El Gobierno de Juanma Moreno amarra dos presupuestos con Vox

El acuerdo permite casi asegurar la legislatura sin grandes sobresaltos

Elías Bendodo se reunió el martes con Espinosa de los Monteros para alcanzar un acuerdo

PP-A, Cs y Vox suscriben su primer acuerdo para el Gobierno andaluz.
Juan Manuel Marqués Perales

13 de junio 2019 - 05:00

Alguien en el Gobierno andaluz calculó muy mal los plazos, apartó la discusión de los Presupuestos de 2019 de la campaña electoral de las municipales, retrasó hasta junio su entrada en el Parlamento, pero hizo que el debate de la totalidad coincidiese con la negociación de la constitución de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Alguien le regaló a Vox un magnífico instrumento de relevancia, le dio la oportunidad de amagar con vetarlos y los voxeros han exprimido el juguete hasta la tarde de ayer, cuando retiraron la enmienda a la totalidad en pleno debate. No obstante: el presidente Juanma Moreno se lleva un acuerdo de dos años, que le permite amarrar casi toda su legislatura.

El Gobierno supera este primer trámite después de haber temido por un fracaso de lo que es un paso en cierto modo innecesario –las cuentas apenas tendrán cuatro meses de vigencia–, pero que da solidez a la voluntad del bipartito de proyectar una imagen de ortodoxia fiscal desde Andalucía. El Ejecutivo consiguió el acuerdo el martes por la noche. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, cerró el documento con el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros ese día en Madrid.

El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, anunció la retirada del veto cuatro horas y media después de que comenzase el debate. Y lo hizo tras un complicado ejercicio de mimetización de lo que es una rectificación, cuyo final fue el siguiente: “Llegados a este punto, hemos estado trabajando en la búsqueda de soluciones, no en hacer el gamberro ni en hacer teatro, y lo más fácil es mantener la enmienda, porque nuestro rival político son los señores del PP y, en menor medida, los de Ciudadanos; pero nosotros no hacemos estas reflexiones, tenemos que reconocer que, gracias al acuerdo y al trabajo de un grupo interdisciplinar de voluntarios, hemos llegado a puntos de acuerdo y le pido al consejero que ratifique los puntos a los que hemos llegado”. En definitiva, lo que se esperaba desde que comenzó la sesión.

En su respuesta, Juan Bravo explicó el contenido de ese acuerdo con Vox, aunque en realidad son puntos que ya se recogían en el proyecto de Presupuesto o son afirmaciones que nadie puede contravenir, tales como “crear empleo de calidad”, “luchar contra la corrupción”, “alcanzar la suficiencia financiera”, “eliminar los organismos superfluos”, “fomentar la vida familiar o realidad” y “ayudar a las mujeres con embarazos no deseados”. Según el consejero, todo se encuentra ya en este proyecto, algunos elementos son matizaciones y otros están fuera de las competencias de la Junta. Juan Bravo y Alejandro Hernández dedicaron su diálogo parlamentario a criticar la actitud del PSOE y de Adelante Andalucía.

“Nosotros vamos a retirar le enmienda a la totalidad, porque ayer encontramos puntos de avance entre la discrepancia”, contestó el de Vox, que indicó que alguno de los acuerdos supone que se suprimirá la expresión “violencia de género” en la Junta y que se hablará de “inmigración ilegal” en los Presupuestos. El portavoz de Vox se defendió ante el PSOE de las injerencias madrileñas: “Yo recibo llamadas de Madrid, claro, es que hablo con el presidente nacional de mi partido, don Santiago Abascal, con el secretario general, don Javier Ortega Smith, y con mi portavoz, don Iván Espinosa de los Monteros, pero es que ustedes no hablan con la Moncloa, donde vive ese inquilino provisional”.

Cabe preguntarse para qué presentó Vox este veto en vez de negociar enmiendas. El partido de Abascal lo planteó a la vez que Adelante Andalucía y que el PSOE. Si los tres hubieran votado de modo conjunto, el Gobierno habría encajado su primer varapalo político. Después de varios días de negociación entre el PP y Vox, en los que aparentemente no se avanzó nada, los parlamentarios de Francisco Serrano terminaron por retirarla, por lo que el proyecto de Presupuestos seguirá su cauce en la correspondiente comisión. Es ahora cuando se abre la posibilidad de negociar partidas, aunque no puede variar ni el gasto total ni el objetivo de déficit.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, estuvieron negociando las cuentas hasta el martes por la noche. El titular de Economía, Rogelio Velasco, estuvo al teléfono, y el de Presidencia, Elías Bendodo, viajó a Madrid. Y es que la negociación con Vox no ha sido más que un ariete de presión de Santiago Abascal contra Ciudadanos para presionar sobre las composiciones de los gobiernos municipal y autonómico de Madrid. Y es que el trasfondo de estos días no ha sido andaluz, sino madrileño.

En las reuniones previas, el grupo de extrema derecha no ha sabido explicar qué elementos concretos deben cambiar. En lo que Vox más ha insistido es en la reducción de la administración paralela de la Junta, pero el PP le ha explicado que esto necesita tiempos administrativos y, sobre todo, el estudio de funcionamiento y dimensiones de cada uno de los entes. Esto es lo que se ha puesto en marcha, pero no permite sacar el borrador y eliminar, de modo instantáneo, a agencias, consorcios y empresas. Entre otros motivos, porque buena parte de éstas tienen su función y sentido de ser.

El Gobierno andaluz no tenía obligación de presentar un Presupuesto cuya vigencia concluye en seis meses, y menos si se considera que los del Estado están prorrogados. Pero el PP y Ciudadanos querían proyectar entre los agentes económicos que en Andalucía ha comenzado un nuevo tiempo en el que todo se hará mejor. Eso es lo que puso en riesgo Vox con su enmienda a la totalidad: destrozar esa imagen que el Gobierno de Juanma Moreno está comenzado a construir.

El Presupuesto de 2019 es un 5% mayor que al anterior, son 36.495 millones de euros. Ahora será en la comisión donde se debatirán y aceptarán algunas enmiendas de Vox. El Gobierno espera a tenerlos aprobado el 18 de julio.

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