Fernández alega que el Parlamento y su Gobierno avalaron la concesión de las ayudas

La cárcel no sienta igual a todos. Si al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero casi no se le notó el miércoles pasado que aún está en la de Sevilla I, a su ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que ha pasado casi cuatro meses en prisión y que lleva 14 días en libertad bajo fianza, la estancia forzada le ha servido para adelgazar, terminar de encanecer su pelo y pensar bastante, quizás demasiado en algunos momentos, sobre lo sucedido con los ERE.

Fernández acudió ayer al Parlamento a la comisión que investiga este caso de corrupción, y fue el primero de los imputados que respondió a todas las preguntas de los partidos, aunque, en un tono bastante solemne, aseguró que no era su voluntad y que le parecía "deleznable" que personas procesadas por la juez Mercedes Alaya, que instruye el proceso penal, tuvieran que oír algunas preguntas que él considera atentatorias contra su dignidad y que le hacen saltar en los interrogatorios, lo que provoca la vulneración del derecho a no declarar. Por ello, Fernández, como ya hizo el ex parlamentario Ramón Díaz el martes, acusó a la comisión de coacción por obligarles a mantenerse en la sala durante la lectura de todas las preguntas. Así, que tras realizar un alegato de una hora, en la que defendió la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis, Fernández pareció que no iba a responder y casi todos los presentes intuyeron, además, que se iba a levantar y marcharse, pero se prestó a contestar a todas su preguntas. A su manera, es cierto; en función de su interés, pero aguantó el turno entero, durante el cual, el más incisivo fue el portavoz del PP, Rafael Carmona, que sí le arrancó que no había un registro de solicitud de las ayudas que se concedían a las empresas ni una norma publicada que regulase la concesión de las ayudas.

¿Por qué, entonces, es legal el sistema? El argumento de Fernández es que el convenio que se firmó en 2001 entre la Consejería de Empleo y el entonces IFA para conceder ayudas a empresas era el que sustentaba la partida 31L del Presupuesto General de la Junta, que es aprobado cada año por el Parlamento y enviado a la Cámara por el Consejo de Gobierno. Para Fernández, por tanto, un sistema legal, que, además, durante los años en los que fue consejero, de 2004 a 2010, no fue criticado por nadie. "Nunca, en los seis años en los que fue consejero, recibí la mínima reprobación de este Parlamento", señaló Fernández, que además entró al ataque, y recordó cómo una parlamentaria del PP solicitó 1.100 millones de euros para ayudas a las minas de Alquife, cómo IU pedía que los trabajadores de las empresas auxiliares también cobrasen la renta cuando cerraba la compañía ayudada o cómo "la alcaldesa Teófila (de Cádiz) o José Loaiza (hoy presidente de la Diputación de la misma provincia)" requería a los eventuales de las auxiliares de Delphi que exigiesen a la Junta el mismo trato.

La responsabilidad que Fernández atribuye al Parlamento, bien por aprobar el Presupuesto -algo que sólo votaba afirmativamente el PSOE y, en su día, el PA- o por las intervenciones de parlamentarios del PP y de IU de más ayudas, fueron rebatidas por los miembros de la comisión de estos dos partidos. "No culpe al Parlamento de los intrusos", le espetó la portavoz de IU, Alba Doblas. Pero es que Fernández no culpaba al Parlamento, o a su propio Gobierno, porque también explicó que los consejeros "entre los meses de septiembre y octubre" discutían las partidas, incluida la 31L, es que la considera legal. El argumento del ex consejero es que empresarios, sindicatos, partidos, Gobierno y Parlamento conocían que en Andalucía se condecían ayudas a los desempleados afectados por los ERE: "¿Nadie conocía en Andalucía que se daban ayudas a Santana o a Minas de Alquife? De hecho, especificó que para el Presupuesto se hablaba con la Consejería de Economía, presidida durante parte de su mandato por el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, al que se cuidó mucho de no citar, al igual que el nombre de Manuel Chaves, a pesar de las insistentes preguntas del PP.

Para explicar las ilegalidades, Fernández se acogió al argumento de que "el delincuente" comete sus acciones así, para que no se conozcan, y que él sólo supo de una ayuda que no se debía conceder en la Sierra Norte, y la paró. "Tengo las manos limpias; la maldad no está en el procedimiento -se refirió a las ayudas-, sino en el ser humano".

El PP criticó que Fernández, tal como hizo su antecesor José Antonio Viera, se acogiese al argumento de que un consejero no tiene por qué saber qué hace un director general, en este caso Francisco Javier Guerrero, el hombre que durante nueve años manejó 1.217 millones de euros. Tal como explicó el portavoz popular Rafael Carmona, es como si la Junta la gobernasen unos entes autónomos llamados directores generales y ambos, tanto Fernández como Viera, rehuyeron que fueran ellos quienes nombrasen: lo ratificaron porque estaba en Trabajo desde 1999. Ante la insistencia de Carmona, Fernández terminó admitiendo la realidad: que él lo nombró, pero en su intervención final se desquitó. Aseguró que la cárcel le había producido "un sufrimiento" que no se lo deseaba a nadie y que había soportado el "abrazo farisaico" que Javier Arenas le dio en el restaurante Oriza de Sevilla horas antes de que la juez Alaya lo enviase a prisión. Según Antonio Fernández, Arenas no le dijo que el PP, tal como hizo, pediría por la noche su prisión incondicional.