Los empleados que denuncian acoso sufren dolencias físicas y psíquicas

La mayoría de los trabajadores -34 de 35- adscritos a la empresa pública Servimán mediante decretos el pasado verano y que han denunciado una presunto caso de acoso laboral hicieron llegar al alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), un escrito en el que afirman padecer dolencias físicas y psíquicas como consecuencia de esa situación. El concejal delegado de Servimán, Miguel Villa (IU), ya señaló que son unas acusaciones "muy graves" que han provocado que el comité de empresa solicitara al propio Villa que se entrevistara con estos trabajadores "para comprobar si son verídicas las acusaciones y, si es así, se actúe en consecuencia o si por el contrario, han acusado faltamente, se tomen las medidas oportunas contra los firmantes del documento".

En la carta remitida al alcalde, estos trabajadores afirman "sufrir trastornos y molestias desde el primer día de la adscripción", manifiestan sentirse "prisioneros indefensos" al haber pasado de ser "personal cualificado a mera mano de obra"; algunos sostienen que se les ha anulado "automática y sistemáticamente desde su llegada", habiéndose sentido "cuestionados", "mellando nuestro estado de ánimo y autoestima".

Según se desprende del documento, al que ha tenido acceso El Día, estos empleados municipales indican que todas esas situaciones descritas les provocan "intranquilidad laboral, estrés, tensión continua tanto en su trabajo como a su término, problemas digestivos, malestar estomacal, trastornos del sueño, no descansando lo suficiente". Además, afirman sentirse "todo el día fatigados, ganas de aislamiento, de estar solos en el trabajo y después, algo que afecta a la convivencia familiar, haciéndola más inestable". Los firmantes manifiestan "falta de motivación y encontrarse degradados, desubicados y cuestionados". Por todo ello, estos 34 trabajadores solicitan "que se declaren nulos los decretos de adscripción funcional".

Tras tomar las primeras medidas, contratar a un profesional de la salud para que realizara un estudio psicológico a estas personas "aunque se trata de un estudio voluntario del que aún no tenemos los resultados porque se sigue haciendo", Miguel Villa ha anunciado que "voy a constituir una comisión de investigación para esclarecer los hechos". El edil de IU adelantó que dicha comisión "posiblemente" esté compuesta por el concejal de Personal, José Cantizani (PSOE), por el secretario o algún otro funcionario que de fe y por el propio Villa, quien reiteró que "las acusaciones son muy graves y vamos a llegar al final del asunto". El concejal pretende conocer "qué, quiénes, y cuándo ocurrieron" los hechos que se denuncian "con el fin de tomar las medidas que al respecto determine la Ley" y si en el transcurso de la investigación se determina que las acusaciones son falsas "exigiremos a esos trabajadores que se retracten y, del mismo modo, se tomarán las medidas que procedan".

No es la primera vez que los trabajadores municipales que el pasado verano fueron adscritos a Servimán tratan de presionar de una u otra forma al equipo de gobierno con el fin de que retiren las adscripciones, algo que tanto el alcalde como Villa han manifestado que no van a hacer. De hecho, el regidor manifestó en el último Pleno que si finalmente la Justicia da la razón a estos trabajadores y hay que dar marcha atrás "pediré disculpas y se retirarán los decretos, pero no antes, porque considero que ésta es la mejor opción".