La juez Alaya envía a prisión a Guerrero por los ERE

La juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza de Francisco Javier Guerrero, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta durante nueve años por su implicación en el escándalo de las irregularidades de los ERE y de las ayudas sociolaborales concedidas por la Administración autonómica.

La decisión de la magistrada se produjo pasada la 01:00 del sábado, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía, el PP y los sindicatos Manos Limpias y UGT así se lo solicitaran al término de la declaración de Guerrero en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Anticorrupción justificó la petición de cárcel, a la que se han unido todas las acusaciones, en el posible riesgo de fuga de Guerrero, unido a la gravedad de las penas que pueden imponérsele a Guerrero, ya que según el fiscal sólo con el delito continuado de malversación que se le imputa la posible pena puede dispararse a los 18 años de cárcel. También alegó el Ministerio Público que el ex director general se negó a responder a sus preguntas, así como el posible "entorpecimiento" de la investigación que se lleva a cabo y la "influencia" que Guerrero puede ejercer en los demás testigos e imputados.

Guerrero está imputado por seis delitos, tres de ellos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho con carácter continuado, y otros tres delitos de falsedad documental y mercantil.

Anticorrupción también pidió que se le imponga a Guerrero una fianza de 933 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso, a lo que se unieron todas las acusaciones populares al igual que han hecho respecto a la petición de cárcel. Los abogados defensores se opusieron a la petición de prisión provisional para Guerrero.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, se opuso a la petición de las acusaciones, al entender que no había riesgo de fuga porque su cliente ha comparecido a todos los requerimientos de la juez y además ha colaborado durante el interrogatorio. El letrado solicitó a la juez que acuerde la expulsión del procedimiento de la Junta de Andalucía en su condición de acusación particular, al estimar que como los hechos que se imputan a Guerrero se cometieron en el ejercicio del cargo, la Administración autonómica debería situarse como responsable civil subsidiario.

El interrogatorio de Guerrero se prolongó durante más de 22 horas a lo largo de tres jornadas, en las que ha asegurado que todo el Gobierno andaluz conocía la discrecionalidad con la que se concedían las ayudas.

La instructora de la causa de los ERE le preguntó en un exhaustivo interrogatorio de más de 140 preguntas por qué "regaló" dinero del erario público sin ni siquiera contar con una petición de ayudas y también le preguntó por qué estas ayudas beneficiaron a Ayuntamientos socialistas y a personas allegadas a la Administración. El fiscal Anticorrupción también incluyó entre las más de 80 preguntas a las que se negó a responder Guerrero -que sólo contestó a la juez y a su abogado defensor- una referencia explícita al "regalo" del dinero público con las ayudas millonarias que gestionaba a través de la dirección general de Trabajo de la Junta.

Su abogado defensor, Fernando de Pablo, le hizo sólo dos preguntas al ex alto cargo, al que preguntó si el Consejo de Gobierno de la Junta y los viceconsejeros de Empleo tenían conocimiento de los criterios de adjudicación y el destino de las ayudas, a lo que Guerrero respondió afirmativamente.

Niega las acusaciones

Durante la sesión de interrogatorio de este viernes, Guerrero ha negado a la juez Mercedes Alaya que haya gastado dinero procedentes de fondos públicos en "cocaína, copas y fiestas", tal y como declaró recientemente a la Guardia Civil su ex chófer, Juan Francisco Trujillo, quien también está imputado en la causa.

Guerrero ha dicho a la juez que todas esas afirmaciones de su ex chófer son falsas y que la motivación que puede estar detrás de las mismas es doble: que se trate de una "vendetta o revancha personal" de Juan Francisco Trujillo porque él propuso que le cesaran por incumplir los horarios en su trabajo y por acudir con una indumentaria y una higiene inadecuada, o que éste se haya "podido lucrar" porque alguien le haya pagado por aumentar las acusaciones contra él.

El ex alto cargo defendió que no se considera ningún alcohólico ni es adicto a la cocaína. "Me gustan el Marlboro y los gintonic de Beefeater", de los que Guerrero dijo que consume uno al día "de postre".

El principal imputado en la causa de los ERE reconoció que en algunas ocasiones, tras acabar la jornada laboral, iban a tomar unas copas -en locales que no quiso pronunciar para no hacer publicidad, ha bromeado- con las personas con las que se reunía o los representantes sindicales, e invitaba al chófer, que tomaba "un refresco o una coca....cola", dijo Guerrero haciendo una pausa dramática que refleja el buen humor que está empleando en determinados momentos de su interrogatorio.

En cuanto a las tres subvenciones por importe global de 1,3 millones que Guerrero concedió a su ex chófer en un solo día, el ex director general reconoció que Juan Francisco Trujillo le pidió las ayudas para esas sociedades pero alegó que no conocía que se tratase de empresas creadas por el conductor.

Guerrero dijo que trató a su ex chófer "como a un hijo" y le definió como una persona "igual de hábil para no hablar como para engañar", y también afirmó que sabía que Trujillo hacía proyectos para empresas que luego pedían subvenciones.

El ex director general rechazó que haya recibido gratificaciones, regalos o dinero de parte de las subvenciones públicas que otorgó a su ex chófer, y en este sentido puntualizó que "no le ha cogido un duro a nadie en su vida".

Guerrero ha acabado de responder ya a las 144 preguntas que le ha planteado la juez Alaya y tras el almuerzo llegará el turno de interrogatorio del fiscal, los abogados del medio centenar de imputados y de su propia defensa, aunque por el momento no ha trascendido si accederá a responder a las preguntas o se acogerá a su derecho constitucional a no declarar a estas partes.

Sea como fuere, Guerrero ha terminado de responder a todas las cuestiones de la juez Mercedes Alaya haciendo un alegato a su inocencia y al testimonio prestado durante estos días. "Me voy con la tranquilidad de haber contado todo lo que he vivido" durante los nueve años que ha estado en la dirección general de Trabajo, ha aseverado Guerrero, que ha mostrado su disposición a seguir colaborando con la Justicia. También ha tenido unas palabras de agradecimiento a la juez por la "tranquilidad y normalidad" con la que se ha desarrollado la comparecencia, un agradecimiento que ha hecho extensivo a los letrados asistentes a estas tres maratonianas jornada de su declaración.

La instructora le ha recordado que tendrá que volver a comparecer en el futuro conforme vaya avanzando la investigación de la Guardia Civil sobre el resto de empresas a las que se concedieron ayudas que se encuentran ahora bajo sospecha.