Imputados el actual director de Empleo y su antecesor en el fraude de los ERE

Sevilla/La jueza que investiga los ERE irregulares, Mercedes Alaya, ha imputado a una veintena de personas, entre ellos el actual director general de Empleo, Daniel Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, así como a varios responsables de consultoras, abogados, empresarios y sindicalistas. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha emitido un auto en el que se imputa al actual director general de Empleo por ordenar el 1 de septiembre del 2010 pagos a favor de ex trabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa.

Igualmente, imputa a su antecesor Juan Márquez por autorizar la inclusión de intrusos en los ERE de las empresas Surcolor, Aglomerados Morell, Río Grande y Calderinox, esta última en la que se incluyó al ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, aunque nunca trabajó en ella. Juan Márquez y Daniel Rivera sucedieron al frente de la Dirección General de Empleo a Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la trama y que llegó a definir como "fondo de reptiles" las ayudas que se otorgaban a través de la Agencia IDEA -antiguo IFA- para financiar ERE irregulares y subvenciones en las empresas.

Guerrero ha sido citado por la jueza el próximo 23 de febrero a las 10:30 para declarar en calidad de imputado, después de que el jueves testificara ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la que confesó que sus decisiones no eran "unipersonales" sino "compartidas" con los consejeros. Imputados están también el ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín y el exconsultor de esta empresa Jesús Bordallo, consultoras que tramitaron los ERE y que llegaron a recibir comisiones del 25 por ciento por su trabajo. En el auto también se imputa a dos dirigentes de CCOO en el sector del metal, Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca, además de los responsables de las empresas Calderinox, Acyco, Aglomerados Morell, Surcolor y Río Grande.

En el escrito se requiere a la Agencia IDEA que remita al juzgado un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a las consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente, desde 2001 hasta 2010. A raíz de la petición en un auto anterior de la jueza para que la Junta investigara las ayudas concedidas en esas consejerías, se ha puesto de manifiesto que los créditos definitivos de las aplicaciones presupuestarias correspondientes a transferencias corrientes y de capital que han servido de financiación para el IDEA han sido de 4.315 millones en el período 2001-2010.

La jueza pide a la Junta las comunicaciones a la Comisión Europea relativas a las ayudas de Estado concedidas a las empresas por las diferentes consejerías desde el 2001 hasta la actualidad. En el mismo sentido, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las consejerías que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea (CE) durante el mismo período.

La Junta considera "infundada" la imputación de Rivera y defiende su gestión

La Junta de Andalucía ha defendido la gestión del director general de Empleo, Daniel Rivera, y ha considerado la actuación de la juez Alaya "infundada" y "poco sostenible". La Oficina de la Portavoz del Gobierno andaluz ha señalado en un comunicado que, "sin perjuicio de un análisis más profundo de los hechos que se imputan", considera "escasamente fundada dicha imputación". El Gobierno regional quiere ser "contundente" al afirmar que Rivera "no tiene la menor responsabilidad en la inclusión en dicho expediente de personas que no tuvieran derecho a ello". Según el Ejecutivo regional, la póliza fue tramitada cuatro años antes de que fuera nombrado director general y él firmó la resolución "cuando no había ningún indicio de irregularidad".

Ha indicado que Rivera fue el responsable que adoptó las primeras decisiones de paralizar pagos en el expediente de Mercasevilla cuando surgieron irregularidades, así como de la investigación realizada por la Junta "por la que se detectaron los denominados intrusos en los diferentes expedientes, seis meses después de la fecha de la resolución por la que se le imputa ahora". Por ello, la Junta ha manifestado su "sorpresa" por la imputación de Rivera "cuando los hechos investigados tienen su origen mucho antes de su nombramiento" y ha lamentado que "resulte imputado un responsable político que viene dedicando buena parte de sus esfuerzos desde su nombramiento a esclarecer este caso, siempre en defensa del interés público".

Respecto a las nuevas peticiones de información y documentación "serán analizadas por los servicios jurídicos y se tramitarán como viene haciéndose ahora", ha apuntado la Junta, que ha reiterado su "confianza" en la Justicia y su disposición en investigar el caso "hasta el final". Ha añadido que confían en que no se haga "un mal uso político" de las decisiones judiciales y que el PP colabore "en la búsqueda de los culpables en lugar de buscar réditos políticos cortoplacistas".