La Fiscalía pide hasta seis años de cárcel en el primer juicio de Invercaria

La Fiscalía Anticorrupción mantiene los cargos en el primer juicio de Invercaria. El Ministerio Fiscal ha elevado este martes a definitivas sus conclusiones provisionales en las que solicita seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, así como otros dos años y medio de prisión y 11 años de inhabilitación para la ex administradora única de la empresa Aceitunas Tatis, Gracia Rodríguez Cortés, en relación el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a esta empresa de La Carolina (Jaén). Además, ha reclamado que ambos indemnicen conjunta y solidariamente a Invercaria en la cantidad de 108.732 euros.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PP ha retirado el delito de tráfico de influencias que solicitaba a ambos acusados, por el que pedía un año más de cárcel a Tomás Pérez-Sauquillo y seis meses de prisión para Gracia Rodríguez, y ha solicitado la misma condena que el fiscal para ambos por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La acusación particular de la agencia Idea ha elevado también a definitivas su petición, que coincide con las penas solicitadas por el Ministerio Público.

Las defensas han elevado igualmente a definitivas sus conclusiones, en las que solicitan la libre absolución del ex presidente de Invercaria y de la administradora de Tatis.

En su escrito de conclusiones provisionales ahora elevado a definitivo, el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto recoge como hechos probados que la acusada, “acuciada por las deudas y la deficiente situación económica” de la empresa, acudió a la sede de Invercaria y “logró acceder directamente” a su presidente y consejero delegado, “llegando incluso a interrumpir una reunión que mantenía con otros directivos de la sociedad”.

“Sin ninguna solicitud previa y sin aportar ningún documento, y sobre todo sin ningún análisis”, la administradora única de Aceitunas Tatis obtuvo un préstamo participativo de 100.000 euros “gracias a la personal decisión” de Pérez-Sauquillo. Su destino fue “el pago a acreedores, sin que respondiera a ningún fin propio de capital riesgo”, asevera la Fiscalía, que reprocha que el expediente de concesión del préstamo “está huérfano de toda documentación”.

Una vez elevadas las conclusiones a definitivas, el juicio continúa con los informes definitivos del Fiscal y de las acusaciones populares.