El Defensor andaluz alerta de la "brecha salarial" entre docentes

En 2003, los sindicatos CCOO, CSIF y UGT y la Consejería de Educación y Ciencia acordaron reconocer la labor de los docentes e investigadores (PDI) de las universidades andaluzas con unos complementos autonómicos a los que podían optar los mejores currículos. Para conseguir esta retribución, se exigía el visto bueno de una comisión andaluza creada para tal cometido. En 2008 se realizó la última convocatoria y, desde entonces, no se han vuelto a convocar. Esta situación ha motivado la queja de todas las defensorías de las universidades públicas de Andalucía, que remitieron su reclamación al Defensor del Pueblo Andaluz.

La oficina de Jesús Maeztu ahonda en que esta situación se une a la reducción del 5% a las retribuciones dependientes de la Junta -no a las del Estado- lo que supone, según el defensor, la "existencia" de una "desigualdad manifiesta" entre lo que cobran unos profesores universitarios y otros. Unos pudieron optar a las retribuciones aprobadas en las convocatorias desde 2003 a 2008, mientras otros vieron recortado su sueldo en un 5%, ya que percibían retribuciones autonómicas. "Ambas situaciones han propiciado una brecha salarial importante", señala el informe de la Defensoría de Jesús Maeztu, en respuesta a la queja planteada desde las universidades. En este sentido, la argumentación del Defensor incide en que esta brecha no tiene que ver con los méritos, "sino que obedece sólo a razones temporales", es decir, según la fecha en la que el docente o investigador obtuvo la plaza, o cuándo consiguió los méritos necesarios para optar a estas retribuciones autonómicas.

Ante la demanda de información por parte de la Defensoría andaluza, la Secretaría General de Universidades respondió -con "alguna demora", señala el texto de Maeztu- que las limitaciones en el gasto público y la imposibilidad de incrementar los sueldos a causa de las leyes de presupuestos desde 2010 "han impedido" llevar a cabo nuevas convocatorias para fomentar e incentivar la actividad docente. La respuesta concluye que "en cuanto la situación económica lo permita" se volverán a "restaurar los derechos económicos de los empleados", pero supedita esta recuperación al Parlamento andaluz y, finalmente, a la legislación estatal.

El acuerdo que permanece congelado desde 2008 fue aprobado por Consejo de Gobierno de la Junta en diciembre de 2003. El fin, según recoge el Defensor del Pueblo Andaluz, era "fomentar e incentivar la actividad docente, investigadora y de gestión" del personal de las Universidades andaluzas. La evaluación de los méritos era realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, para lo que se creó la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos, según se recoge en la orden publicada en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que regula el procedimiento para estos incentivos.