Abogados del caso ERE piden que se divida una causa que se ha hecho "interminable"

Varios defensores en el caso de los ERE falsos creen que, tras la reincorporación de la juez Mercedes Alaya, se debe plantear la división de una causa "interminable" y levantar el secreto del sumario después de casi medio año "a oscuras".

Juan Carlos Alférez, que defiende a un jefe de servicio de la Junta de Andalucía, ha dicho que este caso se ha convertido en "una causa interminable, a modo de racimo, a la que no se ve fin, en la que continuamente se abren nuevas líneas de investigación, donde los folios se cuentan por decenas de miles y los imputados pueden llegar a la centena", frente a los sesenta actuales. A su juicio, la juez Alaya "se esfuerza al máximo", pero el problema reside en la "complejidad y extensión de la causa", por lo que aboga por "reflexionar si no sería posible dividirla, formar causas separadas con las nuevas líneas que pretendan abrir las acusaciones y someterlas a reparto para ser instruidas por separado", en este u otros juzgados.

Miguel Villegas, que defiende a un abogado del Estudio Villasís, cree urgente levantar el secreto del sumario decretado en noviembre del 2012 sobre una nueva línea de investigación de la Guardia Civil, ya que esa medida es un "reducto de sistemas inquisitoriales que merma las posibilidades de las defensas, que llevamos casi medio año a oscuras".

El abogado Fernando De Pablo, que defiende al exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, coincide en que plantear ahora un calendario de declaraciones "puede crear una indefensión al no contar con todos los elementos de la investigación". Se ha preguntado si la juez Alaya, que se ha reincorporado tras una baja por enfermedad de casi seis meses, "seguirá investigando sobre personas aforadas sin elevar las preceptivas consultas", en referencia a la posible imputación del diputado socialista José Antonio Viera.

Los abogados apoyan la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de que Alaya continúe instruyendo sus cuatro macrocausas: las dos de Mercasevilla, los ERE y la gestión del Betis, aunque De Pablo cree que el control bimensual por parte del alto tribunal "es complicado debido al volumen y a que se trata de una causa general, con numerosas ramificaciones".

Adolfo Cuéllar, defensor del exalcalde de Cazalla de la Sierra Angel Rodríguez de la Borbolla, ha señalado a Efe que el regreso de Alaya supone una "normalización del procedimiento" y, después de siete meses de paralización, "debe instruir la juez titular, no dramatizar y terminar las instrucciones lo antes posible".

El abogado Javier Gimeno Puche, letrado de la dueña de la empresa ACYCO, también es contrario a las llamadas macrocausas, que a su juicio pueden vulnerar el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones. Por eso afirma que "se podrían ir haciendo piezas separadas en todos aquellos asuntos en los que estuviese claro el proceso de adjudicación de las ayudas, su legalidad y las personas intervinientes y enviarlas a juicio" para dilucidar definitivamente la honorabilidad de las personas implicadas. En la causa por los ERE fraudulentos hay 60 imputados, entre ellos siete exaltos cargos de la Junta, mediadores de las aseguradoras e "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas sometidas a un expediente. Un nuevo secreto de las actuaciones "es una vulneración de derechos fundamentales", ha dicho Gimeno Puche, quien denuncia el mismo problema en la causa que investiga la juez Alaya contra Manuel Ruiz de Lopera por su gestión del Real Betis.

El letrado representa al exvicepresidente del Betis Angel Martín y ha destacado que su cliente "a estas alturas, después de dos años desde que se le tomó declaración como imputado, no sabe en qué hechos ha intervenido" y se pregunta por qué no se ha imputado al resto de la Junta Directiva de aquella época pese a que el propio Lopera "se declaró máximo y único mandatario del Betis".

Juan Carlos Alférez ha declarado que "en este entorno de ingobernabilidad e incertidumbre, donde ni tan siquiera puede adivinarse cual llegará a ser el final de la investigación, el derecho fundamental de defensa se está viendo seriamente comprometido, pues los defensores no somos capaces siquiera de iniciar líneas de defensa al no tener certeza de qué será lo siguiente que se investigue".