Javier Guerrero vuelve a disponer de dos abogados para otros 104 juicios

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero vuelve a sumar a dos abogados para que le lleven su defensa en otros 104 posibles juicios relacionados con el escándalo de los ERE. Los letrados Carlos Sierra y Rafael Ramírez García del Junco, que en abril pasado renunciaron a la defensa coincidiendo con el cambio de defensa en la pieza del "procedimiento específico" -donde Fernando de Pablo renunció y fue relevado por José Ávila-, han vuelto a asumir su representación jurídica tras las "discrepancias" que provocaron su renuncia.

Carlos Sierra y Rafael Ramírez confirmaron ayer a este periódico que la renuncia inicial se produjo por las "discrepancias" en la línea de defensa, dado que se había emprendido una nueva línea "absolutamente distinta y opuesta" de la que se había seguido hasta ese momento.

Sin embargo, el ex director de Trabajo ha vuelto a contactar con estos letrados y ha "aceptado la línea de defensa" que plantean Carlos Sierra y Rafael Ramírez, por lo que ambos abogados han vuelto a asumir la defensa en el resto de las 104 piezas de los ERE en las que actualmente está siendo investigado Javier Guerrero.

Los letrados confirmaron que ya han confirmado que, a partir de ahora, comenzarán a solicitar que Guerrero sea excluido en cada una de estas piezas, en aplicación del criterio de la Audiencia de Sevilla de aplicar el "non bis in ídem" a los ex altos cargos que están siendo enjuiciados en el "procedimiento específico" de los ERE, lo que significaría que no podrían en principio ser juzgados en el resto de las piezas abiertas.

Guerrero es el principal acusado en este juicio, donde se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Pero no es la única acusación que pesa sobre el ex director de Trabajo, dado que la Fiscalía de Sevilla también solicita una condena de diez años de prisión, 32 años de inhabilitación y una multa de 13.500 euros para cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo y Seguridad Social imputados en el caso de los ERE –Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera-, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores del "círculo de amigos y familiares" de Javier Guerrero a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió "total y absolutamente del procedimiento de contratación".

Javier Guerrero también está acusado por las ayudas que concedió a su ex chófer, Juan Francisco Trujillo. En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción reclama sendas condenas de 14 años de prisión y 30 años de inhabilitación para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con las ayudas que por importe de 1.475.028,01 euros le concedió el primero y parte de las cuales fueron empleadas en la compra de regalos y cocaína.