Ciudadanía, Política y Democracia

EN el mes de febrero, según último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado el pasado 12 de marzo, el tercer principal problema para la sociedad española son los políticos (para un 16,8% de los españoles), tan sólo detrás del paro (81,8%) y la situación económica (47,8%), superando a otras graves problemáticas como el terrorismo o la vivienda. Es grave que los que tienen como principal responsabilidad la propuesta y gestión de soluciones a los problemas ciudadanos sean a los que la propia sociedad sitúa ya como uno de los principales problemas: los políticos. Claro que, dados los escándalos de toda naturaleza que se han sucedido en todo el territorio nacional o la grave falta de acuerdos para salir de la crisis, que ha obligado al jefe del Estado a ejercer su papel constitucional de moderador pidiendo cordura y corresponsabilidad en este tema a la clase política, no es extraño el mencionado dato estadístico.

Pero esta grave situación de la vida política en España no nos deber llevar a la atonía democrática. Más bien todo lo contrario; debemos activar los contenidos del artículo 23 de nuestra Constitución, que consagra al más alto nivel jurídico el derecho a la participación política de la ciudadanía. Quizá seamos los propios ciudadanos los que tenemos en este momento crítico la responsabilidad de impulsar la democracia, de fortalecer los contenidos y objetivos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna nuestra actual Constitución.

Si los políticos no son capaces de acordar y abordar los grandes objetivos y contenidos de las graves problemáticas sociales, tendremos que ser los ciudadanos los llamados a restablecer los valores éticos y sociales en la vida política. No esperemos a las próximas elecciones, ejerzamos cada día nuestra responsabilidad individual a favor de la democracia, pues no abundan precisamente los índices de calidad democrática real y efectiva.

Quizá sería la hora empezar a proponer medidas políticas, constitucionales y legales para reforzar la calidad de nuestra democracia, para hacerla más real y efectiva, con el objetivo de caminar hacia una mayor calidad democrática. Desde esta tribuna pretendo exponer someramente algunas de ellas, como la implantación de un sistema de listas abiertas en todas las convocatorias electorales para que los 'aparatos' de los partidos no nos impongan a nuestros futuros representantes, o reforzar las medidas legales contra el transfuguismo político, ampliando los supuestos que integran ese concepto. Este problema provoca en el ciudadano la sensación de que los políticos sólo van a mantener el poder, con independencia del partido en que estén en cada momento.

También sería muy conveniente incrementar las consultas en referéndum sobre temas importantes, en todos los niveles territoriales del Estado (Administración General, Autonomías y Municipios), y la limitación a dos de los mandatos políticos representativos con el objetivo de la regeneración democrática de los actores de la vida pública.

Asunto especialmente transcendente sería una reforma constitucional y legal del sistema electoral para evitar las graves injusticias del actual: si la soberanía nacional es única, que también lo sea la circunscripción electoral, estableciendo un reparto proporcional puro de los escaños en función de los votos recibidos, así como medidas de austeridad para los emolumentos que actualmente perciben diputados, senadores, o parlamentarios autonómicos, llegando incluso a la reducción del número de esos representantes. No considero necesarios 350 diputados y 263 senadores para representar a la soberanía nacional, cuando al final votan los que les indican sus 'jefes', en muchos casos sin conexión alguna con el elector durante los cuatro años del mandato.

Por último, pero no por ello menos importante, otra iniciativa para hacer más efectiva la democracia española sería incrementar los poderes de los ayuntamientos, como entidad democrática base, más cercana al ciudadano, y por tanto más susceptible de control y de implementación de cauces para el ejercicio directo de la democracia.