Cuando la seguridad es precaria

EL cierre temporal de la Jefatura de la Policía Local de Baena por primera vez en décadas por falta de efectivos es sólo un ejemplo más de la precaria situación que las zonas rurales presentan en materia de seguridad. A las escasas patrullas de la Guardia Civil, con acuartelamientos precarios y limitadísimos medios, se unen plantillas de Policía Local en muchas ocasiones insuficientes y no pocas veces mal consideradas, como si los ayuntamientos optaran por ofrecer un servicio más estético que práctico.

La seguridad es una materia sensible que requiere de un análisis alejado de sensacionalismos, sin caer en alertas innecesarias o en trifulcas partidistas. Y, al mismo tiempo, es una materia lo suficientemente importante como para que sea abordada de una vez por todas con seriedad y rigor.

En el caso de Baena, resulta intolerable que, como advierte el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), la plantilla actual sea la más baja de su historia ya que en cuestión de seis años se ha perdido un tercio de los puestos. Son en la actualidad 23 agentes, de los que la mitad superan los 52 años, seis de ellos los 60, mientras que dos están en segunda actividad, otro está destinado en la pedanía de Albendín y otro se encuentra en la escuela de Seguridad Pública de Andalucía realizando el curso de ingreso. Las últimas dos incorporaciones fueron en el año 2008.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los agentes ha sido la vulneración del servicio mínimo de tres agentes por turno que está vigente en el convenio colectivo, pues la consecuencia es la organización de rondas de dos policías y el obligado cierre de la Jefatura por primera vez en décadas. Y no se puede pasar por alto el carácter disuasorio para la pequeña delincuencia, la habitual en las zonas rurales de la provincia, de la mera presencia de uniformes en la calle.

Baena se une así a la nómina de Montilla o Pozoblanco, municipios donde los agentes no han recibido el mejor trato posible por parte de sus ayuntamientos. En el caso de la localidad de Los Pedroches, han tenido que pasar seis años para que el actual equipo de gobierno (En Positivo y el PP) zanjara en diciembre el conflicto de seis años con el funcionariado mediante la firma de un convenio laboral que ponía fin a una situación sin regular que dejó por el camino un innumerable catálogo de protestas. El Consistorio pozoalbense, además, tiene previsto convocar cuatro plazas nuevas, que se incorporarán en los próximos meses después de seguir el proceso administrativo oportuno y el de oposición libre.

Y en Montilla se vive una situación similar a la de Baena. Aquí, la Unión Sindical de Policía Local (Usplm) denunció en noviembre "todo un elenco de irregularidades" en materia laboral, con un incumplimiento "de manera continua y sistemática" del decreto de Alcaldía que, entre otros asuntos, regula la confección de los cuadrantes de servicio. Según los agentes, esto impide que los funcionarios "puedan conciliar su vida laboral con la profesional, lo que en última instancia repercute seriamente en el servicio policial prestado". La plantilla está integrada por 32 uniformados.

Más casos. El pasado agosto, el sindicato de enfermería Satse denunció el déficit de seguridad en Moriles después de que un joven tuviera que ser sedado para que depusiera su actitud violenta en plena vía pública. Ni la Guardia Civil ni la Policía Local atendieron las llamadas reiteradas desde el consultorio para intervenir en el caso, denunció entonces el sidicato de enfermería. Y el pasado diciembre, en Montalbán, la fatalidad y la precariedad se confabularon en el episodio del guardia civil que fue herido de un disparo a bocajarro por un individuo que luego se atrincheró en su casa; el agente no llevaba chaleco antibalas. Son ejemplos que deben llevar a tomar mucho más en serio las políticas de seguridad.