Alaya cierra la operación Heracles II dejando en libertad con cargos a los últimos siete detenidos

Nueva jornada maratoniana de Alaya, aunque en este caso se ha cerrado sin ningún ingreso en prisión. La juez Mercedes Alaya ha acordado esta madrugada la puesta en libertad de siete de los diez detenidos –los otros tres habían sido liberados con anterioridad por la Guardia Civil– en la segunda fase de la operación Heracles contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a los ERE financiados por la Junta de Andalucía.

Los primeros en quedar libres fueron los sindicalistas Salvador Mera Crespo, secretario provincial de UGT en Cádiz, y Roberto Carmona Soto, ex secretario de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A, así como del ex gerente provincial del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez, a quien la Junta de Andalucía llegó a pedir una fianza de civil de tres millones de euros.

Pasadas las tres y media de la madrugada, la juez decretó igualmente la libertad de los últimos detenidos Francisco Casado Sánchez, ex sindicalista de CCOO en Córdoba; de Gerardo de la Cruz Elías, responsable de Caja San Fernando para la zona de la Sierra Norte de Sevilla; Ángel Quesada del Valle, apoderado mancomunado de la empresa Nexprom; y el empresario sevillano José Joaquín Barneto García.

De los siete detenidos que fueron puestos a disposición de la juez, sólo Manuel Enrique Rodríguez se acogió a su derecho constitucional a no declarar. El resto sí que prestó testimonio sobre los hechos investigados y respondió a las preguntas de la instructora.

Salvador Mera ha manifestado a su salida de los juzgados que se encuentra "muy feliz" y ha sido recibido con una fuerte ovación y aplausos por el medio centenar de afiliados de los sindicatos concentrados a las puertas de los juzgados desde las 17:00, entre los que se encontraban el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, quien no ha querido hacer ninguna declaración a los periodistas. Los manifestantes llegaron a gritar a la juez "libertad, libertad" para los detenidos cuando entraba en el edificio por la tarde.

La Fiscalía Anticorrupción reclamó una fianza civil de 248.752,90 euros para Mera, mientras que para el ex director del área de Empleo e Innovación de la Diputación pidió un millón de euros.

En el atestado de la operación Heracles II, la Guardia Civil imputa al ex secretario provincial de UGT en Cádiz cuatro delitos –tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y contra la Hacienda Pública-, ya que, según el instituto armado, este sindicalista es una persona con responsabilidad en UGT desde hace más de 20 años y es quien "negocia" con el responsable de la mediadora Uniter, José González Mata, "el pago de una comisión" a su sindicato de 180.000 euros, "con pleno conocimiento de la ilicitud de la misma, la cual constituye una parte de las sobrecomisiones que la mediadora Uniter ha percibido, dinero que en última instancia procede del erario andaluz".

En el atestado, la Guardia Civil recuerda que Salvador Mera en su declaración como testigo en enero pasado manifestó que en el marco del proceso de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, él como representante de UGT y su homólogo de CCOO, Roberto Carmona Soto, también imputado en esta nueva fase de la operación Heracles, se dirigieron al dueño de Uniter y le expusieron que el sindicato "debía cobrar algo" por los gatos que el proceso había generado a ambas organizaciones sindicales por la actividad desplegada durante el conflicto, entre los que cita "viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria".

Mera añadió que llegaron al acuerdo para que se realizaran sendos pagos de 180.000 euros a cada uno de los sindicatos y que se facturara a través de la sociedad Temiqui, una sociedad del sindicato de la que fue consejero entre 2006 y 2011. Según la Guardia Civil, la contabilidad de esta empresa acredita la realidad de esos pagos y que ascienden a un total de 188.752,90 euros entre los años 2007 y 2008.

La Guardia Civil asegura en el atestado que la participación en los hechos de Manuel Enrique Rodríguez viene motivada porque es natural de Las Navas de la Concepción y al hecho de ser una persona "muy vinculada y de la absoluta confianza" del ex consejero de Empleo José Antonio Viera. Los agentes recuerdan el "papel esencial" que jugó Viera en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte, en las que tuvo una "significativa intervención" Enrique Rodríguez, al que la Guardia Civil considera responsable de haber "prometido y facilitado importantes subvenciones excepcionales" que se otorgaban “de forma fraudulenta” con cargo a la partida 31.L, conocida como el fondo de reptiles, por “decisiones influidas de intereses particulares”. Así señala que determinadas sociedades de Las Navas obtuvieron 2.160.759 euros.

La Guardia Civil considera igualmente que el ex gerente provincial del IFA en Sevilla "debió conocer el trato de favor" a las empresas manejadas por el "tándem Rosendo-Sayago", que obtuvieron ayudas por importe de 32 millones. El atestado señala que Enrique Rodríguez hizo además el informe de viabilidad del proyecto del matadero de la Sierra Morena y, en este sentido, señala que el ex director de Trabajo Francisco Guerrero reconoció que hubo una reunión en la cafetería del Parlamento andaluz a la que asistieron el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y posiblemente el propio Enrique Rodríguez. En esa reunión, Viera le dijo a Guerrero que habría que apoyar el proyecto del matadero y todas aquellas empresas que "colgaban" de ella, en alusión a las empresas de José Enrique Rosendo y José María Sayago.

"En el caso de que se corrobore esta reunión y que en ella se confirme la presencia de Enrique Rodríguez es de significar que éste no sólo fue consciente de las importantes ayudas concedidas con total arbitrariedad, sino que además eludió su responsabilidad al no promover la persecución de tales hechos, que evidencian graves ilícitos". Para la Guardia Civil, el ex alto cargo de la Diputación de Sevilla "habría facilitado que Rosendo y Sayago se beneficiaran de las ayudas ilícitas", además que consideran que también pudo conocer las ayudas "arbitrarias" concedidas a empresas y ayuntamientos por importe de otros 9,6 millones, salvo error u omisión, precisan los investigadores.

El informe policial concluye que el papel jugado por Enrique Rodríguez no sólo le sitúa como un "perfecto conocedor del sistema opaco por el cual se concedían estas ayudas a empresas, sino que además se arrogaba la potestad de comprometer subvenciones que de hecho finalmente se concedieron con ausencia del procedimiento establecido". La Guardia Civil atribuye a Enrique Rodríguez delitos de malversación, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.