Alaya requiere a la Junta para que aporte en cinco días el listado de los 200 expedientes nuevos con irregularidades

Sevilla/La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha requerido hoy a la representación jurídica de la Junta de Andalucía para que, en el plazo de cinco días, aporte el listado de los 200 nuevos expedientes de ayudas sociolaborales en los que se han detectado irregularidades y que, según ha reconocido el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera a la magistrada, aún no han sido enviados al juzgado.

La instructora ha realizado este requerimiento a la letrada de la Administración autonómica al inicio, este jueves, de la segunda jornada de la declaración como imputado de Daniel Alberto Rivera, y en su petición Alaya también ha reclamado más documentación.

El ex director de Trabajo reconoció anoche a la juez que en junio pasado, antes de abandonar la dirección general, se habían detectado otros 200 expedientes de ayudas sociolaborales con irregularidades pero que, a fecha de hoy, no han sido trasladados al juzgado. Estos nuevos casos de intrusos o de personas que estaban trabajando -a los que la Administración ha suspendido el pago de las ayudas- fueron detectados durante el proceso de revisión de otros 300 expedientes y, según Rivera, no fueron enviados a la juez porque la Junta había entendido que "no había ningún ilícito penal".

Alaya le reprochó que es precisamente ella, como juez, la que debe determinar si existe un ilícito penal, a lo que Rivera contestó de forma irónica diciendo que él es ahora un "ser y un delincuente".

En la segunda sesión de la declaración del ex alto cargo ante la instructora, Rivera ha reconocido que la Junta aún no ha recibido ningún dinero correspondiente a los expedientes de revisión de oficio que se han iniciado, una demora que, según Rivera, obedece a que estos expedientes aún están en fase de tramitación y los trámites son muy farragosos, dado que hay que dar trámite de audiencia en dos ocasiones a los interesados y, además, en este procedimiento, los posibles interesados son los 6.000 prejubilados que se acogieron a las ayudas, lo que haría interminable la tramitación.

En la sesión de hoy, la juez ha insistido en los reproches al ex director de Trabajo sobre la negativa de la Junta a remitirle el expediente correspondiente a Cárnicas Molina, que tuvo que solicitar en tres ocasiones. Rivera ha asegurado a la magistrada que dio orden de enviarlo al juzgado pero no se envió completo porque él desconocía que había documentos relaciones con estas ayudas en el registro general de la Consejería de Empleo.