La Junta prevé gastar 15 millones para reordenar el sector público en 2020

sevilla/Que Vox no haya presentado una enmienda a la totalidad a la Ley del Presupuesto de 2020 ha estado estrechamente vinculado al compromiso del Gobierno de la Junta a racionalizar el sector público de la Administración. Y qué mejor refrendo del compromiso entre el Ejecutivo y el partido ultranacionalista que el papel, que no ha sido cualquier papel.

El proyecto legislativo de las cuentas del próximo ejercicio, que deberá estar aprobado después de que se complete en las próximas semanas el preceptivo trámite parlamentario, incluye negro sobre blanco una partida de 15 millones de euros para la "reestructuración del sector público andaluz".

Aunque esta cifra millonaria fue ya apalabrada durante la negociación del Presupuesto de 2019 entre los mismos actores, que figure en la sección de gastos de las próximas cuentas supone que la Junta está decidida a acelerar la reordenación de lo que se ha conocido como administración paralela, es decir, las agencias, consorcios y entidades en general relacionadas a la Junta y que cuenta con 26.045 trabajadores. El propósito de la Junta, sin embargo, se centra en el reajuste de las plantillas de una docena de agencias públicas a las que están adscritas 9.461 personas. De ellos sólo son funcionarios 498.

La Junta tendrá particular tacto a la hora de acometer la racionalización de los entes instrumentales. En su día, el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, negó taxativamente a los periodistas en San Telmo que dicha reordenación suponga dar de baja a esa cantidad de empleados públicos. "Se estudiará caso por caso", vino a explicar Bendodo. Los obstáculos judiciales de índole laboral que sobrevengan a la reestructuración de la administración paralela aconsejan prudencia y evitar maximalismos.

De ahí que, en efecto, los 15 millones de euros que registra en el mencionado Proyecto de Ley del Presupuesto de 2020 esté incluido en el programa de "imprevistos y funciones no clasificadas". De tal detalle se deduce que la Junta no conoce el gasto real que acarreará la reordenación de la administración andaluza. Las auditorías a las que se someterán las entidades instrumentales dictarán sentencia y definirán los gastos.

Ese mismo programa presupuestario para el próximo ejercicio ofrece otros gastos de naturaleza imprevista como, por ejemplo, 7,5 millones para un posible incremento de plantilla, 4 millones para un fondo de ayuda a municipios del Campo de Gibraltar por el Brexit o 16 millones para un fondo de contingencia para la estabilización del presupuesto.

El adelgazamiento de la administración pública no es una novedad. Se trata de un compromiso que incluía el acuerdo de Gobierno entre el PP y Ciudadanos, que en su punto noveno indicaba que se racionalizarían "los organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta, suprimiendo los que se hayan visto implicados en casos de fraude y corrupción".

El acuerdo por el que Vox votó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta contemplaba igualmente, en su apartado sexto, la eliminación de "los organismos superfluos y suprimir la administración paralela", una cuestión que tuvo continuación en el documento de 34 medidas con el que la formación presidida en el Parlamento por Francisco Serrano acordaba la aprobación del Presupuesto de 2019 y un boceto de pacto para el de 2020.

Varias han sido las veces en las que el PP y Ciudadanos, desde que ocupan el poder en San Telmo, han mencionado el estudio de los entes instrumentales de la Junta con el objetivo último de llegar a la racionalización de la administración. La reunión del Consejo de Gobierno del pasado 4 de abril registró la creación de un grupo de trabajo para evaluar la administración paralela. El Ejecutivo consideró entonces la necesidad de adaptar el "denso entramado" de estas entidades con el fin de cumplir con "los objetivos asignados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".

En la misma dirección, el 7 de mayo, un mes después, el Consejo de Gobierno aprobó encargar un "informe sobre entes instrumentales en proceso de extinción o en situación de inactividad", cuya disolución, estimó el Gobierno andaluz, revertiría "a las arcas autonómicas 276.000 euros y un solar valorado en 2,4 millones de euros".

De aquellas propósitos a este negro sobre blanco presupuestario, vía impulso de Vox.