Alaya al último imputado: "Me está mintiendo descaradamente"

Sevilla/La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, ha reprochado este viernes al abogado Carlos Leal Bonmati, que está declarando imputado por siete delitos, que le está "mintiendo descaradamente" al haber rechazado que los expedientes que tramitó estuviesen financiados por la Junta de Andalucía.

Se trata del momento más tenso en la declaración del responsable del bufete de Estudios Jurídicos Villasís, que se inició este jueves, y se ha vivido precisamente cuando la juez, que continúa interrogándolo en la sesión de este viernes, le ha preguntado si no era cierto que todos los expedientes en los que intervino estaban financiados por la Junta. Ante la respuesta negativa del imputado, Alaya exclamó: "Me está mintiendo descaradamente".

La magistrada también le ha preguntado sobre por qué Estudios Jurídicos Villasís adelantó 600.000 euros para el pago de ayudas a los trabajadores de la Faja Píritica de Huelva y Carlos Leal ha explicado que lo hizo porque inicialmente se lo pidieron "verbalmente" los sindicatos y luego fue a hablar con el director de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, quien le "confirmó" que adelantara ese pago. El imputado ha dicho que es “normal” en el mundo laboralista que se lleguen a acuerdos verbales. En este caso, las ayudas de la Faja Píritica acabaron costándole a la Junta 1,3 millones de euros, más del doble de lo que se estimaba inicialmente.

La instructora le ha preguntado igualmente sobre la falta de publicación de las ayudas sociolaborales y el hecho de que a las mismas sólo tuvieran acceso algunos "privilegiados", a lo que Carlos Leal ha dicho que él no tenía conocimiento de que a esas ayudas no se les diera publicidad, aunque los sindicatos sí sabían que no se publicaban.

Sobre las comisiones del 0,5% al 1% que los sindicatos cobraban por su participación en la tramitación de los ERE, Carlos Leal ha dicho a la juez que en los sindicatos a nivel nacional también cobraban por asesorar a los trabajadores en los grandes expedientes de regulación de empleo, aunque ha dicho que no sabe cuánto cobraban las empresas asesoras de los sindicatos por su intervención en estos procesos.

En el atestado remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la juez Alaya sobre la intervención de Estudios Jurídicos Villasís en el escándalo de los ERE, los agentes constaban que este bufete participó en numerosos expedientes financiados por la Junta, pero en algunos casos no se pudo determinar el "papel concreto o la actividad que habría desarrollado en los mismos", al tiempo que señalaba que podía existir una "sobredimensión de los honorarios recibidos” por el despacho en función de la “actividad real que parce desarrollar" en la tramitación de los expedientes.

La Guardia Civil concluía igualmente que Estudios Jurídicos Villasís parece actuar como una "caja pagadora", siguiendo las indicaciones de responsables de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para “aquellos compromisos que esta administración adquiere con terceras personas” y precisaba que esos pagos se realizarían como "favor por los beneficios obtenidos en su participación en la tramitación de subvenciones libradas por la Junta".

Los investigadores concluían igualmente que el despacho estaría "facilitando que el dinero cuyo origen se encuentra en el erario público andaluz acabe desviándose ilegalmente a terceras personas que habrían facilitado, de un modo u otro, la culminación del proceso". Para conseguir el supuesto desvío de fondos, continúa el atestado, Estudios Jurídicos Villasís utilizaría sus cuentas bancarias, incluida una titulada por los tres socios del despacho, realizando trasvases de capital entre ella, "sin aparente lógica financiera, y numerosas disposiciones en efectivo, fraccionando los importes en cantidades pequeñas, con el único fin de ocultar el verdadero origen del dinero y alejar a los auténticos beneficiarios de posibles responsabilidades por el desvío de los fondo públicos que se estaría produciendo". Estas operaciones bancarias son habituales en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, uno de los delitos que le ha imputado la juez Alaya a Carlos Leal Bonmati.