El Consejo Consultivo reprocha a la Junta que apruebe decretos estando en funciones

El Consejo Consultivo reprocha al Gobierno cesante de la Junta de Andalucía que pretenda aprobar decretos sobre asuntos ordinarios cuando se encuentra en funciones. El organismo que preside Juan Cano Bueso aconseja esperar a la constitución del nuevo Ejecutivo para continuar con la tramitación de normas que no tengan acreditada su urgencia o su afección al interés general. Así se recoge en un dictamen emitido el pasado 20 de diciembre acerca del proyecto de decreto de regulación de la asistencia sanitaria podológica específica a personas con diabetes.

La Consejería de Salud elevó el borrador de la norma al Consultivo el pasado 30 de noviembre, justo el día en el que se cerró la campaña electoral y pese a que el Ejecutivo llevaba en funciones desde el 8 de octubre. El Consejo Consultivo considera que su contenido está dentro del ámbito competencial de la administración autonómica. Sin embargo, resalta que “el proyecto de decreto excede el despacho ordinario de los asuntos públicos o al menos cabe sostener que hay una duda razonable que aconseja actuar con prudencia, posponiendo la aprobación del proyecto de decreto hasta que se constituya el nuevo Gobierno”.

“El Consejo Consultivo considera que el Gobierno cesante no debería aprobar el decreto en tramitación a menos que concurra una situación de urgencia o interés general debidamente acreditada”, sostiene el informe, que incide en que en el expediente trasladado por Salud no consta “una motivación explícita y perfectamente razonada” que justifique su promulgación.

La situación sería análoga a la que se produjo con el Plan de Protección del Corredor Litoral, que buscaba proteger una amplia franja de 500 metros en aquellos lugares de la costa donde aún quedaban bolsas de terrenos sin edificar. La norma fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) porque fue aprobado por el Consejo de Gobierno en mayo de 2015 cuando se encontraba en funciones.

Una sentencia del TSJA similar

La tramitación del Plan del Litoral coincidió precisamente con el periodo de interinidad de casi tres meses tras las elecciones del 22-M en el que la investidura de Susana Díaz estuvo bloqueada hasta la firma del acuerdo de legislatura con Ciudadanos.

El TSJA resolvió que el Ejecutivo en funciones no tenía competencias para su tramitación y rechazó que concurrieran circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”. El fallo, dictado a instancias de una demanda del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), también aludió a la “falta de motivación” y al incumplimiento de varias normativas urbanísticas.

Según la sentencia del TSJA, el Gobierno en funciones debe acotar su gestión a “la administración ordinaria ausente de valoraciones y decisiones en las que entren criterios políticos, salvo que se motive debidamente la urgencia o las razones de interés general que justifiquen la adopción de medidas de otra naturaleza”.

En opinión de los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, el plan del litoral podía condicionar la acción política del nuevo gobierno, “dejando al margen la consideración puramente fáctica y contingente de que el nuevo Gobierno está sustentado por el mismo partido político”.

Esta situación, que se refería al año 2015, se agravaría en el caso del borrador analizado por el Consejo Consultivo, ya que comprometería la gestión del Gobierno que previsiblemente presidirá Juanma Moreno si prospera su votación de investidura en el Parlamento de Andalucía. La Junta optó por recurrir ante el Tribunal Supermo, pero el Alto Tribunal rechazó su escrito, ratificando la nulidad decretada por el fallo del TSJA.

Polémica renovación del Consultivo

No es la primera vez que el Consultivo se pronuncia en contra de postulados de la Junta. El organismo, cuya continuidad está en cuestión con la constitución del nuevo Gobierno, advirtió del riesgo de inconstitucionalidad de la aplicación de la jornada de 35 horas para los funcionarios andaluces. Asimismo, aconsejó modificar sustancialmente el proyecto de ley de Formación Profesional, uno de los compromisos del pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos.

Estos dictámenes se emitieron antes de que el Gobierno de Susana Díaz decidiera renovar parte del Consejo sin consensuar su composición con la oposición por primera vez desde su fundación en 1993.