Alaya se niega a entregar la "exposición razonada" a las partes tras anunciarse una investigación de filtraciones

Sevilla/La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha rechazado entregar la "exposición razonada" a nuevas partes personadas en la causa una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) criticase las filtraciones a la prensa y anunciara una investigación.

La magistrada ha dictado una providencia, que tiene fecha del 8 de septiembre, en el que rechaza entregar ese informe a la representación de Altadis "por cuanto existiendo noticias en prensa relativas a que se hubieran podido abrir diligencias informativas por haber entregado copia a alguna de las partes en el pasado mes de agosto, no procede en este momento efectuar entregas de más copias de dicha exposición razonada hasta que no se aclare este particular, teniendo en cuenta además que es el Tribunal Supremo quien debe conferir traslado a las partes personadas".

En agosto pasado, los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraron su preocupación por la filtración a los medios de comunicación del contenido de la exposición razonada y estimaron que se había causado "indefensión" a los aforados, planteándose una investigación disciplinaria al respecto que fue postergada otra reunión.

El asunto fue introducido en el debate de la Comisión por el vocal Álvaro Cuesta, designado a propuesta del PSOE, que consideró que la filtración de parte del contenido de este documento ha causado indefensión a los nueve aforados incluidos en este documento, en especial a los dos que hasta este momento no figuraban entre los preimputados por la juez Alaya: los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

La preocupación fue compartida en términos generales por la gran mayoría de vocales presentes en esta reunión, que recabarán datos y acordaron adoptar una resolución definitiva sobre lo sucedido en una próxima reunión. Entre las medidas a adoptar se encontraría la de encargar al promotor de la Acción Disciplinaria, la figura encargada de iniciar expedientes de sanción, una investigación al respecto.

Según Cuesta, la exposición razonada no supone un acto procesal secreto y debería haber sido comunicado a las partes, con el fin de evitar que los perjudicados se enteraran de la decisión de la juez Alaya por la prensa, a lo que tendría que haberse sumado una política comunicativa que no estuviera basada en filtraciones.

La política de la Comisión Permanente es la de no tolerar las filtraciones que podrían obedecer a motivos interesados en aras a una política informativa transparente sobre las decisiones judiciales.