La Confederación del Guadiana alerta del "alto riesgo" del pantano al entorno

La polémica que gira en torno a la ilegalidad del pantano de Santa María crece a medida que pasan los días. Si anteayer fue el primer teniente de alcalde, Emiliano Pozuelo (PA), quien salió a la luz pública para apuntar que las irregularidades del pantano le podrían costar una multa de cerca de cuatro millones de euros a la institución local de Pozoblanco, ayer fue el propio alcalde, Baldomero García (PP), quien informó de los peligros que entraña la infraestructura en el entorno. El regidor señaló a El Día que uno de los documentos remitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana detalla que el pantano cuenta con el nivel A, un grupo en el que figuran aquéllos que podrían entrañar un "alto riesgo" de inundaciones al entorno si tuviera que desembalsar gran cantidad de agua. Según explicó el alcalde, este nivel de gravedad es tal que "podría llegar a poner en peligro hasta la vida de personas", en concreto las que viven más próximas a este enclave.

El Consistorio deberá vaciar el embalse -que se encuentra prácticamente lleno gracias a las lluvias caídas durante el pasado invierno- en un plazo máximo de diez días tal y como exige la Confederación del Guadiana. García asumió que esta intervención es ineludible, pero concretó que hará todo lo posible para no desaguarlo en su totalidad. "Trataremos de que, al menos se quede a la mitad, pero no sólo para mantener el agua que se ha recogido en todos estos meses, sino por las especies animales que hay, como es el caso de las carpas". Para alcanzar este objetivo, el alcalde se mostró confiado en el éxito de las reuniones con los representantes del Ministerio de Medio Ambiente -la primera de ellas se produjo durante la tarde del martes-.

Parece claro que el futuro más inmediato del embalse de Santa María es la prioridad del Gobierno municipal en Pozoblanco. Sin embargo, García puntualizó que tampoco hay que olvidarse de las sanciones económicas impuestas al Ayuntamiento por este mismo asunto, 3,4 millones por los daños causados desde su construcción a principios de la década de los 90 y hasta 600.000 por funcionar todos estos años de forma irregular -carece de informe de impacto ambiental y los pertinentes permisos de la Confederación, entre otras carencias-. "Vamos a tratar de reducir la sanción lo que se pueda". El asunto ha generado, en cualquier caso, nuevos enfrentamientos entre los grupos que están al frente del Gobierno municipal, el PP y el PA, y el PSOE. Los primeros consideran que los efectos negativos que puede acarrear el embalse son una "herencia" que les dejaron los socialistas durante uno de los mandatos del ex alcalde y hoy delegado provincial de Empleo, Antonio Fernández. La oposición, sin embargo, entiende que todo esto es una "estrategia política" montada por el PP para "desviar la atención del caso de la alineación". A este respecto, el portavoz del PSOE, Serafín Pedraza, declaró que "se trata de una táctica propia de las personas que carecen de argumentos". Pero tanto él como ex alcalde hoy concejal del grupo mixto, Benito García, señalaron que no ocupaban ningún cargo en el Ayuntamiento cuando se hizo el embalse.