La complicada madeja que enreda a Baena

¿Qué está pasando en Baena? Es la pregunta que muchos se hacen después de días y días en los que la ciudad por excelencia del aceite de oliva ocupa amplios titulares en los medios de comunicación. La respuesta más directa sería decir que el Juzgado investiga una serie de denuncias sobre posibles irregularidades urbanísticas, que a raíz de ello se han abierto dos piezas separadas -una por la emisión de facturas falsas y otra por uso indebido de información privilegiada- y que hay imputadas nueve personas: tres militantes del PSOE (un concejal y dos ex ediles) y la jefa de Urbanismo, dos funcionarios municipales, dos empresarios (uno de ellos fue el denunciante) y el presidente de una sociedad de cazadores.

Pero no es tan sencillo. Círculos de poder, relaciones personales y profesionales, cargos públicos o que lo fueron, vínculos familiares o de amistad conforman una madeja muy compleja que, según la óptica desde la que se mire, es más propia de una guión cinematográfico o de televisión que de la realidad.

¿Quién denuncia? En junio de 2007, el promotor Carlos Arenas, María Jesús Muñoz y Manuel Luque presentan una veintena de denuncias por la comisión de delitos contra la ordenación del territorio. Arenas ha señalado en reiteradas ocasiones que recibió un trato desigual del Ayuntamiento al ser el único denunciado por construir en suelo rústico de forma irregular y que ése es el motivo de sus quejas. Los otros dos denunciantes son la esposa del propio Arenas (María Jesús Muñoz) y un antiguo vigilante rural de obras (Luque Urbano), quien fue despedido en junio de 2003 por el alcalde Luis Moreno "por ir en contra de los intereses de éste en el desempeño de su cometido", dice en las diligencias.

Carlos Arenas fue alcalde de Baena entre 1979 y 1983 por el Partido de los Trabajadores de Andalucía (PTA) y concejal en varios mandatos municipales por otras formaciones de izquierdas o independientes. Su esposa, María Jesús Muñoz, ha sido funcionaria del Consistorio baenense hasta 2007, cuando se presentó y salió elegida como concejala de IU en la Corporación. En sus años en el Ayuntamiento tuvo responsabilidades en el Área de Urbanismo y en la de Contratación, hasta que fue destinada a otras áreas municipales, según afirma, por sus desencuentros con el alcalde.

Los políticos más veteranos de la ciudad recuerdan que Arenas y Moreno han mantenido "una relación cordial" durante muchos años, hasta que comenzó su distanciamiento. Hay quien defiende que se produjo por discrepancias personales y otros que a raíz del movimiento de padres de alumnos del instituto de Secundaria del municipio -encabezado por Arenas- que se opuso al traslado del centro de enseñanza a las afueras y a que se vendiera la actual ubicación para vivienda, un gesto que no gustó a Luis Moreno.

Las relaciones se fueron deteriorando hasta el punto de que las denuncias de la Administración dirigida por Luis Moreno contra Arenas por construir en suelo irregular, las paralizaciones de obra y posteriores sentencias enconaron aún más el enfrentamiento. Así, mientras el ex alcalde afirma que es una víctima de Moreno, el también senador argumenta la existencia de tramas políticas contra su persona en la que podría estar detrás el propio Arenas o el ex coordinador regional de IU, Luis Carlos Rejón, cuya relación con el PSOE de Baena nunca fue buena. De hecho, Moreno pidió hace unos días que compareciera ante el juez, pero éste desestimó la petición.

Independientemente de las acusaciones entre ambos, las denuncias urbanísticas han desembocado en varias imputaciones, la del actual concejal del PSOE José Calvo y los ex ediles socialistas Vicente Mejías y Cristóbal Tarifa, además de la jefa de Urbanismo del Ayuntamiento, quienes insisten en que no han cometido ninguna irregularidad. El guión comienza a complicarse un poco más cuando de la causa judicial surge una pieza separada que investiga un presunta trama dedicada a emitir facturas falsas desde el Ayuntamiento a empresas que posteriormente abonan el coste de las mismas -a excepción del IVA- a dos funcionarios: Juan Díaz y Rafael Santano. La escuchas realizadas por la Policía Judicial parecen indicar que ambos destinaban el dinero a distintas diversiones, entre otras cosas. Pero, ¿quienes son ambos?

Santano es técnico de deportes del Consistorio, que llegó al entorno del alcalde después de que la secretaria del primer edil dejara libre su puesto de trabajo. Aunque Luis Moreno ha negado que fuera su secretario particular, Santano se ha presentado en numerosas ocasiones como jefe de Comunicación del Consistorio, responsable de Protocolo y máximo colaborador del regidor. Estuvo tres años en el puesto, hasta que su presunta relación con el caso de las factura falsas le hizo volver a su antiguo empleo de técnico deportivo.

Su posible colaborador -Juan Díaz- comenzó como guarda municipal en un parque, después llegó a ser conserje y, finalmente, auxiliar administrativo en el Consistorio, desde donde los investigadores creen que realizó la gestiones para las facturas falsas.

La denuncia de este caso partió de un empresario de la ciudad, Jesús Gómez, quien dijo haber girado al Ayuntamiento facturas por trabajos no realizados y que, una vez cobrados, daba el dinero a los dos funcionarios imputados. Gómez fue también imputado por el juez, si bien a los tres meses de presentar la denuncia se retractó y negó los hechos diciendo que todo era falso. Según el entorno del empresario, fue una de las trabajadoras de su firma el que le animó a denunciar, concretamente una mujer que está casada con el cabo de la Guardia Civil Pablo Muñoz, quien a su vez es hermano de María Jesús Muñoz y cuñado de Carlos Arenas.

Aquí está una de las grandes polémicas de este enredo, puesto que mientras que el agente Pablo Muñoz asegura que él no intervino en la investigación más que para informar a la Policía Judicial de lo que ocurría, la familia del empresario señala que denunció inducido por su secretaria y el entorno de Luis Carlos Rejón. Así lo atestigua en una carta José Gómez, hermano del empresario denunciante, quien a su vez es el gerente de la sociedad municipal de vivienda de Baena Promude.

El nombre de esta empresa municipal aparece también en las escuchas practicadas a los dos funcionarios, ya que Juan Díaz habla sobre Promude con una cuñado suyo que a su vez es constructor, José Mesa. Éste último, como ya avanzó El Día, logró un contrato con la promotora municipal para ejecutar una promoción en la calle Arco Oscuro de Baena, una adjudicación que fue denunciada por María Jesús Muñoz (IU), pero que el Ayuntamiento defiende, con informes en la mano, que se ajustó a la legalidad.

A todo ello se añade que el juez que instruye el caso ha negado al Consistorio en dos ocasiones su personación en el asunto de las facturas. Para ello se base en un informe del fiscal en el que se destaca que el Ayuntamiento no es parte perjudicada en la causa a tenor de los propios informes municipales aportados Desde el PSOE se considera esta decisión un gran avance, mientras que los denunciantes insisten en que nada ha cambiado. La declaración en los próximos días del empresario denunciante, del letrado que le asistió en un principio, de su ex secretaria, del cabo de la Guardia Civil casado con la ex secretaria y hermano de María Jesús Muñoz, del hermano del empresario y gerente de Promude y de los agentes que lo interrogaron puede arrojar un poco de luz.

La compleja madeja de Baena no deja de enredarse, acentuando aún más si cabe el enfrentamiento entre todos los implicados en este caso: alcaldes, ex alcaldes, funcionarios, políticos, empresarios y familias. En lo único en que coinciden es que todos confían en una resolución judicial favorable que ponga a cada uno en su sitio, una decisión que dependerá de lo que marque la instrucción del juez, que parece que está próxima a cerrarse según los imputados y mucho más lejana de lo que se cree, según los denunciantes. Mientras, el clima social de Baena no es el más adecuado, pero por ahora tampoco existe un riesgo de fractura grave.

Moreno y su entorno repiten su argumento de que existe una trama política para desprestigiar al alcalde, una trama muy próxima a IU. Mientras, desde la coalición de izquierdas se ha censurado duramente las actuaciones del regidor, del que critican su victimismo.

Los populares también han entrado en la polémica y llevarán el caso hasta el Congreso de los Diputados por las críticas del senador a varios agentes de la Guardia Civil. A los dos partidos de la oposición (IU y PP) les cuesta creer que Moreno no estuviera al tanto de las posibles irregularidades. Mientras, la madeja de Baena sigue creciendo, enredándose más y más.