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Patrica es el nombre de un pequeño pueblo italiano de casi 3.000 habitantes situado en el centro de la península Itálica y, también, el acrónimo de la ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se tratad de una norma aprobada en 2011 por el Gobierno socialista de José Antonio Griñan pensada para dotar a los ayuntamientos de la región con fondos incondicionados, es decir, para que puedan destinarlos a lo que necesiten en cada momento. Las localidades más beneficiadas por esta iniciativa son, en muchas ocasiones, algunas tan pequeñas como Patrica, esa comuna italiana con la que la norma comparte, casualmente, nombre.
Sin embargo, hay muchas sombras en la gestión de la Patrica. La norma por la cual se crea esta transferencia a los ayuntamientos establecía una dotación inicial de 420 millones de euros, que debía subir a razón de 60 millones anuales hasta 2014 y, a partir de entonces, quedar congelada en 600 millones a repartir entre los, aproximadamente, 900 municipios y entidades locales autónomas de Andalucía en función de su población.
La ley sólo se cumplió en su primer año de aplicación, por lo que la financiación de la Patrica quedó estancada en 480 millones en 2012 y, desde entonces, no ha vuelto a crecer.
Los gobiernos socialistas sólo cumplieron su propia ley en el primer año amparados en la difícil situación económica por la que pasaba la región. En tiempos de recortes y exigencias de control del gasto desde Madrid y Bruselas, los ejecutivos de Griñán y su sucesora, Susana Díaz, defendieron el mantenimiento de la Patrica como un logro. Sin embargo, la recuperación económica y los presupuestos expansivos no trajeron consigo un aumento para esta iniciativa municipalista.
La oposición hizo bandera del asunto y tanto PP como IU hablaron de una deuda que, a día de hoy, está en 780 millones de euros. El calculo es sencillo:hay que sumar 60 millones del aumento que no se hizo en 2013 y 120 millones anuales hasta 2019.
Ahora se sienta en el sillón de San Telmo, pero cuando era el líder de la oposición Juanma Moreno solicitó al Gobierno socialista el pago de esta deuda. Lo pidió, por ejemplo, en octubre de 2017 en una reunión del Consejo de Alcaldes del PP andaluz.
Los populares trasladaron esta solicitud al trámite de los Presupuestos de la Junta para 2018, es decir, los que están ahora mismo vigentes tras la prórroga que se produjo a primeros de año con el Ejecutivo de Susana Díaz en funciones.
Fue el 30 de noviembre de 2017 cuando PSOE y Ciudadanos tumbaron todas las enmiendas de la oposición, que en aquel debate la formaban PP, Podemos e IU. Entre las propuestas desechadas, estaba el reconocimiento de esta deuda con los ayuntamientos.
De hecho,la ex diputada izquierdista Elena Cortés afeó a socialistas y naranjas que ignorasen una propuesta de resolución aprobada en un debate general con el aval de Ciudadanos. Esas iniciativas son de obligado cumplimiento para el gobierno.
PP y Ciudadanos demandaron desde la oposición el reconocimiento de la deuda de la Patrica y, ahora, en el Gobierno, deberán pronunciarse al respecto. Es cierto que el pacto que sirve de hoja de ruta al bipartito que dirige Juanma Moreno recoge el cumplimiento de la mencionada ley. Incluye también el pago de la deuda, cifrada ahora en 780 millones, pero Adelante Andalucía devolverá esta situación al tablero político con el impulso de una proposición no de ley.
Hoy mismo entrará en el registro la iniciativa, que solicita el aumento de la dotación a los 600 millones anuales que establece la norma en el proyecto de cuentas que está elaborando el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Será difícil, puesto que desde el Gobierno andaluz se ha lanzado ya el mensaje de que los Presupuestos de 2019, que tendrán una vigencia muy limitada, no serán muy boyantes.
Sin embargo, la propuesta de Adelante Andalucía se extiende más allá del ejercicio vigente, pues pide una dotación extraordinaria en los próximos tres presupuestos para condonar dicha deuda a razón de 220 millones de euros por año. Con esta cantidad se alcanzarían los 660 millones deberían haber llegado a los ayuntamientos si la Patrica se hubiera cumplido entre 2013 y 2018.
El compromiso está en el pacto de Gobierno, aunque no entre las 21 primeras medidas que PP y Ciudadanos se comprometieron a impulsar, pero tienen toda la legislatura para hacerlo.
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