La Audiencia impuso una fianza al testaferro de los ERE al considerar que era un "hombre de paja" de Juan Lanzas

Sevilla/La Audiencia de Sevilla modificó la prisión provisional e impuso una fianza de 10.000 euros al testaferro de los ERE, Juan Francisco Algarín Lamela, al estimar que su participación en los hechos era menor y actuaba como “hombre de paja” de Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE. El auto del tribunal señala además que, al imponer una fianza y permitir que el imputado salga de prisión si la abona, se introduce un “factor de equidad” habida cuenta de que, “como la propia magistrada –en alusión a la juez Ana Rosa Curra, que adoptó la medida de prisión- viene a reconocer, Juan Francisco Algarín era simple testaferro u hombre de paja de otro imputado con mayor dominio funcional de los hechos” y este último, Juan Lanzas, se halla “en situación de libertad provisional”.

En cualquier caso, el tribunal sí considera que hay indicios racionales de que el testaferro ha podido cometer los delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental que se le atribuyen. Así, la Audiencia señala que el propio imputado ha reconocido en sus declaraciones ante la Guardia Civil y en el juzgado que “habría participado en la distracción de fondos públicos provenientes de la Junta de Andalucía, abriendo y facilitando sus datos para la apertura de cuentas bancarias donde ingresar tales sumas de dinero, emitiendo facturas por servicios no prestados para justificar dichos ingresos indebidos, y entregando cuantiosas cantidades de efectivo a Juan Lanzas o a otras personas por éste indicadas”.

El auto de la Sección Séptima que fijó la fianza señala que el riesgo de que el testaferro pueda eludir la acción de la Justicia, fugándose, está minimizado por su carencia de recursos económicos y por la “evidente lejanía del juicio oral” y en este aspecto el tribunal recuerda que se acaba de abrir una nueva línea de investigación que actualmente está bajo secreto de sumario.

Juan Francisco Algarín está en prisión desde el pasado 15 de enero y en sus declaraciones reconoció que llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y desde distintos bares próximos a la Consejería de Empleo de Sevilla hasta una cafetería situada en los bajos de la Delegación de Empleo en la capital. También aseguró que, a veces, en lugar de sobres llevó fundas de ordenadores portátiles repletas de billetes de 200 y 500 euros. La recogida de esos sobre se habría realizado, según el imputado, siguiendo las órdenes del supuesto “conseguidor” de los ERE y también imputado en la causa Juan Lanzas.

Juan Francisco Algarín figura como administrador de la empresa Distripack Transporte Urgente, que habría recibido cheques por importe supuestamente de 362.500 euros. El presunto testaferro, de 48 años y que hasta su detención estaba en un centro de acogida en fase de rehabilitación, fue detenido el 14 de enero pasado y puesto a disposición del juzgado de Guardia al día siguiente. La Guardia Civil, en un informe realizado en octubre pasado, antes de que se declarara el secreto de sumario, detectó la presencia de al menos tres empresas dedicadas a servicios de mensajería –Atrado mensajería, Estudios Agenciales y Distripack Transporte Urgente- que podrían haber sido utilizadas como empresas pantalla.

El informe situaba al supuesto conseguidor de los ERE Juan Lanzas como el ideólogo de este sistema, ya que señalaba que la operativa “podría estar encaminada a la intención por parte de Juan Lanzas, Estudio Jurídico Villasís y el holding Vitalia” de utilizar estas sociedades como empresas pantalla, si bien la UCO señalaba que aún no se había acreditado –a la fecha del informe- si esa utilización se produjo “con o sin consentimiento” por parte de esas sociedades. La Guardia Civil sospechaba que con esta “maniobra” podrían haber introducido en el circuito financiero y con “apariencia de legalidad” el dinero procedente de las sobrecomisiones de las pólizas financiadas por la Junta.

El documento recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habría recibido Eduardo Leal del Real, que figura como administrador único de las empresas Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, y otros 362.500 euros en el caso de Distripack Transporte Urgente, sociedad en la que Eduardo Leal figura como administrador solidario junto a Juan Francisco Algarín. El estudio de la Guardia Civil espera aclarar “los verdaderos beneficiarios de las ayudas concedidas y los mecanismos utilizados para su adjudicación”, dado que de ese estudio se deduce que dichas ayudas “habrían sido concedidas con ausencia del procedimiento administrativo previsto y aplicable”.