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Consejo de administración de la RTVA
La dirección de recursos humanos de Canal Sur ha abierto un expediente informativo al secretario adjunto de su consejo de administración para averiguar si este puesto es incompatible con el ejercicio privado de la abogacía. Luis García Navarro es, a su vez, el abogado del PP en varios juicios por corrupción, entre éstos, el caso político de los ERE que se está viendo en la Audiencia de Sevilla. Tal como ha publicado este diario, el contrato laboral del abogado con la agencia pública es a tiempo completo y debe trabajar 35 horas semanales. Por su condición de secretario adjunto, el reglamento del consejo también especifica que es un puesto en exclusividad, incompatible con cualquier actividad pública o privada.
Luis García Navarro, que fue propuesto para el consejo de Canal Sur por el PP andaluz, es secretario desde 2008, y ya en 2009 comenzó a trabajar para el partido, en concreto en el caso Mercasevilla. No ha sido hasta ahora, y después de la publicación, cuando la agencia abre expediente, aunque su caso era conocido por los vocales del consejo de administración. Su sueldo anual bruto es de 65.653 euros.
García Navarro sostiene que su puesto sí es compatible y adelanta que si Canal Sur le retira el contrato, recurrirá ante los tribunales.
El PSOE había solicitado el lunes por la mañana que la RTVA, la agencia de Canal Sur, averiguase si es legal esta situación y, a la vez, solicitó al PP que dé explicaciones, ya que el puesto se ocupa a petición de este partido. El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, valoró esta mañana la información publicada por Diario de Sevilla, en la que se da cuenta el caso de Luis García Navarro. Por su condición de secretario adjunto, su relación contractual es de exclusividad y laboral. Ésa es la razón por la que Cornejo entiende que es la dirección de la RTVA la que debe explicarse. No obstante, el letrado fue propuesto por el PP para ocupar este cargo, gracias a un acuerdo con el PSOE, por el que se repartieron las vocalías del consejo y los dos puestos de secretario.
Podemos también ha valorado esta información y califica de “insostenible” la situación del consejo de administración. Sus miembros fueron nombrados por el Parlamento en 2008, pero aún no se ha producido la renovación que debió ocurrir hacer cuatro años. Prueba de este atasco institucional es que no hay presidente del consejo, ya que el anterior dimitió. Para alcanzar este acuerdo es necesario tres quintas partes del Parlamento. El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha exigido "pluralidad" para que en el consejo tengan cabida todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento andaluz puesto que la situación actual de dicho consejo "no representa" a los andaluces. A su juicio, este es un hecho "lamentable" que se da en el seno de un consejo "que lleva sin renovarse años".
"Es una realidad insostenible", dijo del de Podemos, al tiempo que apuntó que con noticias así ya "no es posible" encontrar "una foto en la que se desmarquen PP y PSOE" porque "hasta un abogado del PP es un alto cargo de la RTVA".
El coordinador IU Andalucía, Ernesto Alba, consideró "poco ético" la contratación. Tras señalar que la incompatibilidad de ambos cargos "es clara" y que seguir con los dos puestos es "poco ético", Ernesto Alba defendió que tanto los populares como el propio abogado deben dar explicaciones por esta circunstancias porque el dinero que percibe de la RTVA "es dinero público".
El consejo de administración de la RTVA, así como otros puestos de designación parlamentaria, también es un cajón de sastre donde los respectivos partidos utilizan sus cuotas para saldar sus compromisos. En la última negociación entre el PP y el PSOE, que se remonta a diez años porque el consejo no se ha renovado ni en esta ni en la anterior legislatura, los populares consiguieron que hubiese un segundo vicepresidente y un secretario adjunto, de ayuda al primero.
A diferencia del resto de los vocales del consejo de administración, que son altos cargos y dependen directamente del Parlamento andaluz, los secretarios tienen un contrato laboral con la agencia, deben ser licenciados en Derecho y están sometidos a un régimen de exclusividad, según figura en el capítulo IV de este organismo.
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