El Gobierno sancionará la marcha fascista y el PSOE exige mayor castigo

La polémica está servida. Ayer, el subdelegado del Gobierno en Córdoba , Juan José Primo Jurado, anunció que se le abrirá expediente, "que podrá derivar en una sanción administrativa", a los organizadores y participantes en la marcha automovilística por las calles de Lucena que celebraba el pasado sábado el alzamiento de las tropas de Franco -hecho que ocurrió el 18 de julio de 1936-. Primo Jurado insistió en que ese expediente sancionador será "por no haber sido comunicada, porque no contaba con autorización para su desarrollo". En la manifestación motorizada participó una treintena de personas exhibiendo banderas anticonstitucionales.

Primo Jurado puntualizó que tras la identificación por la Policía Nacional de los participantes "la marcha será sancionada, como todas las manifestaciones que no son comunicadas; el comisario provincial ya ha dado orden de que se haga el informe correspondiente, con la identificación de esas personas, para que se les aplique la sanción que corresponda", matizó.

La respuesta a esas palabras no se hizo esperar por parte del PSOE. El diputado socialista Antonio Hurtado mostró su indignación y malestar con esas declaraciones del subdelegado "que ha tratado la manifestación fascista del pasado sábado en Lucena como un mero problema administrativo de falta de autorización". Hurtado exigió que se trate con "contundencia y caiga con fuerza la ley sobre los organizadores de esta manifestación". Para Hurtado, se trata de una manifestación ilegal, "que no puede ser jamás autorizada en nuestro Estado Democrático, porque lo que hace es celebrar el Fascismo y el golpe de estado sobre la II República Española".

El diputado socialista por Córdoba en el Congreso insistió en que no es una carencia administrativa la cuestión a resaltar, sino un acto ilegal que jamás pudiese tener cobertura de autorización administrativa. Para Hurtado, Primo Jurado equipara esta manifestación con las que sin autorización podrían haber hecho los preferentista, los desahuciados o los que defienden la sanidad pública, "un grave error del subdelegado del Gobierno en Córdoba", manifestó. Finalmente, el diputado pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que aborde" con rigor y contundencia" esta manifestación ilegal celebrada en Lucena, "para que jamás se vuelva a producir en ningún otro lugar, sirviendo la respuesta del Gobierno de auténtica lección".

Ayer también, tras la convocatoria de una reunión urgente a la que asistieron mandos de la Policía Nacional y municipal, el Ayuntamiento de Lucena pidió a la Subdelegación del Gobierno información sobre si la marcha tenía autorización o no. "Es un acto de enaltenación de un golpe de estado y la Ley de la Memoria Histórica prohibe algo así", resaltó el responsable de Seguridad Ciudadana del Consistorio lucentino, Francisco Adame.

"Ahora nos sentaremos con el secretario del Ayuntamiento y con nuestros técnicos para ver, dentro de la ley, qué sanciones podemos ponerles a los participantes", entre otras, por violar la ordenanza de megafonía. El responsable de Seguridad ya insistió a El Día en que "vamos a ser muy contundentes" contra los promotores de esta manifestación, a la par que apuntó que "son muchos los vecinos que nos han llamado indignados con lo ocurrido y el movimiento de repulsa ante este tipo de actos es claro por parte de la sociedad lucentina". El Ayuntamiento celebra hoy un Pleno ordinario en el que no se descarta que los grupos puedan aprobar una moción conjunta de condena de la marcha. Máxime cuando uno de los grupos que más ha alzado la voz contra la marcha ha sido IU, cuyo portavoz municipal, Miguel Villa, colgó el vídeo del paseo de los coches por las calles de la ciudad en Youtube y Facebook y pidió la aplicación de la Ley de Memoria Histórica para una manifestación que el edil entiende que es totalmente "injusta e ilegal".