La Junta tiene cien días para vender solares y edificios por 876 millones

Se trata de la operación estrella de la Junta para incrementar sus ingresos en el presente presupuesto. Hasta 876 millones de euros quiere conseguir la Administración andaluza por la venta o enajenación de los solares procedentes del pago de la deuda histórica y de la venta o alquiler con retorno de edificios administrativos, la fórmula conocida como sale and leaseback. El plazo límite es el 30 de noviembre. Si se incumple el objetivo y no se alcanza esta cantidad, la Junta se compromete ante el Gobierno a innovar otras medidas para conseguir esos ingresos.

Así se especifica en el documento que presentó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado 27 de julio.

El Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2011-2013 detalla estas operaciones en el paquete de medidas con las que la Junta espera dotarse de liquidez y paliar la bajada de los ingresos. La venta de patrimonio es uno de los pilares de la nueva arquitectura de la Junta para los tiempos de crisis, junto a la colaboración privada para financiar obras públicas y los préstamos reintegrables a las empresas.

Pero, hasta donde se conoce, el casillero de venta de solares o edificios este año se encuentra a cero. No se ha difundido venta alguna sobre terrenos de la deuda histórica o de edificios administrativos. Tampoco se le comunicó al Gobierno en este plan económico.

La venta de edificios administrativos es la mayor esperanza de ingresos, 676 millones de euros. Ésta fue la pionera fórmula presentada el pasado año, inspirada en otros países europeos, por la cual la Junta vende inmuebles a sus propias empresas públicas y después las alquila con derecho a compra entre 20 y 35 años.

Así la Junta pone en valor su patrimonio inmobiliario y genera unos ingresos que escasean por cauces tradicionales como las cotizaciones fiscales o el endeudamiento, limitado a un 1,3% del PIB regional por una normativa estatal.

Son 95 edificios administrativos, con una superficie catastral construida que supera los 351.000 metros cuadrados, los que se ponen a la venta. El Consejo de Gobierno del 1 de marzo aprobó la ampliación, ya que inicialmente eran 74.

No hubo referencia a este acuerdo en la relación que se publica sobre los asuntos tratados. Mes y medio después, a mediados de abril, la Consejería de Hacienda y Administración Pública informó en un teletipo de la agencia Europa Press.

Estas fuentes incorporaron un matiz que pasó desapercibido: con la modificación se daba entrada para la compra a los inversores privados, no sólo ya a sus empresas públicas, una decisión "lógica y necesaria" para garantizar las previsiones de ingresos.

La Junta precisó entonces que mediante esta fórmula del sale and leaseback ya se habían vendido cinco inmuebles en 2010 por valor de 72 millones. La operación se hacía sobre la base de Agesa, empresa gestora de los activos de la Expo'92 de Sevilla y recibida como parte del pago por la deuda histórica.

Los cinco edificios que se quedaban dentro de la propia Junta fueron las sedes de las delegaciones provinciales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Huelva y Málaga; un edificio múltiple en la avenida Aurora de Málaga; la sede de los servicios centrales de la Consejería de Gobernación y Justicia en la Plaza Nueva de Sevilla, y las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en la calle de la Seda, también en Sevilla.

Ahora, de esos 72 millones obtenidos por esta fórmula, hay que pasar a 676 para consolidar el presente presupuesto. Una consultora apoyará a la Junta en la definición final de los lotes y de la operación. Martínez Aguayo respondió preguntada en julio sobre este asunto que esta segunda fase del plan estaba ya "en pleno desarrollo".

Aguayo no informó sobre el nombre de la consultora elegida. Un medio de comunicación en internet informó de que es la entidad francesa BNP Paribas.

Lo que la Junta transmitió en el CPFF es que la operación consistirá en la venta de un conjunto de activos inmobiliarios, propiedad de la Junta de Andalucía, "a una o varias entidades privadas". Esta venta se realizará exclusivamente al sector privado.

La Junta especifica que los inmuebles objeto de la operación son oficinas actualmente utilizadas por diferentes consejerías de la Junta. Tras la compraventa, se firmará el contrato de arrendamiento.

La Junta señala que actualmente dicha operación se encuentra en marcha y que "a tales efectos, se realizará una oferta pública, aunque limitada, a una selección objetiva de candidatos".

Las expectativas de la Administración andaluza son optimistas. La Junta se satisface de que, "sondeado el mercado a través de continuas entrevistas con fondos de inversión inmobiliarios, potenciales inversores y entidades financieras, se ha puesto de manifiesto mucho interés por la operación".

Este interés tendrá que concretarse en estos tres meses que restan para cumplir las previsiones. Se trata de una operación vital para contrarrestar el endeudamiento de la comunidad.

Otra novedad que aporta el plan consiste en que la Junta también está tratando con inversores privados la venta de los solares transferidos por el Estado en concepto del pago de la deuda histórica. La Junta ha repetido en distintas ocasiones que no distingue entre estos solares y otros que tenga la Administración o los mismos edificios administrativos.

Anota en el plan la Administración andaluza que "en las reuniones mantenidas con los grupos inversores internacionales para la venta de edificios administrativos, se advierte, igualmente, el interés de algunos de ellos para la adquisición de parcelas ubicadas en Andalucía, estando trabajándose en esta medida en este momento".

El Gobierno saldó los 784 millones que restaban de deuda histórico con Agesa, los solares (ver gráfico) y dos millones en metálico.

Uno de los fines de los solares es la construcción de vivienda protegida. En el documento la Junta reseña el interés de la Empresa Pública de Suelo por contar con estas parcelas. De hecho esta empresa pública participó en la negociación con el Ministerio de Hacienda para la selección de los suelos a transferir. La Junta subraya que el grueso de los suelos se integra entre los medios necesarios para la efectividad del plan concertado de vivienda. La previsión es de 200 millones.

Aparte de estas operaciones, la Junta pretende obtener 75 millones de euros por la subasta de los bienes de la extinta IARA. El plazo acabó el 30 de julio. En total, la Junta planteó al CPFF que ingresará 951,7 millones de euros por la venta de bienes patrimoniales.