"En los ERE ha habido un uso fraudulento de un instrumento legal"

El nuevo consejero Justicia recibe a este periódico sólo unas semanas después de su nombramiento. En este escaso tiempo, sus declaraciones sobre la Ciudad de la Justicia de Sevilla y la juez Alaya, ya han generado cierta polémica. Quizás por eso se percibe que no está del todo cómodo ante algunas preguntas. Emilio de Llera (Badajoz, 1951), es un experto jurista que en esta entrevista, la primera que concede desde su nombramiento, explica por qué ha aplazado su salto a la Fiscalía del Tribunal Supremo para atender a la llamada del presidente Griñán.

-¿Qué hace un fiscal en el mundo de la política?

-Yo nunca me había planteado entrar en política. Mi salto a la política, como usted dice, se debe a la capacidad del presidente Griñán para ilusionarme en su proyecto, en el que creo, como creemos todos los que estamos con él. Y también a mi compromiso con Andalucía y, por supuesto, con España, que es mi país. Ello supone asumir este reto aunque suponga renunciar a muchas cosas, entre ellas a mi promoción en la carrera fiscal. Para mí es un honor ser el responsable de este departamento porque soy el primer consejero que procede del mundo de la Justicia y he asumido esta responsabilidad porque creo que puedo aportar mucho por mi larga experiencia dentro de la Administración de Justicia.

-¿Cómo serán ahora las relaciones de la Junta con la Justicia?

-Siguiendo el mandato que me ha encomendado el presidente voy a apostar por un diálogo directo, sincero y de primera mano con todos los operadores jurídicos, con objeto de que tanto el Gobierno tenga una información de primera mano sobre los problemas de la Justicia, como que toda la gente que trabaja en Justicia pueda tener un acceso quizás más cercano con el que hasta ahora no han contado.

-Usted ha dejado claro que no comparte algunas de las decisiones de la juez Alaya. ¿Qué les diría a quienes piensan que fue nombrado para diseñar la estrategia jurídica de la Junta en los ERE?

-Les diría que están en un profundo error. Para decir eso hay que ser decididamente malintencionado o no saber cómo funciona un gobierno. Un gobierno está para gobernar y creo, antes como fiscal y ahora como consejero, en el principio de división de poderes y yo pertenezco al Ejecutivo y no estoy en el entorno del Poder Judicial como antes. Mi nombramiento se debe exclusivamente a la confianza que ha depositado en mí el presidente Griñán y que yo le agradezco porque para mí es un verdadero honor.

-¿El presidente Griñán le ha dado alguna instrucción al respecto? Se lo digo porque la Junta está personada como acusación particular en el caso y hay un ex consejero de Empleo en prisión provisional.

-No. El presidente no me ha dado ninguna instrucción, porque además no es un cosa que sea de su competencia ni de la mía. Para la defensa en juicio de los intereses de la Junta de Andalucía está el gabinete jurídico, que cuenta con unos profesionales extraordinarios y que es quien debe adoptar las decisiones procesales propias de interés dentro de cada procedimiento en el que la Junta esté personada.

-El PP le acusa ya de haber sido nombrado para "tapar y blindar" a los miembros de la Junta...

-Ya he dicho lo que pienso sobre eso. Entiendo que en la confrontación política se digan cosas como éstas y otras parecidas, pero desde luego en mi caso con una absoluta falta de razón. Es evidente.

-¿La investigación judicial ha destapado una auténtica trama para saquear las arcas públicas y beneficiar a personas próximas al PSOE y a la Junta, como entiende la instructora, o se trata de irregularidades atribuibles sólo a unos pocos?

-Yo como fiscal no he tenido nunca responsabilidad en el procedimiento de los ERE. Desconozco desde el punto de vista profesional qué es lo que hay ahí y consiguientemente no voy a entrar a valorar esa cuestión. Sí quiero recalcar que las ayudas formaban parte de una línea legalmente establecida y que han servido para reflotar muchas empresas en crisis y mantener muchos puestos de trabajo en Andalucía. Parece que ha habido un uso fraudulento de este instrumento legal, pero no se puede generalizar, y ese uso fraudulento es precisamente lo que está siendo objeto de la investigación judicial. De verdad le digo que el Gobierno andaluz es el primer interesado en que se averigüe la verdad y se persiga y se condene a las personas que hayan podido ser responsables y que se devuelvan a las arcas públicas el dinero que haya podido salir de las mismas para ese fin fraudulento.

-Su afirmación sobre la belleza de juez Alaya no fue muy acertada...

-Yo ya lo aclaré y lamento la posible mala interpretación que se ha hecho de mis palabras. Mi única intención era poner en valor su capacidad de trabajo y su profesionalidad. Cualquiera que me conozca sabe que estoy por la igualdad del trabajo entre hombres y mujeres, y tampoco había ninguna velada intención machista en mi expresión.

-La Justicia ha sido tradicionalmente la hermana pobre y en una época de crisis, ¿en qué lugar quedan las reformas que necesita?

-Es verdad que con los recortes que ha impuesto el Gobierno central de Madrid a la Junta nos han dificultado enormemente la realización de grandes obras. Unos recortes que son absolutamente injustos, arbitrarios y creo que muchas veces son hasta innecesarios. Pero nosotros no tenemos que recortar, como hace Madrid, sino reajustar lo poco o mucho que nos quede porque los servicios de Justicia, como los de salud o de educación, son esenciales para la ciudadanía. Vamos a seguir trabajando en cuestiones de muchísima importancia como la implantación generalizada en toda Andalucía de la nueva oficina judicial y también de la fiscal. Se trata de racionalizar, reorganizar y optimizar recursos. Un ejemplo es el uso del envío postal en lugar del burofax, que ha supuesto en el primer trimestre un ahorro de 145.000 euros, y otro ejemplo son las notificaciones telemáticas a través del sistema Lexnet, que llevamos ya casi dos millones.

-Los jueces siguen reclamando la creación de más juzgados...

-Hay que reconocer es que los jueces se quejan con no poca razón. Comparto sus preocupaciones y las del resto de profesionales de la Justicia. Soy consciente de la excesiva carga de trabajo que sufren todos, no sólo los jueces, fiscales y secretarios, sino los propios funcionarios de Justicia, que realizan muchas veces un esfuerzo no reconocido ni por la sociedad ni por los medios de comunicación, y que con su esfuerzo están supliendo las desmejoras que hay en todos los campos de la Administración.

-¿Los jueces también reclaman servicios comunes para tramitar las ejecutorias?

-Cuando yo llegué a la Consejería ya había 46 partidos judiciales que tenían el sistema de la oficina judicial y siete servicios comunes de notificaciones y embargos.

-¿Qué le parece el proyecto del CGPJ que reducirá drásticamente los partidos judiciales?

-Es un documento de trabajo, pero va para largo, y se tiene que oír a las comunidades autónomas. Defenderemos la racionalización de los servicios de Justicia, pero también que se busque y asegure la cercanía de la Justicia a los ciudadanos.