La Justicia gratuita supera los 146.000 beneficiarios en 4 años

Más de 146.787 beneficiarios en cuatro años. Éste es el balance que presenta el servicio de asistencia jurídica gratuita en Sevilla desde 2008. Tan sólo en los primeros seis meses del año se han beneficiado de la justicia gratuita un total de 19.437 personas, lo que implica que previsiblemente cuando acabe el año se pueden superar las asistencias que se contabilizaron el año pasado, cuando se acogieron a este servicio 36.050 personas, según los datos de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta.

La asistencia jurídica gratuita representa un importante coste para la Administración de Justicia y, de hecho, en el período comprendido entre 2008 y 2011, la Consejería de Justicia ha destinado en Sevilla más de dos millones de euros a este cometido, en concreto, 2.056.065,66 euros. A esta cantidad hay que sumar los 353.850 euros que ha supuesto el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria, es decir, la asistencia que los abogados realizan a los reclusos en los propios centros penitenciarios, aunque este servicio está suspendido desde abril pasado al no haberse renovado aún el convenio de colaboración entre la Junta, el Ministerio del Interior y los Colegios de Abogados.

El turno de oficio de los procuradores también ha supuesto entre 2008 y 2011 un coste de 2.441.216,11 euros, cantidad a la que hay que sumar otros 177.735,96 euros en concepto de gastos de funcionamiento.

La crisis económica ha incrementado el número de solicitantes de asistencia jurídica gratuita por parte de personas que se ven obligadas a entrar en contacto con la Justicia, ya sea por una reclamación de una deuda o un despido, y que no disponen de recursos suficientes para contratar a un abogado particular.

A pesar del elevado coste de la Justicia gratuita, la Junta de Andalucía ha garantizado la prestación del servicio en las mismas condiciones, con independencia de la actual crisis económica y recortes en las administraciones públicas. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, mostró a este periódico el "firme compromiso" del Gobierno andaluz con la prestación del servicio asistencia jurídica gratuita pese a la difícil situación económica, ya que se trata de un "derecho esencial que contribuye a garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la Justicia". De Llera aseguró que "este servicio es fundamental para la tutela judicial efectiva de una parte importante de la ciudadanía, que no disponen de recursos y que necesitan que sus derechos sean defendidos ante los tribunales". Según el consejero, "la defensa de los servicios públicos y la lucha por la igualdad son valores irrenunciables para este Gobierno en estos momentos de crisis, y la asistencia jurídica es una prioridad y un derecho fundamental que vamos a defender pese a la escasez de recursos que nos afecta a nosotros y al resto de las administraciones públicas".

De Llera quiso resaltar el compromiso que contrajo desde su llegada al frente de la Consejería con los representantes de los colegios de abogados para abonar todos los pagos pendientes de 2011 antes de finales de julio, promesa que "ha cumplido pese a las grandes dificultades". "Y ya estamos trabajando para tramitar el pago de los servicios de este año. Ahora tenemos que seguir colaborando con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para trabajar de forma conjunta con el único objetivo de garantizar este servicio y adaptarlo a la nueva realidad económica y presupuestaria", puntualizó el titular de Justicia e Interior.

Además, De Llera puso de relieve el esfuerzo y el gran trabajo que realizan los abogados y procuradores andaluces para hacer realidad este servicio, al mismo tiempo que reconoció el "gran esfuerzo realizado por la Junta" que, a su juicio, se refleja con claridad en el progresivo crecimiento en los últimos años. De hecho, el responsable de Justicia dijo que se ha multiplicado por diez el presupuesto para este servicio y el número de sus beneficiarios en Andalucía desde que la Junta tiene competencias en esta materia, pasando de 4,7 los millones de euros y apenas 30.000 personas en 1997, a los 44 millones de euros previstos para este año y los cerca de 300.000 usuarios de este servicio registrados el pasado año.

El consejero subrayó además la mejora de la calidad de este servicio desde la gestión autonómica, como la especialización promovida a través de la creación de turnos de oficio, entre otras novedades.