El Gobierno presenta ante el Constitucional un recurso contra el decreto andaluz antidesahucios

Sevilla/El Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el decreto andaluz sobre desahucios, que si es admitido a trámite, supondrá la suspensión cautelar de la norma, cuya "legalidad jurídica plena" ha sido defendida por la Junta de Andalucía. El recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz entró el martes en el registro del Constitucional y de ser admitido a trámite -probablemente el jueves- conllevará la suspensión de dicha norma durante el plazo de cinco meses, según ha informado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.

Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de diez viviendas a los bancos: cuatro para familias de Málaga, dos de Granada, dos de Huelva y uno de Sevilla y de Cádiz, según la Consejería de Fomento y Vivienda. Al margen de la permanencia de este recurso, el Gobierno ha enviado un fax al Ejecutivo andaluz en el que le ofrece una "vía de diálogo informal" en la Subcomisión de Conflictos entre Gobierno y comunidades autónomas, en respuesta a la petición realizada hace unos días por la Junta de Andalucía de abrir una negociación bilateral sobre este conflicto.

El gobierno regional ha defendido la constitucionalidad de la norma, que en palabras de la consejera Cortés tiene "legalidad jurídica plena como la luna llena", y ha reclamado que el diálogo no sea informal sino "formalmente". Cortés cree que "(Mariano) Rajoy abusa de su prerrogativa para presentar este recurso de inconstitucionalidad" y considera que el Gobierno recurre este decreto "porque funciona, porque en este año hemos demostrado que hemos sido capaces de aprobar un decreto ley que protege la vida de las familias". A propósito de la reunión mantenida con altos funcionarios de la Comisión Europea, Cortés explicó que les ha hecho llegar documentos explicativos sobre la legalidad de la norma y su "respeto escrupuloso al Estatuto de Autonomía andaluz y la Constitución español".

Para el Ejecutivo central está claro que la norma andaluza "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad". La portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, ha afirmado que el Gobierno ha dejado claro que "la vivienda es un mercado" y ha anunciado que su grupo pedirá en la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que dé explicaciones.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), ha insistido en que el decreto es constitucional y ha dicho que si el Gobierno central "paraliza la acción de defensa de las familias afectadas por desahucios, el rostro de cualquier desahucio tiene el rostro del PP y del presidente del Gobierno". IU ha pedido a la ciudadanía que participe en una jornada de protesta convocada para el viernes en Granada contra el recurso del Gobierno y en defensa de su funcionamiento, que ha permitido, dice, que afloren las VPO vacías en manos de los bancos.

Según el decreto, la expropiación temporal (cuyo paso previo es la publicación en el BOJA) se puede aplicar a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Tras su publicación, la sociedad adjudicataria del piso dispone de quince días para presentar alegaciones y, si no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno.

Además de la expropiación, el decreto prevé sanciones para viviendas vacías y, para ello, la Consejería ha puesto en marcha un plan extraordinario de inspección para detectar casas vacías, que si se mantienen en esa situación seis meses pasarán a formar parte del primer registro de inmuebles deshabitados y sus poseedores serán sancionados sin son personas jurídicas o recibirán un incentivo para que las alquilen si son personas físicas.