Tribuna de opinión
Salvador Gutiérrez Solís
El regreso
Entrevista a Juan Bravo
Cuando dejaba su despacho cada noche, el nuevo consejero de Hacienda, Juan Bravo, las luces se quedaban encendidas. Siempre. Las luces de dos plantas de Torretriana, el gran edificio administrativo de la Junta, nunca se han apagado, 24 horas al día y siete días a la semana. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Ahora, la luz se apaga cuando el último deja el despacho. Es pura anécdota, pero un símbolo. “Lo que le he dicho a los consejeros es que ellos hagan lo que harían en su casa, nadie alquilaría una plaza de garaje al lado de la que usa porque la tienen en propiedad, esas cosas han pasado en la Junta”, explica el consejero. Bravo tiene doble tarea por delante: aprobar los Presupuestos autonómicos de 2019 (el actual está prorrogado) y diseñar, casi a la vez, los de 2020. “Estos Presupuestos no van a ser bonitos, van a ser creíbles”, sostiene en varias ocasiones durante esta entrevista.
–A pesar de las críticas que su Gobierno hace al anterior, lo cierto es que las cuentas se las han dejado saneadas, tanto bajo el criterio de déficit como de deuda. Tampoco está tan mal la cosa, ¿no?
–No son críticas, creo que los ciudadanos nos piden cómo hemos encontrado lo que nos han dejado y, a partir de ahí, comenzar a trabajar. Por lo que se refiere a la consolidación de las cuentas, sería falso no reconocer que tenemos las cuentas con el cumplimiento del déficit, al 0,41%, y la deuda en una situación controlada, aunque también es verdad que no se cumple con la regla de gasto, y es un compromiso que nosotros queremos atender. Pero no es menos cierto que nos estamos encontrando con determinadas circunstancias que debían haber sido atendidas desde un punto de vista presupuestario, pues para evitar las listas de espera, la situación de la dependencia, la atención a determinadas sentencias o al cumplimiento de los fondos europeos.
–¿Qué es lo más grave de todo esto? ¿Sentencias, por ejemplo?
–Tenemos la sentencia del Metro de Sevilla, son 170 millones de euros que tenemos que pagar, más otros tantos en materia de intereses, pero lo más problemático es que cada día que pasa son 10.000 euros más de abonos de intereses. Cada día. Por eso es una prioridad buscar ese dinero en el ámbito presupuestario para atender cuanto antes ese pago. Esa sentencia es de diciembre del año pasado.
–La anterior consejera, hoy ministra, sostuvo que el Gobierno central tampoco tenía un criterio claro sobre cómo aplicar la regla de gasto, por eso se incumplió.
–Pero ha llegado al Ministerio y no ha hecho ningún cambio en el cálculo de la regla de gasto, con lo cual si hay tantas dudas, tiene una oportunidad fantástica para cambiarlo. Pero, independientemente, de eso, lo importante es cuadrar los Presupuestos y, sobre todo, ser eficientes en el gasto.
–Este Presupuesto de 2019 es casi un prólogo, porque sólo quedan seis meses de ejercicio y hay uno prorrogado, tanto que podrían haberlo no hecho y esperar al de 2020.
–Claro, eso hubiese sido lo fácil, pero no estamos en el Gobierno del cambio para eso, sino para cumplir. El Gobierno anterior, pudiendo, no aprobó unos Presupuestos para 2019, sino que se recurrió a la prórroga.
–¿Con qué objetivo de déficit se hacen las cuentas de este año?
–Será con el 0,1%, para entrar el siguiente año en equilibrio presupuestario, lo que significa que son 170 millones de euros cada décima. Bajar del 0,4% al 0,1% son 520 millones de euros.
–¿Cómo se hace? ¿Se recorta más gasto o se confía en un aumento de los ingresos sin subir la carga fiscal?
–No he pedido recortes a los consejeros, la situación económica permite asumir mayores gastos porque hay más ingresos. A pesar de todas las críticas que recibió el PP, la Junta de Andalucía en 2019, respecto a 2011, ha incrementado su financiación vía estatal en 3.500 millones de euros. A pesar de la bajada de impuestos y de las ayudas que se dieron, entre otras, para familias numerosas, ha habido un récord en la recaudación. Con lo cual si el Estado ha recaudado más, la parte que nos corresponde como comunidad autónoma nos permite atender una parte de eso. Pero no nos podemos conformar con que haya una mejoría de los ingresos o con lo que produzcan los ingresos, sino hay que acabar con la ineficacia o ineficiencia, eso no lo puede pagar el ciudadano.
–Ineficiencia, ¿en qué sentido?
–Algunas de las sentencias que se han pagado no deberían haber entrado en la vía judicial, no puede haber proyectos con sobre ejecución del 100%. El primer plan de choque para atender a las listas de espera ha sido de 25 millones de euros, la sentencia del Metro de Sevilla son 176 millones de euros. ¿Cuántos planes de choque se podrían hacer con eso? ¿Cuánta gente se podía haber atendido en dependencia? Yo les digo a las consejerías: no os pido nada especial, sólo lo que haríais en vuestras casas. Tenemos recursos sin necesidad de recortar, todo lo que hemos hecho hasta ahora es gastar más. ¿Tiene sentido que usted alquile una plaza de garaje y alquile la de al lado?
–¿Qué quiere decir con eso?
–Tenemos edificios vacíos y pagamos alquileres de 1.500.000 euros al año, es lo que pagamos por Empleo y tenemos edificios vacíos. No se trata de hacer ingeniería, sino hacer lo que uno haría en su casa. Para mí, el dinero público es sagrado. No es que sea de todos o del Estado, es que es sagrado.
–No les ha pedido, entonces, a los consejeros que recorten el gasto. Lo que quiero saber es si en el Presupuesto de 2019 va a haber más dinero en las partidas de sanidad, educación y dependencia.
–Les he pedido que sean eficientes, habrá el dinero necesario para atender sus proyectos. Ellos han grabado sus propuestas y ahora estamos en el debate de partida por partida; es verdad que los consejeros son muy ambiciosos, y quieren hacer más que antes. El Presupuesto no va a bajar, va a crecer.
–¿En qué porcentaje? ¿Un 2%?
–El crecimiento de la recaudación nacional es superior al 2%, por lo tanto estaremos por ahí, pero no puedo dar el dato, porque no está cerrado.
–¿Además de la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones habrá alguna rebaja fiscal más en 2019?
–Es nuestro gran objetivo. Vamos a intentar que haya más bajada de impuestos. El impuesto de sucesiones y de donaciones era el gran compromiso de tres partidos, del PP y de Ciudadanos, pero también estaba en el acuerdo de investidura con Vox. Eso va el martes que viene. Y estamos haciendo un repaso a todos los impuestos que tenemos para ver dónde podemos retocar porque vamos a bajar los impuestos cada vez que podamos, los ciudadanos andaluces tienen que saber que vamos a salir de esto que se ha llamado infierno fiscal para entrar en un régimen de competitividad, no ser los que tengan la fiscalidad más baja de España, porque no se puede, ojalá, sino entrar en una situación de ser competitivos con el resto.
–¿Habrá bajada masiva de impuestos?
–Sí, porque bajaremos todos los tipos de impuestos, pero será a lo largo de la legislatura.
–¿Y en 2020?
–Sí, los consejeros están trabajando para los presupuestos de 2019 y 2020. Me gustaría que en 2020 también haya una bajada de impuestos, aunque sea pequeña y que se note que eso va a sanidad, educación, empleo y dependencia.
–2020 es el año del equilibrio presupuestario, déficit cero, supongo que se ahorrará bastante dinero en intereses de la deuda.
–Pero de momento vamos a nos gastar más, porque cuando se gasta más se aumenta la deuda. Estamos pagando del orden de 500 millones de euros en intereses de la deuda, imagínese. Controlar la deuda y el equilibrio presupuestario son mensajes muy importantes.
–¿Dónde están las necesidades imperiosas? ¿Sanidad y dependencia?
–Sí, también educación.
–¿Cuál es el problema de dependencia? Parece que los demandantes tramitaban la solicitud, pero no se anotaban como tales.
–Porque estaban en papel, no se había grabado; teníamos personas que no aparecían en el sistema y estaban. Estaban pendientes de la valoración, eso ningún Gobierno se lo puede permitir, no se pueden morir personas a la espera de ese trámite, como venía sucediendo.
–Quizás es que no haya dinero para atender las necesidades de dependencia, no ya por la Junta, sino por la propia capacidad del Estado.
–Nosotros hemos puesto 70 millones de euros más, que son 35.000 personas. Son muchas, pero quedan. Es verdad que la Ley de Dependencia está muy bien en su origen, pero después hay que dotarla presupuestariamente y esto nos obliga a hacer una reflexión a todos. A nosotros, al Estado y a los ayuntamientos, que son quienes tienen más cercanía.
–Pero los ayuntamientos no tienen dinero para dependencia.
–Depende qué ayuntamientos. Con la regla de gasto, hay ayuntamientos con un volumen importante de tesorería y creo que a ellos también les gustaría poder atender. Pueden hacer una parte de gestión de los recursos e, incluso, creo que mejor que las comunidades autónomas.
–La sentencia del Tribunal Supremo obliga a que el personal proveniente de agencias públicas no puedan realizar las labores que correspondían a funcionarios. ¿Qué va a hacer con estos trabajadores?
–Tenemos mucha gente en esa situación, un funcionario puede tener unos costes laborales entre 30.000 y 50.000 euros. Contar con personas que no pueden realizar estos trabajos es una ineficacia total, con lo que estamos trabajando para poder utilizarlos en todo el potencial. Ya estamos teniendo contacto con los sindicatos, para ver cómo podemos utilizar ese colectivo.
–¿Pasar a otros departamentos? ¿Recortar plantillas?
–Es de lo que estamos hablando, pero no hay escenario de regulación de empleo. Tenemos necesidad de gente y lo que queremos es ponerlos a trabajar, y no es responsabilidad de ellos, sino del Gobierno anterior, que lo dejó pasar.
–¿Cómo van las auditorías que se han encargado sobre 12 agencias?
–El presidente ha anunciado que el 25 o el 26 de abril tendremos los informes de auditoría, estamos respetando mucho a la Intervención para que trabajen de modo independiente y habrá que saber si tienen sentido y si son eficientes, y a partir de ahí será el Gobierno el que asuma la respuesta.
–Alguien ya ha dicho que algunas cosas son para echarse las manos a la cabeza.
–Bueno, es de público conocimiento algunos hechos. Por ejemplo, hay una entidad, no digo cuál, que nos hace trabajos a nosotros mismos, que esa entidad da beneficios y que paga el impuesto de sociedades. Está bien que nos facturemos, que se financien, pero no que paguemos impuestos.
–¿Con Vox también están hablando para elaborar este Presupuesto?
–Sí, pero no sólo con Vox, hemos ofrecido también al PSOE y a Adelante Andalucía sentarnos con ellos cuando tengamos el trabajo un poco más avanzado.
–Para aprobar el Presupuesto, Vox exige que no haya partidas ni para Memoria Histórica ni para violencia de género. ¿Esto es posible?
–El presidente o el consejero de Presidencia han dicho que la violencia de género es un problema social que hay que atender.
–¿Y Memoria?
–Saben que hay un compromiso mayor, que es establecer una ley de la concordia, la consejera está trabajando en eso, con todos los partidos, porque lo que no puede ser la Memoria es un tema de enfrentamiento. Si nuestros padres fueron capaces de llegar a acuerdos en situaciones más comprometidas, creo que es necesario hacerlo también ahora.
–Ocurre que el dinero que se presupuesta en esta partida va, entre otras acciones, a encontrar fosas y a dar sepultura a personas que fueron enterradas en masa y sin identificar. No es otra cosa.
–Si partimos que el dinero de Memoria va para eso, creo que hay que apoyarlo, pero creo que Vox también está convencido de ello. Lo que no quiere es que utilicemos la Memoria Histórica para hacer enfrentamiento político, que la gente recupere su paz familiar es fundamental. Todo lo que sea generar concordia está muy bien hecho.
–¿Es cierto que no se gastó todo el dinero que estaba destinado a violencia de género?
–Es un dato objetivo que no se gastó lo que estaba presupuestado.
–Pero, consejero, tengo una duda: ¿no se gastaba por incapacidad para gestionar el proyecto o por qué realmente el dinero no existía? Vamos, si se presupuestaban partidas de modo ficticio.
–Si está presupuestado, el dinero existe, otra cosa es que se ponga ahí para tener una partida bonita, viendo que al final se iba gastar en otra cosa. Pero es que eso es aún peor. El porcentaje de no ejecución en violencia es del 60%. Lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, destine 200 millones de euros para construir colegios, pero que no los haga porque sé que, en octubre, ese dinero tiene que ir a cubrir gasto de personal. Claro, que el dinero estaba aquí, pero para hacer una venta política se pone en una inversión cuando, en realidad, correspondía a personal. Por eso hay inejecuciones del 50%, del 60%, del 70% ... Eso es propaganda. Este Presupuesto no será bonito, pero será real, creíble.
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