Anticorrupción mantiene los seis años de prisión para Griñán y los diez de inhabilitación para Chaves

La recta final del juicio de los ERE sólo deparó un cambio realmente significativo y para uno de los 22 ex altos cargos: el que fuera secretario general de la Consejería de Hacienda Antonio Estepa Giménez, quien ya no tendrá que volver al juicio y será absuelto en la sentencia, después de que la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias decidieran retirar los cargos en su contra.

El Ministerio Público introdujo cambios menores en su escrito de conclusiones definitivo. Así, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra 19 ex altos cargos más, y la retiró contra Antonio Estepa Giménez, que se enfrentaba inicialmente a una petición de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra han dado lectura a su escrito de conclusiones definitivas, con las modificaciones que han ido introduciendo con respecto al escrito de acusación inicial.

En su escrito de conclusiones definitivo, el Ministerio Público ha reclamado una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex presidente Manuel Chaves y otros seis ex altos cargos –Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Francisco Del Río y Antonio Vicente Lozano– y penas de cárcel de entre seis y ocho años de prisión para los otros 15 acusados, a los que atribuye además un delito de malversación, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel. El fiscal ha rebajado de ocho años de prisión a seis la pena que solicitaba inicialmente para dos ex altos cargos: el ex director de IDEA Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo.

El principal reproche de Anticorrupción a los ex presidentes y a los otros acusados sigue siendo, tal y como han ratificado en el escrito que han leído los fiscales durante dos horas y 25 minutos, es que no tomaran a la vista de las actuaciones de la Intervención General de la Junta –que alertaban de las deficiencias en el pago de las ayudas durante una década– “decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento” seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de las controvertidas transferencias de financiación del programa 31L.

Los ex presidentes tenían "conocimiento de las irregularidades"

Y esa pasividad, según el fiscal, tuvo lugar a pesar de que tenían “conocimiento de las irregularidades” que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron “procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso”.

Esas “irregularidades o deficiencias” recogidas por la Intervención en las memorias, se “repetían” en los informes trimestrales que elabora la Intervención General de la Junta en el marco del control financiero permanente, y entre los destinatarios de esos informes estaban la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y el entonces director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, “sin que su contenido cambiara su proceder”, ha mantenido la Fiscalía.

Para la Fiscalía, la “gravedad de la situación creada” como consecuencia directa y necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31L mediante la utilización de las transferencias “debieron ser conocidas” por Griñán y Aguayo, así como por otros imputados que “tenían conocimiento, participaron y consintieron en la gestión presupuestaria”, han insistido hoy los representantes del Ministerio Público.

En el caso de Griñán, el escrito de la Fiscalía asegura que en su condición de consejero de Economía tenía “conocimiento de las deficiencias que se recogen en el informe adicional complementario de 2003” de la Intervención General y de la “incertidumbre” recogida por los auditores de cuentas en su informe de dicho ejercicio, algo que Griñán ha negado en el juicio y que ha sido corroborado por Aguayo, que señaló que “nunca” le trasladó los informes porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las “discrepancias”.

Para la Fiscalía, Griñán y el interventor general de la Junta Manuel Gómez así como otros imputados –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García y Miguel Ángel Serrano– “no hicieron actuación alguna en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas de velar por la integridad de los fondos públicos para iniciar los procedimientos y mecanismos previos para reintegrar los fondos públicos del programa 22E y 31L gestionados mediante transferencias de financiación al IFA-IDEA por la Consejería de Empleo hasta la fecha”, tal y como, según ha añadido ahora el fiscal Egocheaga, exigía el artículo 100 de la ley general de la Hacienda Pública. Éste es uno de los añadidos que ha realizado el Ministerio Público, que también ha incluido referencias a los consejos de Gobierno que fueron presididos por Manuel Chaves.

En su escrito definitivo, el fiscal ha señalado que el 17 de julio de 2001 el entonces consejero José Antonio Viera y el ex viceconsejero Antonio Fernández suscribieron un convenio marco para el pago de las ayudas, un convenio "nunca publicado en el BOJA" y que "no fue objeto de informe ni por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ni por los servicios jurídicos del IFA".

La Fiscalía también ha añadido que la contabilidad de IDEA "registra sólo lo que se paga, no el compromiso de pago" que tenía sobre las ayudas que concedía la Consejería de Empleo.

El Ministerio Público ha añadido que todas las irregularidades "hubieran sido imposibles sin el mecanismo descrito" que se utilizó para el pago de las ayudas mediante las transferencias de financiación, que según han reiterado, eludía la fiscalización previa y el control de las ayudas, y además permitía la "singular materialización" de ayudas para otros conceptos como la financiación del programa de formación del voluntariado de los juegos del Mediterráneo de Almería, el pago de parte de la subidas salariales en el conflicto de la huelga de limpieza de Granada, o la colaboración de en la financiación de 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo por municipios andaluces en los ejercicios de 2002 a 2004, ha citado en su escrito.

"Posibilitaron y permitieron" el fraude con el mecanismo de las transferencias

Los acusados, ha concluido el fiscal, "posibilitaron y permitieron, año a año, que se reprodujera el mecanismo descrito" para la concesión de las ayudas sociolaborales y directas a empresas que se otorgaron durante una década.

La sesión número 124 del juicio comenzó con un pequeño retraso porque uno de los acusados, el ex director general de Trabajo Juan Márquez se encontraba en un atasco a la entrada de Sevilla desde la autovía de Huelva.

En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, el fiscal ha insistido en que al no haberse regulado como era exigido una convocatoria de estas ayudas que "garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse como es exigida su concesión y no registrarse como es obligado en el registro de la base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de empresas en situación de crisis económica o tecnológica. Del muestro realizado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se aprecia que un gran número de estas ayudas carecen además de algún objeto concreto, respondiendo a fines muy diversos, tales como el pago de nóminas, pago de ayudas, pago de minutas por asesoramientos jurídicos, pago de avales, etc.", ha agregado el fiscal Manuel Fernández Guerra.

Antonio Estepa ya no tendrá que volver al juicio

Como todas las acusaciones han retirado los cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, le ha dicho que puede abandonar la Sala y ya no tiene que volver a asistir a las sesiones que quedan del juicio, dado que la sentencia que se dictará contra este ex alto cargo será absolutoria, al decaer el principio acusatorio en su caso al no estar acusado ya por ninguna de las partes acusadoras.

El juicio contra los 21 ex altos cargos que figuran como acusados continuará mañana martes con la exposición de las conclusiones definitivas por las defensas, dado que en la sesión de hoy sólo han podido hacerlo -y solicitar su libre absolución- las defensas de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.