Los trileros

Cualquier sistema político que se califique como democrático mantiene la separación entre los diferentes poderes del Estado. Cuando uno de ellos trata de interferir en los otros, la democracia se resiente y los ciudadanos parecen mostrarse inermes ante esa invasión. En España no siempre se cumple ese dogma de separación de poderes. En ocasiones, tenemos la sensación de que el Ejecutivo abarca más competencias de las que tiene atribuidas constitucionalmente inmiscuyéndose descarada o subrepticiamente en el Poder Legislativo o en el Judicial. Por ejemplo, los andaluces recuerdan muy bien como algunos miembros del Poder Judicial andaluz se hacían visibles cuando la Junta de Andalucía o el Gobierno de España convocaban elecciones autonómicas, generales o locales. Ocurría un fenómeno parecido al del perro de Paulov: bastaba la convocatoria electoral para que a determinada jueza instructora se le abriera el apetito judicial, ordenando detenciones o dictando autos comprometedores para el partido gobernante. Una situación parecida sufrió el Gobierno socialista de Felipe González cuando un juez instructor se empeñaba en dictar autos relacionados con el caso Filesa al acercarse algún acontecimiento de carácter electoral. Al PP se le amontonan los procedimientos judiciales cuando el ambiente rezuma procesos electorales.

En otras ocasiones, las cosas se conducen de manera diferente. No es el Ejecutivo el que excita el celo del Poder Judicial, sino que es este último el que va marcando los tiempos para que algún gobierno aproveche esa iniciativa para esconderse detrás de instrucciones, autos y juicios, de tal manera que los ciudadanos, cual tontos a los que se nos señalaba la luna con un dedo, nos quedemos mirando al dedo y no al satélite. No se sabían las razones por las que los impulsores del independentismo catalán han hecho tantos quiebros, tantas etapas y tantas paradas en un proceso que debería haberse desarrollado con cierta lógica temporal. Como el Guadiana, el independentismo aparecía y desaparecía sin que se supieran las razones del apagado y del encendido. De pronto, silencio, para, tiempo después, explosión. Y, de nuevo, silencio.

Ahora, con las desvergonzadas declaraciones de los responsables del Palau barcelonés en el juicio que se sigue por la financiación ilegal del partido que creó Jordi Pujol o con los escritos de la "Madre Superiora de la congregación", comenzamos a conocer ciertas cosas que, por lo visto y oído, todo el mundo sabía, pero, como se enseña en las buenas familias, los trapos sucios se quedaban de la puerta de casa para adentro. El tiempo, y los jueces y fiscales se encargarán de adentrarse hasta el patio o hasta la sala de estar. Parece que la acusación que hizo el presidente Maragall cuando les recordó el famoso 3% no era infundada a pesar de que retiró la misma sin que todavía sepamos por qué. En esta ocasión, lo que queda de Convergencia y Unión no solamente ha cambiado de color -perdón, de nombre- sino que ha echado un chorro de tinta negra para que sus vergüenzas queden ocultas detrás del cacareado independentismo. Ahora que la Justicia se ha puesto en su sitio y los afectados por el escándalo, y Millet y Montull y Prenafeta han señalado directamente a sus protectores de antaño, los camaleones han acelerado el proceso de independencia y la Mesa del Parlamento catalán aprobó por cuatro votos a tres iniciar la reforma del reglamento de la cámara que permitirá que se apruebe una ley para la ruptura con España en un trámite de urgencia y sin debate. La idea es que el presidente de la Generalitat firme el decreto de convocatoria de la votación el mismo día que el Parlamento dé luz verde a la norma. A más requisitoria de la Justicia, más madera en la caldera independentista. De esa forma se reparte el tiempo informativo y se distrae la atención del personal. Y mientras los grupos de la oposición y los medios de comunicación preguntan y discuten sobre qué hacer con la secesión, ellos pueden ir capeando el temporal que se les ha venido encima, agrandando la imagen victimista que ya explotaron con tanto éxito cuando el asunto de la Banca Catalana.

Echar tinta es una buena táctica que permite la evasión y el escondite. El último chorro será el próximo día 22 en el Ayuntamiento de Madrid, amparados por una jueza en funciones de alcaldesa, con ultimátum de Puigdemont. Los españoles sabemos que en esta ocasión no nos la van a dar con queso. Los trileros ya no nos van a distraer mareando la bolita para que no sepamos debajo de qué cubilete se esconde. Durante mucho tiempo hicieron creer que los incautos, los vagos y los ignorantes estaban al suroeste del Ebro. A la vista del truco, ¿seguirá pensando lo mismo el porcentaje de independentistas que creen que la cosa va en serio?