta a problemas coyunturales.