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El bipartito de PP y Ciudadanos se pone manos a la obra con la eliminación de los aforamientos. El próximo martes, en la reunión del Consejo de Gobierno, se darán los primeros pasos para eliminar el tratamiento especial, a nivel judicial, que reciben el presidente de la Junta, los miembros de su gabinete y los parlamentarios regionales. Se trata de uno de los compromisos que populares y naranjas colocaron en la lista de 21 medidas a impulsar en los 100 días posteriores a su desembarco en San Telmo.
Ha sido Juan Marín, vicepresidente de la Junta y también consejero de Justicia y Regeneración, entre otras cosas, quien lo ha publicado en su cuenta de Twitter. Poco después lo confirmaron el propio Juanma Moreno –en el acto de suelta de un lince en el espacio natural de Doñana– y el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, quien reveló que el impulso a esta iniciativa se abordará en la reunión semanal del Gobierno andaluz.
La supresión de los aforamientos es una de las prioridades de Ciudadanos desde que irrumpió en la política andaluza. Los naranjas incluyeron la reforma en el pacto con el PSOE que permitió, en junio de 2015, a Susana Díaz ser elegida presidenta de la Junta.
A la postre, fue el motivo público de la ruptura del acuerdo y, por lo tanto, de la convocatoria de las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. En las negociaciones para la formación del Gobierno del cambio, los naranjas volvieron a colocar la supresión de los aforamientos entre sus condiciones para apoyar al PP, conscientes de que para conseguir su objetivo necesitan reformar el Estatuto de Autonomía.
Las políticas de regeneración son una de las banderas de Ciudadanos. La muestra es que forman parte del nombre de la consejería que dirige Juan Marín, que llegó a decir en los últimos momentos de la pasada legislatura que se habría conformado con el comienzo de los trámites que ahora impulsará desde el Gobierno.
El propio Ejecutivo puede poner en marcha una modificación de la norma andaluza de mayor rango, pero debe contar con el apoyo de dos tercios de laCámara, antes de ir al Congreso de los Diputados para que se apruebe como ley orgánica, que después debe ser confirmada en un referéndum.
La consulta popular puede quedar descafeinada por la escasa participación en un momento de alta desafección ciudadana hacia la política, pero más complicado parece lograr el apoyo de un Congreso de los Diputados marcado por la polarización y, a un nivel más cercano, convencer a alguno de los grupos de la oposición para que la reforma consiga el visto bueno del Parlamento de Andalucía.
La mayoría que sostiene al Ejecutivo de Juanma Moreno con los votos de PP, Ciudadanos y Vox se queda a 14 escaños de los dos tercios, por lo que necesitan convencer a Adelante Andalucía, que también es partidario de la eliminación de los aforamientos.
El concurso del PSOE es más difícil, puesto que los socialistas apuestan por eliminar esta condición de los parlamentarios y miembros del Gobierno andaluz con una reforma a nivel nacional, que, por el momento, no está encima de la mesa.
En cualquier caso, será “un trámite largo”, como reconoció ayer el propio presidente de la Junta, quien calificó de “pionera” la reforma. “Nosotros cumplimos lo que pactamos”, defendió Moreno, quien cree que la eliminación de los aforamientos será “positiva” y servirá, precisamente, para acercar las instituciones a los ciudadanos y colaborar en la tarea de acabar con la desafección política.
El mandatario popular colocó a esta modificación del Estatuto dentro de las iniciativas encaminadas a “la regeneración ética de la vida pública”, donde también está la creación de la Oficina de lucha contra el Fraude y la Corrupción. Su vicepresidente, Juan Marín, adelantó ayer también que el Consejo de Gobierno aprobará este martes el anteproyecto de ley de protección de los testigos que denuncien casos de corrupción.
“El objetivo es que nunca más se vincule a Andalucía con irregularidades y corruptelas”, dijo Juanma Moreno en su comparecencia de ayer en Almonte, donde explicó que las políticas de regeneración componen uno de los tres ejes del bipartito entre PP y Ciudadanos, junto con la mejora de los servicios públicos y la creación de empleo.
“Poco a poco vamos configurando todo ese entorno para que las tres sean realidad”, insistió el jefe del Ejecutivo. Analizando la batería de medidas aprobadas en las cinco reuniones del Consejo de Gobierno, el ritmo de impulso de las 21 medidas prioritarias para populares y naranjas es alto. A la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones y las auditorías, hay que añadir la ampliación de la tarifa plana de los autónomos, el impulso de la comisión sobre la Faffe y la oficina contra el fraude, así como la reducción de la estructura de la Junta, entre otros.
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