La Junta reclama a UGT-A el reintegro de 4,9 millones por el caso de las facturas falsas

La Junta de Andalucía ha reclamado hasta ahora a la UGT de Andalucía que devuelva 4,9 millones de euros por irregularidades detectadas en los expedientes de las subvenciones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación abierta por el caso de las presuntas facturas falsas. Hace unos nueve meses la Junta inició una investigación administrativa de los expedientes de subvenciones a la UGT-Andalucía y en total investiga 26 millones de euros en veintiún expedientes, de los que cinco tienen propuesta firme de resolución de reintegro por 4,9 millones y los dieciséis restantes están en distintas fases del procedimiento de reintegro establecido por la ley.

El consejero de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha aportado estos datos en la comisión parlamentaria de Economía y ha avanzado que el próximo octubre estará concluida la investigación del caso de las presuntas facturas falsas de UGT, que también está investigado la justicia. A preguntas del diputado del PP Rafael Carmona, el consejero no ha concretado si la Consejería ha detectado facturas falsas en esos expedientes de la subvenciones a UGT-A y, en el caso de que la respuesta fuera afirmativa, si lo han llevado a los tribunales.

En este sentido, el consejero ha expresado la voluntad de su Consejería de colaborar con la justicia en el caso de las facturas falsas de UGT-A, que destapó el año pasado el diario El Mundo sobre un presunto desvío de subvenciones destinadas a tareas sindicales para sufragar gastos corrientes del sindicato mediante facturas falsas. Sánchez Maldonado ha destacado que ha remitido a los tribunales que investigan el caso toda la documentación que le han requerido, y ha puesto en valor la labor de los funcionarios para tramitar y revisar los expedientes de subvenciones a UGT-A.

Rafael Carmona ha lamentado la "parca información" proporcionada por el consejero y le ha pedido celeridad en la investigación y revisión de los expedientes de la UGT-A, al igual que el Gobierno andaluz reclama continuamente a la justicia respecto as los casos de corrupción como los ERE, ha alegado. También ha requerido al titular de Economía que desvelara la cantidad de los fondos reintegrados a las arca públicas porque hasta ahora sólo se informó en octubre del año pasado de que UGT había devuelto 23.000 euros, ha recordado.

En representación de IU Rosalía Martín Escobar ha insistido en que es el "momento de repensar el Servicio Andaluz de Empleo, que es el epicentro de los escándalos que arrasan Andalucía", al tiempo que ha urgido a esclarecer lo ocurrido en el caso de las facturas falsas de UGT y a que se reintegre el importe malversado. Ha lamentado la demora en la resolución de los expedientes investigados y ha exigido celeridad en la investigación para esclarecer los hechos.

El diputado del PSOE Carmelo Gómez ha respaldado la actuación de la Consejería en este caso y ha dicho que es un "ejemplo de claridad y transparencia" del Gobierno andaluz, al tiempo que ha censurado los "debates sumarísimos propios de la Inquisición que no contribuyen a nada". Asimismo, ha querido dejar claro que "jamás" ha sido militante de UGT como dijo un representante popular en las redes sociales para acusarle de "justificar las irregularidades".

UGT-A niega que le hayan reclamado 4,9 millones

El sindicato UGT-A ha negado "tajantemente" que la Junta le haya reclamado 4,9 millones de euros en ayudas, y ha asegurado que el sindicato "no tiene ninguna notificación de reintegro de tal cantidad", ante lo que el sindicato estudia emprender medidas legales si se demuestra que los controles por parte del Gobierno andaluz no fueron "claros, transparentes y realizados con rigor" y pudiera haber algún indicio delictivo.

El sindicato se ha pronunciado de esta forma tras la comparecencia del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado. Ha explicado en un comunicado que en la actualidad, a 4 de septiembre, UGT-A "ha recibido notificación de dos expedientes de ayudas que pertenecen a la Dirección General de Relaciones Laborales, por 1,8 millones, y otros dos expedientes, y no tres, de reintegro ya firmados, que corresponden a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por 1,8 millones de euros". De esta forma, los cuatro expedientes suman 3.588.722,15 euros, "por tanto queda claro que no son cinco expedientes los notificados, ni la cantidad asciende a 4,9 millones de euros".

Ha agregado que además, dichos expedientes "están recurridos ante los tribunales, por entender que no se ajustan a derecho, con lo cual no hay una sentencia firme de ellos". "Nos parece asombroso que el consejero Sánchez Maldonado haya resaltado la máxima transparencia y claridad y el máximo control y compromiso de transparencia por parte de la Consejería en cuanto a los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT-A iniciados y tramitados por la Consejería", agrega el sindicato, que se pregunta "por qué no se aplicaron tales criterios cuando tuvieron que hacer ese trabajo en el 2009 y 2010; por qué sólo se habla de UGT; y por qué no se dan datos tan explícitos de otras entidades".

UGT-A asegura que no tiene "nada que esconder", al contrario, exige que se explique "de forma transparente" el estado de todos los expedientes, de todas las entidades que han realizado formación o han recibido alguna subvención, "simplemente porque es un derecho de la ciudadanía", pero reclama a la Junta "un trato igualitario a la hora de tratar estas informaciones y que no las haga de forma interesada y sesgada".

"Nos parece llamativo que en ningún momento la Junta se plantee aclarar qué sucedió en aquellos años, en los que se le presentó la documentación y se le dio el visto bueno, por lo que, quién hizo su trabajo mal", se pregunta el sindicato. La central ha apuntado que sus servicios jurídicos valorarán si esos controles, que "deberían haber sido claros, transparentes y realizados con rigor", se hicieron "con el máximo control de los fondos públicos otorgados".

En aras de aportar una mayor transparencia y rigor a todo este proceso, exigirá que la Justicia "depure responsabilidades sobre el control que tuvieron estos fondos, teniendo además, siempre en cuenta, que en esos años que se reclaman las ayudas, ninguno de los dirigentes actuales formaban parte de la Comisión Ejecutiva Regional de este sindicato".

El sindicato cree que "si los criterios, tal como contempla la ley de Subvenciones, son los mismos que en 2009 o 2010, desde algunos órganos de la Junta de Andalucía se ha podido concurrir en un proceso delictivo", por lo que "por nuestra dignidad como sindicato y por nuestra honorabilidad, vamos a emprender las acciones legales que entendamos oportunas".

Por último, deja claro que la Comisión Ejecutiva Regional "ha colaborado de forma plena con la Junta de Andalucía, aportando la documentación necesaria y requerida, pero creemos que esa buena voluntad no ha sido recíproca, por lo que queremos solventar una situación que no hace más que quebrantar nuestras siglas". "UGT-A no tiene nada que ocultar, y si algo se hizo de forma irregular, todo aquel que interviniera o participara en este proceso, tendrá que pagar jurídica o penalmente las consecuencias", ha aseverado la central sindical, que advierte de que no va a permitir que "se manchen las siglas de este sindicato", por lo que exige que "sea la justicia la que clarifique esta situación; seguiremos defendiendo, como hemos hecho siempre, que el dinero público debe ser tratado de forma escrupulosa".