La defensa de varios altos cargos de los ERE llama a Alaya "inquisitorial" por ocultar declaraciones policiales

Sevilla/La defensa de dos ex directores generales del Instituto de Fomento (IFA) ha acusado a la juez Mercedes Alaya de mantener la instrucción del caso de los ERE “a espaldas de los imputados” por no entregar a los abogados todas las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil por los distintos implicados, una actitud que el letrado considera que es más propia de un “sistema inquisitorial”.

El abogado Antonio Jesús Uceda, que defiende a los ex directores del IFA Pablo Millán Márquez y Juan Vela Quiroga, ha presentado un recurso de apelación contra un auto de la juez Alaya que en febrero pasado rechazó entregar a las partes personadas en la causa “todas las declaraciones prestadas en sede policial” y que, según un reciente oficio de la Guardia Civil, ascendía a 15 declaraciones: tres de imputados y 12 de testigos.

Alaya justificó la medida en que sólo se habían incorporado aquellas declaraciones prestadas en sede policial por “personas que estaban convocadas para recibirles declaración judicial” y acordó que el resto se aportaría por la Guardia Civil con el atestado policial relativo al funcionamiento del IFA/Idea. El letrado argumenta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reitera que el artículo 24 de la Constitución Española “prohíbe que el inculpado no haya podido participar en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación se haya fraguado a sus espaldas”.

Para la defensa, Alaya pretende “seguir ocultando a las partes las declaraciones que obran en poder de la UCO, con el pretexto de que así se cumplen los criterios operativos fijados por el juzgado”, por lo que denuncia que se está generando indefensión. “La realización de la instrucción a espaldas de las partes, sin conocimiento ni intervención de las mismas, es absolutamente incompatible con el procedimiento penal que rige en nuestro país y en los países de nuestro entorno cultural, y resulta más propia de un sistema inquisitorial, que deberíamos suponer erradicado”, señala el letrado, que considera además que supone “la vuelta a un procedimiento arcaico” porque, prosigue, se trata de “privar a los imputados de un derecho que se estableció hace más de 130 años”. El letrado alude a que ya en la exposición de motivos de la ley de Enjuiciamiento Criminal, redactada en 1882, se establecía como una de las medidas esenciales la “intervención del procesado en todas las diligencias del sumario tan pronto como el juez estime que la publicidad de las actuaciones no compromete la causa pública ni estorba el descubrimiento de la verdad”.

En la misma línea que este letrado se ha pronunciado el abogado José María Mohedano, que defiende a los ex directores general de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, quien ha recurrido igualmente la decisión de la juez de no entregar todas las declaraciones realizadas en sede policial, por cuanto “las declaraciones continúan desconocidas u ocultas y las partes no pueden acceder a las mismas para preparar la imprescindible defensa de los intereses de sus defendidos”. Mohedano compara esta situación con la de un “dilatado secreto de las actuaciones que la Policía practica de forma autónoma” que, según denuncia, “se repite a lo largo de la instrucción, casi desde sus inicios y que perjudica a veces de manera determinante la defensa de los imputados, con grave vulneración del contenido esencial del artículo 24 de la Constitución Española”.