Junta y Ministerio difieren de cómo pagar las ayudas de Doñana

La Junta y el Gobierno central se apresuraron a firmar el lunes un acuerdo histórico para el espacio natural de Doñana. Tanto que algunos flecos se han quedado sin arreglar. Uno de ellos es el de la cadencia del pago a los agricultores que soliciten beneficiarse de unas ayudas que, en caso de reforestación, llegarán a los 100.000 euros por cada hectárea. El Ministerio de Transición Ecológica pagará sus 70.000 euros a razón de 7.000 euros al año durante una década y con el compromiso de mantenerlo tal cual durante 30 años. Sin embargo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que los 100.000 euros se pagarán en cinco años.

Este medio ha podido consultar a ambas partes y ha verificado que existe esa divergencia. En una entrevista publicada en este diario, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, ha explicado que sus pagos serán en 10 años, porque necesita la comprobación de que los terrenos están restaurados y porque el objeto de estas ayudas complementarias no son los agricultores, sino el estado medioambiental de Doñana. Ribera reconoce que Moreno ha anunciado otra cadencia, por lo que supone que será la Junta la que adelante, si es posible, esas cantidades.

Pero eso no está claro. Un acuerdo inicial, verbal, entre el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dejó en cinco años los pagos, y así se transmitió a los agricultores afectados este fin de semana, aunque el Gobierno central aclara que el modo es el que está recogido en la ampliación del Marco de Actuaciones del Ministerio.

Uno de los problemas del acuerdo es que cada administración tiene un marco de actuación por separado, aunque hay un protocolo, el firmado por Juanma Moreno y Teresa Ribera, que coordina a cada institución. El que ha presentado el Ministerio de Transición Ecológica es más prolijo, detalla bien las ayudas, mientras que el de la Junta sólo dedica un párrafo a la concesión de estos complementos.

Tal como han acordado, el Gobierno central pagará 70.000 euros en total a los agricultores de todos los municipios del entorno de Doñana -son 14 en Huelva, Sevilla y Cádiz- que o reforesten sus fincas o las renaturalicen. A ello, Junta y Diputación de Huelva añadirán 30.000 euros, hasta completar los 100.00 del anuncio, pero sólo para los municipios de la Corona Norte Forestal de Doñana.

De este modo, la Junta se garantiza que el acuerdo se focalice en la zona más problemática, porque allí los agricultores cobrarán 30.000 euros más que en el terreno marcado por el Ministerio de Transición Ecológica. Este departamento no quería primar a los supuestos incumplidores sobre otros, de ahí la ampliación de la medida a los 14 municipios.

El problema entre los dos gobiernos surgió cuando PP y Vox presentaron una proposición de ley en el Parlamento andaluz para declarar de regadío unas 790 hectáreas -son las que se regaban de modo ilegal el pasado mes de octubre según los datos del Ministerio- que se habían quedado fuera de una regularización general en 2014. PP y Vox apoyaron a este pequeño grupo de agricultores que regaban de modo ilegal, de modo que le concedían la calificación territorial de Suelo Apto para el Riego, aunque no podían garantizarles el agua.

Por tanto, el núcleo del problema era este asunto particular, aunque el acuerdo entre Junta y Gobierno ha ido mucho más allá, al comprometerse a invertir 1.400 millones de euros en el conjunto de Doñana como espacio natural y de los municipios circundantes.

En la inversión que el Ministerio de Transición Ecológica va a realizar en total, lo que suman 700 millones de euros, sí hay expropiaciones previstas de fincas que sí cuentan con derechos de riego. Esto es posible porque supone una recuperación de la concesión del agua para revertirla al acuífero del parque. Pero estas fincas no se sitúan en la Corona Norte de Doñana, en el Condado de Huelva, sino sobre l antiguo cauce del Guadiamar. Se tratan de cultivos arroceros a los que se les otorgó permisos en el siglo XX y que ahora comprará el Gobierno central para renaturalizar el caño y dejar que el agua del río Guadiamar entre en la marisma. Esta era una de las aportaciones naturales más importantes de Doñana, cegada con el desarrollo del cultivo de arroz.