La Fiscalía se opone a la recusación de Alaya a pesar a sus “desafortunadas” declaraciones

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que la juez Alaya sea apartada del juicio por las ayudas concedidas por Invercaria a la empresa Servivation, a pesar de que reconoce que las declaraciones realizadas por la magistrada son “desafortunadas”.

Así lo expone el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño, en un escrito presentado en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en el que rechaza la recusación presentada por el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo contra la magistrada, que ha sido designada ponente de ese juicio y a la que Vallejo acusa de haber perdido su apariencia de imparcialidad por su “antipatía y animadversión” al PSOE.

La Fiscalía no está de acuerdo con los argumentos presentados por Vallejo, que está representado en esta causa por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, al no compartir que la juez tenga perjuicios evidentes contra el ex consejero andaluz y haya perdido la apariencia de imparcialidad. “Sin entrar a valorar una manifestaciones desafortunadas, el objeto de las mismas es que la magistrada en cuestión, mantiene que se le removió de su cargo como instructora del procedimiento conocido como ERE, en una suerte de conjura entre los principales partidos políticos de este país, para que no investigara ni este asunto, ni el conocido como de los fondos de Formación”, precisa el representante de la Fiscalía Anticorrupción.

Fernando Soto añade que la “única manifestación” relativa a la causa en la que está procesado Francisco Vallejo en esta pieza de Invercaria es cuando se le pregunta sobre si debería de crearse “juzgados especializados en corrupción”, a lo que la juez Alaya contestó diciendo que hay casos como el de los ERE, avales o Invercaria que no pueden ir a la Audiencia Nacional, por lo que deberían crearse esos juzgados dedicados en exclusiva a asuntos de corrupción en la capital donde está ubicada la sede política de cada comunidad autónoma.

Dice el fiscal que ésta es la “única mención” de Alaya al caso Invercaria a lo largo de sus declaraciones, por lo que el resto son “deducciones y argumentaciones realizadas por la representación del promotor carentes de apoyo fáctico y probatorio, por lo que no puede proceder ni estimarse el incidente de recusación”.

La Fiscalía Anticorrupción insiste en que en ningún pasaje de sus declaraciones la magistrada expresa “opinión alguna y en ningún sentido” sobre el asunto de Invercaria en cuyo juicio ha sido designada ponente –lo que implica que será ella la encargada en su día de redactar la futura sentencia después de la deliberación con los otros dos magistrados que componen la Sala–.

Para el fiscal, Alaya “tan sólo se limita a enumerarlo [el caso Invercaria] como uno de los llamados macrojuicios a los que debe de enfrentarse la Audiencia Provincial de Sevilla y donde expresa su opinión sobre la necesidad de contar con juzgados especializados”. Por todo ello, el fiscal se opone a la estimación de la causa de recusación, sin perjuicio de que se dé trámite al incidente de acuerdo con el artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), “todo ello sin prejuzgar el alcance de su informe final”, concluye Fernando Soto.

Por su parte, el ex consejero Francisco Vallejo considera que las manifestaciones de Alaya suponen una causa de recusación legal del artículo 219.10 de la LOPJ, por “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”, y recuerda la doctrina del Supremo, según la cual, “la imparcialidad de un juez no sólo debe ser real sino que alcanza a su propia apariencia, siendo ésta una convicción absolutamente necesaria en una sociedad que descansa por su naturaleza, en el libre y racional consentimiento que otorgan los ciudadanos a los poderes públicos”.

Vallejo no duda que es “lícito que todo juzgador pueda tener una u otra ideología, o que pueda simpatizar o no, con alguna u otra fuerza política, sin que por ello se tenga que ver afectada su imparcialidad”, pero en el caso de Alaya entiende que ha exteriorizado “repetida, pública, notoria y ostensiblemente la antipatía que siente con respecto a una determinada fuerza política, superando lo que sería una mera crítica política y llegando a manifestar verdadera animadversión” al PSOE, partido que la juez “está convencida de que le ha atacado y dañado en su labor jurisdiccional”.