El Gobierno medita, las comunidades recelan y la Junta reta a un acuerdo

El Gobierno central no ha encontrado aún una respuesta firme ante el decreto ley presentado por la Junta de Andalucía para sancionar a las entidades financieras y evitar los desahucios de personas en exclusión social con la expropiación de los inmuebles de los bancos durante tres años. Si el miércoles el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que estudiará el "encaje legal" del decreto de la Junta de Andalucía, ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato, fue la única representante del Gobierno que se pronunció. Y tiró del argumentario conocido de que la respuesta tiene que ser a nivel nacional, aunque se expresó de una manera un tanto extraña. Mato consideró que le habría gustado que la medida de la Junta de Andalucía para expropiar temporalmente a los bancos el uso de las viviendas se hubiese presentado y debatido en el Congreso de los Diputados.

El decreto ley se tramitará como ley en el Parlamento andaluz. El PP andaluz anunció ayer que se harán las "enmiendas pertinentes", pero su oposición atávica a IU y en particular a Elena Cortés no encuentra por el momento argumentos. Más de la mitad de la intervención parlamentaria ayer de la diputada Alicia Martínez en comparecencia parlamentaria fue enfocada a la gestión del Gobierno del PSOE y a otros pronunciamientos de la consejera, como su apoyo a los escraches.

Ante esta perspectiva, la respuesta más severa del PP ha llegado a través de sus comunidades autónomas. La crítica en las comunidades populares fue generalizada y en el caso de Castilla-La Mancha, el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, consideró que la Junta con el decreto sólo busca "el titular y contentar a determinada parroquia, más que a solucionar problemas reales".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avisó ayer de que ve "muy peligroso" e incluso "más común en otros países" que el plan andaluz para frenar los desahucios incluya la posibilidad de expropiación temporal, por lo que aconsejó a la Junta a reflexionar al respecto. Y es que, según alegó, "a veces las soluciones más fáciles son las más inteligentes". El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha dado instrucciones "precisas" para estudiar la aplicación del decreto.

Por su parte la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, planteó ayer a a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que convoque una conferencia sectorial con las comunidades para debatir sobre los desahucios y para que la Junta explique con detalle el nuevo decreto ley. Cortés ofreció esa posibilidad para "ayudar desde las comunidades a cambiar esa injusticia social" que suponen los desahucios dentro de las competencias autonómicas para paralizar los lanzamientos.