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La Junta ha pedido al Ministerio de Justicia que exima "de inmediato" del pago de las tasas judiciales a las mujeres víctimas de violencia de género, que desde la entrada en vigor de la nueva ley tendrán que abonar dichas tasas en los procedimientos civiles de separación o divorcio de sus agresores. A partir de ahora, las víctimas de violencia de género deben pagar una tasa para afrontar el proceso de separación y divorcio, que es de un mínimo de 300 euros y que puede alcanzar hasta los 1.200 euros en caso de recurrir.
La directora de Violencia de Género de la Consejería de Justicia e Interior, Silvia Oñate mostró ayer su preocupación por este problema "añadido" para las víctimas, que con estas tasas "tendrán un obstáculo económico más que se suma a las numerosas trabas y dificultades a las que se tienen que enfrentar para superar las situaciones de maltrato y violencia". Por ello, solicitó al Ministerio de Justicia que adopte "una posición clara e inmediata y deje de generar más incertidumbre sobre este grave problema".
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