Andalucía celebra los 40 años del día en que dibujó el mapa de España

Andalucía celebra este viernes el 40 aniversario del referéndum de autonomía del 28 de febrero de 1980, un resultado en las urnas que no sólo condicionó a la comunidad, dotándola de autogobierno, sino al resto de España, ya que abrió las puertas para que todo el país se descentralizase de modo efectivo. La Constitución no negaba a Andalucía esta posibilidad, pero el Gobierno de Adolfo Suárez quiso bloquearle el acceso una vez que Cataluña y el País Vasco ya lo habían conseguido con una disposición especial para las llamadas nacionalidades históricas.

La celebración del Día de Andalucía viene marcada por el giro andalucista del Gobierno de Juanma Moreno, que hoy entrega las medallas de la comunidad en un acto donde se homenajea a un ex presidente socialista, Rafael Escuredo, y al ministro de la UCD que dimitió tras el bloqueo de su partido, Manuel Clavero. El Ejecutivo del PP y de Ciudadanos le ha puesto su nombre a la medalla que galardonará a trayectorias personales en favor de Andalucía. Esta mutación andalucista del PP cobra especial sentido si se considera que los dos partidos que lo alumbraron -Alianza Popular y UCD- se opusieron a la participación en el referéndum del 28-F. Sí participaron, sin embargo, en el Pacto de Antequera de 1978, que dio fuerza dos años antes al proceso autonómico.

Vox, en contra

El único partido del arco parlamentario que se opone a la autonomía andaluza es Vox, que ha convocado para este viernes algunas concentraciones para rechazar lo que entienden como un "despilfarro" general provocado por la España descentralizada. Vox es aliado del Gobierno de coalición, lo que no ha impedido al presidente Juanma Moreno este abrazo andalucista.

El proceso autonómico español se abrió con las llamadas preautonomías, obra del entonces ministro Manuel Clavero, que generalizaban una descentralización en todo el país antes de que se aprobase la Constitución. Sin embargo, el Gobierno de UCD le puso el freno una vez que se aprobaron los estatutos catalán y vasco, y aceptó a regañadientes la convocatoria de un referéndum en Andalucía. El entonces presidente de la preautonomía, Rafael Escuredo, llegó a trasladarle al rey Juan Carlos I el malestar que había en la región porque Adolfo Suárez no ponía fecha a la cita de las urnas, a pesar de que lo habían solicitado todas las diputaciones y más del 90% de los ayuntamientos andaluces.

Cuando, finalmente, el presidente Suárez convocó el referéndum, la UCD y su Gobierno pidieron que no se votase. La abstención era similar a un no, ya que la vía autonómica sólo sería respaldada por las urnas si obtenía más del 50% de los votos de los censados, no de los votantes de ese día. UCD veían de ganar unas elecciones generales en la comunidad, controlaba la única televisión y no dejó a Escuredo hacer campaña a favor de sí en los medios de comunicación oficiales, como sí permitió a los presidentes provisionales del País Vasco y de Cataluña para solicitar el apoyo electoral a sus estatutos.

En los términos que marca la Constitución, el referéndum andaluz se perdió para el sí, ya que en Almería sólo recogió el apoyo del 42,2% de los censados. En Jaén tampoco se alcanzó el 50% ese domingo, pero la entonces Audiencia Territorial de Granada rectificó el resultado debido a las irregularidades detectadas en el ceso. Pero aun así, al día siguiente, 29 de febrero de 1980, Andalucía no había votado por el 151.

El ex ministro Manuel Clavero almorzó ese día con Rafael Escuredo, en el restaurante Río Grande de Sevilla, y allí le convenció para abrir otro proceso legal que amparase la vía autonómica, ya que sí en términos estrictos no se había obtenido el respaldo, un abrumador 54% del censo andaluz había votado a favor. Este porcentaje no ha vuelto a repetirse en España en ningún referéndum, legal o en los dos ilegales de Cataluña.

Arzallus los plantó

La primera solución en la que se piensa es en una repetición del referéndum, que era posible, pero en el Congreso también se pierde esa votación por un solo voto, el peneuvista Xavier Arzallus falta a la sesión, a pesar de que se había comprometido a respaldar a los andaluces. Finalmente, la posición de debilidad de Adolfo Suárez logra que termine accediendo a las peticiones del PSOE y del PCE, los dos grupos más importantes de la izquierda en el Parlamento.

Lo que se hace es modificar la ley orgánica que regulaba las consultas autonómicas. Este ley, de enero de 1980, desarrolla el precepto constitucional, de tal modo que la vía del 155 sólo se abriría si el apoyo era del 50% en cada una de las provincias que iban a integrar la comunidad. La ley orgánica se reforma, de modo que se hace válido el sí siempre que sea mayoritario entre los votantes efectivos en esa consulta y, a su vez, fuese mayoritario en el censo regional en su conjunto. Con esta reforma y el apoyo de los diputados y senadores almerienses, la reforma de la ley orgánica alteró la propia Constitución.

A esta reforma se ha aludido en numerosas ocasiones en Cataluña como un precedente de reforma constitucional encubierta mediante la acción popular. La diferencia es que el referéndum andaluz del 28-F fue legal y que, en cualquier caso, el apoyo expresado en el referéndum del 9 de noviembre de 2015, la que convocó Artur Mas, tuvo una participación del 33%.