Bruselas considera que el decreto andaluz sobre la vivienda pone en riesgo la estabilidad bancaria

Madrid/La Comisión Europea (CE) ha llegado a la conclusión de que el plan andaluz de expropiación temporal de viviendas a entidades financieras para evitar los desahucios a familias en riesgo de exclusión social puede afectar negativamente a la estabilidad de la banca y la recuperación económica. Así se expresa en una carta enviada al Ministerio de Economía por el órgano de gobierno comunitario, que no descarta que aumenten las dudas sobre el mercado inmobiliario español, lo que provocaría subidas en la prima de riesgo y una reducción del interés de inversores extranjeros por activos inmobiliarios españoles.

En concreto, la CE cree que se puede producir una "caída en el valor de los activos inmobiliarios" que tendrá una repercusión inmediata en los balances de las entidades financieras, así como en el volumen de provisiones a las que tendrían que hacer frente. Esto a su vez afectaría negativamente a la reanudación de los flujos de crédito a particulares y empresas. La CE cree también que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco malo español, tendría "muchas dificultades" para cumplir con su mandato de vender los activos tóxicos inmobiliarios que le han traspasado las entidades financieras.

Asimismo, en la carta se advierte sobre la pérdida de seguridad jurídica para las entidades propietarias de los inmuebles, lo que afectaría al conjunto del sector financiero y de la economía. El documento señala que la legislación aprobada por la Junta de Andalucía "va más allá" de la necesaria protección de las familias más vulnerables y no puede convivir con los requisitos para preservar la estabilidad financiera. Cualquier tropiezo en el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que la CE considera que va a buen ritmo, tendrá efectos negativos no sólo en el conjunto de las entidades sino de la economía. Sería aún peor, prosigue el texto, si otras comunidades autónomas siguieran el ejemplo andaluz.

La CE considera que España está obligada a "hacer honor a los compromisos contraídos" para la puesta en marcha del Memorándum de Entendimiento (MOU) de ayuda a la banca, y a evitar cualquier impedimento que impida que culmine el proceso de reforma financiera. Al mismo tiempo, se pregunta cómo es posible que coexistan con la legislación española otras "piezas normativas" con rango de ley, una situación que la CE ve "poco clara".

La Junta seguirá "desplegando" el decreto pese a la opinión de Bruselas

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha asegurado que la Junta de Andalucía "seguirá desplegando todas las facultades" del Decreto sobre la Función Social de la Vivienda pese a que la Comisión Europea considere que puede afectar negativamente a la estabilidad bancaria. "Dados los antecedentes con el episodio de la anterior supuesta carta de la Comisión, que al final nadie aclaró, lo prudente es guardar distancias y esperar a comprobar qué grado de oficialidad tiene", ha señalado Cortés.

La consejera ha remarcado que el decreto, que actualmente tramita como ley el Parlamento, fue aprobado "en el marco de las competencias del Gobierno andaluz y bajo el paraguas jurídico de la Constitución", y es plenamente efectivo desde el pasado 12 de abril. Cortés ha explicado que en virtud de dicho decreto se ha iniciado la inspección para localizar viviendas vacías, con el objetivo de estimular su salida en alquiler asequible, y se han abierto siete expedientes de expropiación del uso de la vivienda para evitar desahucios de familias que, "de perder sus casas, quedarían en situación de exclusión social". "Seguiremos desplegando todas las facultades de un decreto que da cumplimiento al programa electoral de IU y al pacto de gobierno de Andalucía", ha indicado Cortés.