Alaya dicta libertad bajo fianza de 250.000 euros para Guerrero

La juez Mercedes Alaya decretó este jueves la puesta en libertad bajo fianza 250.000 euros del ex director general de Trabajo y uno de los principales imputados en la causa Francisco Javier Guerrero. El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, aseguró que su cliente no cuenta con este dinero y que intentará reunirlo a través de sus amigos, si bien anticipó que no cree que pueda salir de la cárcel al menos en 15 ó 20 días. De Pablo dijo que si se compara esta fianza con la de Antonio Fernández -450.000 euros- esta es "razonable", pero aún así es "bastante alta" para su situación económica.

La juez argumenta en el auto que debe asegurar que Guerrero no eluda la acción de la Justicia pero tampoco debe mantenerse en prisión sine die, "como desde el inicio era pensamiento de esta instructora, la situación de prisión provisional de dicho inculpado" -confiesa la instructora-, aunque en el momento en el que se adoptó, tal y como ocurrió en el caso de Antonio Fernández, se consideraba una "medida necesaria porque cumplía los fines constitucionalmente legítimos expresados en el auto de prisión y porque señaladamente era adecuada a la instrucción de la causa y a su no entorpecimiento".

El auto de Alaya señala que de un lado hay que ponderar la "especial gravedad" de los hechos imputados, que por sí solos determinarían un evidente interés en sustraerse a la acción de la justicia, y de otra la "situación económica" en la que supone puede encontrarse Francisco Guerrero, "pues si solamente atendiéramos a la gravedad de los hechos, la fianza señalada podría hacer ilusoria la probabilidad de su puesta en libertad", aclara la magistrada. "Como quiera que entendemos que la situación económica de aquél no debe ser importante, y no es desde luego la misma de la que pueda disfrutar el Sr. Fernández, siendo patente que el señor Fernández posee sin lugar a dudas, por lo que se vislumbra de la presente instrucción, de un mayor apoyo social (dicho esto en términos globales), entendemos que la fianza proporcionada a todas las circunstancias que se han valorado, debe fijarse" en 250.000 euros.

La juez dice además que las declaraciones de Francisco Javier Guerrero han sido las "más esclarecedoras y coincidentes con la documentación obrante en la causa", respecto a la indiciaria falta de control de estas ayudas públicas, sobre la indiciaria ausencia de cualquier procedimiento, sobre el presunto desprecio a la normativa legalmente aplicable, y sobre que las mismas giraban presuntamente, ya fueran ayudas colectivas, a empresas o individuales, "en torno a personas próximas a los sindicatos, al PSOE y a la Junta de Andalucía".