La Comisión Europea estudia el impacto en la banca del decreto de vivienda

La Comisión Europea (CE) analiza el impacto del decreto ley aprobado en Andalucía que prevé la expropiación temporal del uso de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria, según reconocieron a Efe fuentes comunitarias. "La CE está actualmente analizando el impacto de este decreto", señalaron fuentes del Ejecutivo comunitario al ser preguntadas si éste evalúa la medida al igual que hizo con el real decreto ley con medidas urgentes sobre los desahucios que aprobó el Gobierno español a finales del año pasado.

La Comisión Europea suele estudiar la adopción de políticas relacionadas con el sector financiero que no están incluidas en el Memorando de Entendimiento -que establece las condiciones del rescate a la banca- pero que pueden tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa.

En Andalucía, la expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el justiprecio (2%), que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.

Según las cuentas de la Junta, (que hoy se actualizarán al publicar el Instituto Nacional de Estadística el Censo de Viviendas con datos de 2011) en la comunidad autónoma hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas.

En el caso de la medida impulsada en noviembre pasado por el Gobierno español, la CE dijo que era muy consciente de las graves consecuencias sociales de la crisis, en particular de las dificultades que enfrentan muchos hogares con un alto nivel de endeudamiento en relación con las hipotecas. También recalcó entonces que la definición y la implementación de una política para atenuar este situación es una prerrogativa de las autoridades españolas, que adaptarán ahora su legislación sobre desahucios e hipotecas a la ley europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) determinó que los procesos de desahucios por el impago de una hipoteca en España son contrarias a la legislación europea, por no permitir al juez adoptar medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final.

El decreto de la vivienda andaluz fue también objeto de debate ayer en el Congreso. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó que el decreto de la Junta de Andalucía dificultará que los jóvenes de esa comunidad obtengan una hipoteca para adquirir una vivienda en propiedad.

Durante la sesión de control en el Congreso, de Guindos señaló además que la normativa andaluza afectará negativamente al sector de la construcción en una comunidad con un desempleo "diez puntos por encima de la media nacional". En contraposición el titular de Economía defendió que las medidas adoptadas por el Gobierno actúan "sobre lo que efectivamente se necesita" y protegen a los deudores hipotecarios.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), que asistió al debate en el Congreso invitada por el líder de su grupo, Cayo Lara, calificó de "demagógicos" los argumentos del ministro. Señaló que tras la reestructuración bancaria y los casi 185.000 millones de euros que el Gobierno ha dado a la banca, el crédito no fluye para las familias ni para las pequeñas y medianas empresas y añadió que la solución no pasa por construir más sino por rehabilitar.