La Junta y la Fiscalía arremeten contra el PP por los "intolerables" ataques a Bolaños

La Junta de Andalucía (ahora gobernada por el PP y Cs) y la Fiscalía Anticorrupción han arremetido contra la acusación popular que ejerce el PP en varias macrocausas, al reprochar los términos "groseros e intolerables" en los que los letrados del PP se dirigen a la instructora, la juez María Núñez Bolaños.

Así de contundentes se han mostrado los letrados del gabinete jurídico de la Junta, en un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado 6 de mayo, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que la Junta rechaza el recurso de apelación que la acusación del PP planteó contra una providencia de la instructora que volvía a negar la práctica de un informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizara un nuevo atestado en el caso de los avales y préstamos de la agencia IDEA, que ha sido archivada esta misma semana.

En ese recurso de apelación, los abogados del PP pidieron a la Audiencia de Sevilla que deduzca testimonio para su remisión al tribunal competente, por si la instructora había incurrido en "desobediencia, prevaricación y retardo malicioso en la administración de Justicia". El PP opinaba que la instructora había actuado con "total y absoluta renuencia" a la práctica de unas diligencias que se acordaron hace más de cuatro años, en un auto que dictó el 24 de febrero de 2014 la anterior instructora, la juez Mercedes Alaya, por lo que a su juicio Bolaños había desobedecido "consciente y deliberadamente lo ordenado" por la Audiencia de Sevilla "en tres autos", una conducta de la magistrada que los populares no dudan en calificar de "ilegal".

Frente a esas palabras ha arremetido con vehemencia el gabinete jurídico de la Junta, en el escrito del 6 de mayo, en el que no duda en afirmar que la acusación popular ha empleado "términos groseros e intolerables en un recurso de apelación", recurso que, por otra parte, la Junta pide que se rechace porque, insistiendo en su argumentación para apoyar el archivo de la macrocausa de los avales y préstamos de IDEA, los indicios de la comisión de hechos delictivos que dieron lugar a la incoación de estas diligencias "se han desvanecido uno por uno como consecuencia de las diligencias practicadas en el seno de la instrucción".

Pero las críticas a los ataques de la acusación popular a la juez Bolaños no sólo proceden de la Junta -que podría considerarse incluso paradójico dado que el PP es el partido que ostenta actualmente el Gobierno andaluz junto a Ciudadanos-, puesto que los términos empleados también han sido censurados por la Fiscalía Anticorrupción en otra macrocausa, en concreto, en la que se investigan irregularidades en las contrataciones de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En un escrito enviado al juzgado el 22 de mayo, el fiscal Fernando Soto se pronuncia a favor de un recurso de los populares en cuanto a la práctica de una serie de diligencias rechazadas por la instructora, pero dedica la parte final del escrito a reprobar las formas empleadas por los letrados del PP. "Sin perjuicio del juicio favorable que nos merece la práctica de estas diligencias, ya propuestas por este Ministerio para mejor avance de las actuaciones, lo que sí nos resulta del todo reprobable son los términos elegidos por la acusación particular para censurar la decisión judicial", afirma el representante de Anticorrupción.

El fiscal pide "respeto" a la función jurisdiccional

El "respeto" a la función jurisdiccional, continúa el fiscal, "no está reñido con la crítica y censura de sus decisiones. El empleo de los recursos a nuestro alcance y aquellas pueden ser rigurosas, incluso duras en sus términos, siempre que sean fundadas en Derecho y dentro del respeto que merecen las opiniones contrarias. Sí está reñida en cambio con el uso de expresiones ad hominen y juicios de valor, innecesarios y que nada añaden a los argumentos", replica el fiscal respecto a las expresiones en las que el PP critica la demora de la instructora en la práctica de las diligencias. "Hágase notar a los efectos oportunos", concluye el fiscal.

En el escrito, el representante del Ministerio Fiscal se adhiere al recurso de reforma presentado por el PP, en el que solicita la práctica de una serie de pruebas, entre ellas que se realice un informe pericial de la Intervención de los "contratos adjudicados" por la Faffe y objeto de esta causa, que el fiscal estima necesaria porque "a estas alturas de la causa, se entrevé que las adjudicaciones eran manifiestamente ilegales, en muchos de los casos simuladas y elaboradas desde el punto de vista formal con posterioridad al traspaso de fondos".

El fiscal también considera que debe realizarse esta pericial por un segundo motivo relacionado con los "avatares políticos de la Fundación", que se "extingue, subrogándose la administración en las relaciones jurídicas de la misma, sin que por tanto un gran número de esas adjudicaciones hayan sido objeto de un control de subvenciones vía Intervención, lo que supuso un reproche de la Cámara de Cuentas".